Bienvenida nuevamente La Familia Michoacana Elarsenal.net
Por. Raúl Flores Martínez
Durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, uno de los mayores retrocesos en materia de seguridad fue el resurgimiento de La Familia Michoacana, un cártel que había sido prácticamente desarticulado, pero que hoy figura como el tercer grupo criminal más poderoso de México.
El más reciente informe de National Drug Threat Assessment 2025 de la Agencia para la Administración y el Control de Drogas de Estados Unidos, documenta la expansión y consolidación de este grupo en el Estado de México.
El reporte señala con claridad que tres cárteles mexicanos dominan actualmente el panorama criminal en el centro del país: el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa y, sorprendentemente, La Familia Michoacana. Todos ellos han sido catalogados como organizaciones con capacidad para ejercer violencia extrema, controlar territorios e infiltrar estructuras institucionales, elementos que cumplen con criterios de actuación propios del terrorismo.
El caso de La Familia Michoacana es especialmente preocupante por tratarse de una organización que, hacia 2014 parecía haber sido reducida a remanentes marginales. No obstante, entre 2018 y 2024, aprovechando la política de “abrazos, no balazos” promovida por el gobierno de López Obrador, el grupo se reorganizó, amplió su control territorial y se convirtió nuevamente en un actor central del crimen organizado, especialmente en el sur del Estado de México y regiones colindantes con Guerrero y Michoacán.
Lejos de disminuir su presencia, la Familia Michoacana ha diversificado sus operaciones, dominando actividades que van desde el narcotráfico y la extorsión hasta el control total de economías locales en comunidades rurales. El informe de la DEA documenta cómo estas organizaciones se han “normalizado” en el tejido social, desplazando al Estado de funciones básicas como el cobro de cuotas, la seguridad local y la impartición de justicia informal.
El gobierno de López Obrador fue reiteradamente criticado por evitar confrontar frontalmente al crimen organizado. En vez de contener su expansión, su estrategia permitió un periodo de reacomodo y fortalecimiento de grupos que, como la Familia Michoacana, aprovecharon la falta de acciones directas para recuperar su poder y legitimidad territorial.
Organizaciones civiles y especialistas en seguridad han señalado que el expresidente fue omiso al ignorar las señales de alerta, incluso cuando se reportaban masacres, desplazamientos forzados y actos de terrorismo comunitario en regiones bajo control de estos grupos.
El costo social de esa estrategia hoy se mide en violencia acumulada, pérdida de control institucional y un tejido social cada vez más sometido a poderes criminales.
A pesar de las constantes denuncias, las acciones federales durante el sexenio obradorista fueron mínimas. En muchos casos, las operaciones en contra de La Familia Michoacana fueron reactivadas únicamente por presión mediática o internacional, sin una política sostenida ni una estrategia clara de desmantelamiento.
La expansión del grupo, confirmada ahora por agencias de seguridad extranjeras, desmiente la narrativa oficial de “pacificación” promovida durante ese periodo. Más aún, pone en evidencia que, mientras el Estado mexicano apostaba por el discurso de reconciliación, el crimen organizado reconstruía sus estructuras y ganaba más territorio y control social que nunca.
El crecimiento de La Familia Michoacana durante la gestión de López Obrador no es un fenómeno aislado: es el resultado directo de una política de seguridad pasiva que dejó que el crimen organizado se fortaleciera. El informe de la DEA no solo es una alerta internacional, sino también un recordatorio de que, en seguridad nacional, la inacción también tiene consecuencias.
Hoy, con La Familia Michoacana nuevamente posicionada como una de las principales amenazas, México enfrenta el desafío de corregir el rumbo y recuperar el terreno perdido. El legado del sexenio anterior en esta materia deja más preguntas que respuestas, y una deuda pendiente con las miles de víctimas que siguen viviendo bajo el yugo del crimen organizado.
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