¿Quién defiende a los ciudadanos cuando la CNDH se pliega al poder? MPV

En una declaración que desafía los principios fundamentales del constitucionalismo democrático y el derecho internacional, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, afirmó recientemente que dicho organismo “no es un contrapeso de ninguna autoridad, porque es parte del Estado mexicano”. Esta afirmación, lejos de ser un deslinde técnico, representa una grave regresión en la comprensión del papel de los derechos humanos y de la función de los organismos autónomos cuya misión es justamente poner límites al poder estatal en defensa de la dignidad humana.

Conviene, en primer lugar, realizar una contextualización histórica que permita dimensionar el desatino de tales palabras. México fue pionero en la inclusión de garantías individuales en su Constitución de 1917, mucho antes de que el mundo institucionalizara los derechos humanos tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial. En aquel entonces, los constituyentes concibieron un catálogo de derechos que el Estado se comprometía a garantizar. No obstante, fue hasta la reforma constitucional de 2011 que se dio un giro paradigmático: el Estado dejó de «otorgar» derechos para pasar a «reconocerlos», afirmando así su carácter preexistente, inherente e inalienable, por encima del aparato gubernamental.

Afirmar, como lo ha hecho la titular de la CNDH, que este organismo no debe ser contrapeso del poder, es ignorar que la esencia de los derechos humanos es precisamente su capacidad de fungir como límite ante el ejercicio arbitrario del poder público. Es ignorar también que el derecho humano, en tanto construcción histórica y moral, antecede a la creación misma del Estado moderno, como ha sido reconocido desde los albores del pensamiento ilustrado y en declaraciones fundacionales como la de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.

En este sentido, el papel de las defensorías de derechos humanos en democracias maduras es indiscutible. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las Defensorías del Pueblo en países como Colombia, Argentina o Perú, y organismos equivalentes en Europa, actúan como auténticos contrapesos institucionales, denunciando, recomendando y presionando incluso a los poderes del Estado cuando se vulneran derechos fundamentales. La postura adoptada por la actual presidencia de la CNDH dista de ese modelo y la aleja de su misión histórica.

No es casual que esta postura se inscriba en un contexto de sumisión institucional que ha marcado la gestión de Rosario Piedra Ibarra desde su designación, impulsada por el partido en el poder. La vinculación política evidente ha dado lugar a un comportamiento omiso en casos donde la comisión debería haber alzado la voz: las agresiones a periodistas, las denuncias de uso excesivo de la fuerza, la militarización de tareas civiles, los ataques a órganos autónomos como el INAI, o las desapariciones forzadas que siguen sin esclarecerse.

Más allá de la crítica puntual, lo preocupante es el efecto corrosivo que esta postura institucional provoca en la conciencia cívica de la ciudadanía. Si la CNDH abdica de su función crítica, ¿qué mensaje se envía a la población, especialmente a los jóvenes, sobre la vigencia de los derechos humanos como herramientas de defensa? ¿Qué se espera que entienda una víctima de abuso estatal, si el organismo que debería escucharla se declara parte de la misma maquinaria?

La educación cívica y la confianza en el Estado de Derecho se construyen con instituciones fuertes, éticamente firmes y jurídicamente independientes. En un país marcado por la desigualdad, la violencia estructural y la impunidad, los organismos defensores de derechos humanos deben ser faros éticos, no aparatos ideológicos al servicio del poder. Declarar que la CNDH no debe ser contrapeso de ninguna autoridad es, en los hechos, dejar a los ciudadanos sin escudo frente al abuso, sin voz frente al atropello.

Frente a este panorama, urge una profunda reflexión sobre la necesidad de rescatar la autonomía de la CNDH, y con ella, su misión esencial: defender a la persona frente al poder, sea cual sea la bandera política que ese poder enarbole. Porque los derechos humanos no tienen partido, no tienen dueño y no admiten subordinación. Son, y deben seguir siendo, el límite ético y legal que toda autoridad debe respetar.

AL CALCE. ¿Qué diría la señora madre de la titular del CNDH Doña Rosario Ibarra de Piedra?. Una mujer que se enfrentó al sistema político hegemónico del PRI, que lucho por la búsqueda de la verdad en el caso de su hijo y hermano de la titular de la CNDH.

Ahora, con el poder en sus manos para continuar en la lucha de conservar y consolidar su legado, la insulta y tira a la basura política una trayectoria de lucha.