Los grandes atentados contra funcionarios públicos en CDMX ¿mensajes del crimen organizado? Infobae
En México, los atentados contra funcionarios públicos se han convertido en un tema de análisis de expertos luego de que se atacara directamente a colaboradores de la jefa de gobierno Clara Brugada.
Según los expertos, algunas características les permiten considerar que se trata de una respuesta directa de los grupos delictivos a las estrategias implementadas para combatir el crimen organizado.
De estos ataques dirigidos tanto a autoridades locales, estatales y federales, algunos han sido exitosos y otros neutralizados pero algunos de los más relevantes se comparten a continuación.
El atentado contra Ximena Guzmán y José Muñoz
El asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz ha generado un intenso debate entre especialistas, quienes señalan que el ataque lleva las características de una operación del crimen organizado.
Especialistas como David Saucedo, consultor y analista político, y Óscar Balderas, reportero de seguridad y crimen organizado, han especulado que no fue un suceso improvisado, sino que mostró un alto grado de planeación, pues los responsables conocían la rutina de las víctimas, eligieron un punto estratégico para esperar y diseñaron una ruta de escape precisa.
Ambas personalidades coincidieron que el atentado contra Ximena y José tiene todos los elementos de una ejecución por encargo. Saucedo mencionó en entrevista con Adela Micha para La Saga que tanto el tipo de arma, la distribución de los disparos y la aproximación del sicario al vehículo indican un nivel de profesionalismo característico de estructuras criminales con recursos tácticos avanzados.
Además, destacó que los agresores probablemente cambiaron de vehículo en un punto ciego para evadir el sistema de video vigilancia, táctica común entre grupos delictivos con experiencia en operaciones urbanas.
Según Balderas, el ataque ocurrió durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, en una vialidad emblemática de la Ciudad de México y dentro de la alcaldía Benito Juárez, una de las zonas consideradas más seguras de la capital.
Balderas complementó este análisis al recordar que sólo unas pocas organizaciones criminales tienen la capacidad de ejecutar operaciones de alto impacto en zonas urbanas densamente vigiladas y como ejemplo mencionó al CJNG, responsable del atentado contra el secretario Omar García Harfuch.
El atentado contra Harfuch
El 26 de junio de 2020, el entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, sobrevivió a un atentado perpetrado por un comando armado que dejó un saldo de tres personas fallecidas y generó una respuesta contundente por parte de las autoridades federales y locales. Este intento de asesinato, atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ocurrió en la colonia Lomas de Chapultepec.
El atentado tuvo lugar alrededor de las 6:38 horas, en la intersección de Paseo de la Reforma y Monte Blanco, cuando García Harfuch se dirigía a una reunión de seguridad. Según la investigación oficial, al menos 28 personas participaron en la emboscada, muchas de ellas provenientes de estados como Jalisco, Guerrero y Michoacán.
Los atacantes utilizaron un arsenal compuesto por armas de alto calibre, incluyendo fusiles tipo Barrett calibre .50, lanzagranadas y camionetas blindadas, lo que evidenció la capacidad operativa del grupo criminal.
El convoy del funcionario fue interceptado y sometido a una intensa ráfaga de disparos y explosiones. A pesar de recibir tres impactos de bala y sufrir heridas por esquirlas, García Harfuch logró sobrevivir al ataque. Dos de sus escoltas perdieron la vida en el lugar, al igual que una mujer civil que transitaba por la zona en el momento del enfrentamiento.
La investigación posterior reveló que el CJNG si planeó el ataque como represalia por las acciones de García Harfuch en el combate al narcotráfico y al crimen organizado.
El “avionazo” de Mouriño
Según la periodista y escritora Anabel Hernández, el avionazo donde murió el ex secretario de gobernación, Juan Camilo Mouriño, fue perpetrado por el Cártel de Sinaloa, pues el ex presidente Felipe Calderón no cumplió un acuerdo con Ismael “El Mayo” Zambada.
Dicho suceso ocurrió el 4 de noviembre de 2008, cuando un Learjet del Estado Mayor Presidencial se desplomó mientras se aproximaba al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), causando la muerte de Mouriño, entonces secretario de Gobernación, y de otras 16 personas, entre ellas José Luis Santiago Vasconcelos, ex subprocurador de la República y asesor en temas de seguridad.
Según informó la Dirección General de Aeronáutica Civil, el accidente también dejó más de 40 heridos y provocó daños significativos en una de las zonas más exclusivas de la capital, Lomas de Chapultepec.
El Learjet, que había partido de San Luis Potosí tras una jornada oficial, se estrelló alrededor de las 18:45 horas cerca de la Avenida Reforma, generando una explosión que desató el caos en el área.
Según reportes de la prensa local, los residentes de la zona describieron una bola de fuego y escombros esparcidos por las calles, mientras los equipos de emergencia luchaban por controlar las llamas y rescatar a posibles sobrevivientes. La magnitud del siniestro complicó los esfuerzos de rescate, dejando un saldo en el que además de los ocupantes del avión, nueve personas en tierra perdieron la vida.
Mouriño, nacido en España y naturalizado mexicano, era una figura clave en el gabinete del entonces presidente Felipe Calderón, desempeñándose como uno de los principales arquitectos de la estrategia de seguridad contra el narcotráfico. Su muerte generó una ola de especulaciones sobre las causas del accidente.
De acuerdo con investigaciones posteriores de la Dirección General de Aeronáutica Civil, con el apoyo de expertos internacionales, el accidente fue atribuido a una combinación de error humano y condiciones climáticas adversas.
La Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos (NTSB) concluyó que los pilotos del Learjet, Martín Oliva y Álvaro Sánchez Jiménez, no mantuvieron la distancia adecuada respecto a un Boeing 767 que había aterrizado previamente en el AICM. La aeronave presidencial quedó atrapada en la estela de turbulencia generada por el avión más grande, lo que provocó que Oliva, perdiera el control.
El informe también reveló que los pilotos no contaban con la capacitación adecuada para manejar la aeronave en situaciones críticas. Aunque tenían licencias vigentes, las autoridades descubrieron que habían falseado su experiencia de vuelo y conocimientos técnicos. Luis Téllez, entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, señaló que las deficiencias en la formación y certificación de los pilotos fueron factores determinantes en el accidente.
