La 4T demanda a Google Elarsenal.net
Francisco Garfias.
Al abrir ayer el portal de Le Monde, el prestigioso vespertino francés, me llevé una sorpresa. Entre sus notas principales destacó la demanda que presentó el gobierno de la 4T contra Google.
¿Motivo? El cambio de nombre de “Golfo de México” a “Golfo de América” para usuarios de esa aplicación en Estados Unidos.
“La denuncia ya fue presentada”, dijo la presidenta Sheinbaum en su conferencia mañanera, sin especificar fecha, ni jurisdicción, dice el cotidiano.
La mandataria aclaró: “lo único que queremos es que se cumpla con el decreto que emitió el gobierno de Estados Unidos.”
Ese decreto dice que se denominara “Golfo de América” sólo a la parte que le corresponde a la plataforma continental de Estados Unidos, no a todo el Golfo.
Es pertinente recordar que el pasado 20 de enero, día que regresó a la Casa Blanca, Trump firmó una orden ejecutiva cambiando el nombre del “Golfo de México” a “Golfo de América”.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos adoptó el pasado jueves un proyecto de ley para formalizar el cambio de nombre y darle al decreto fuerza de ley.
“Madame Sheinbaum, a su vez, había sugerido cambiar el nombre de Estados Unidos a América Mexicana, en referencia a un mapa que data de antes de 1848, cuando un tercio de México fue cedido a Estados Unidos por el Tratado de Guadalupe Hidalgo”, subraya Le Monde.
La misma edición del vespertino francés incluyó un artículo del geógrafo Frédéderic Giraut sobre las reivindicaciones territoriales de Trump contra Canadá, Groenlandia, Panamá y su voluntad de cambiar el nombre de Golfo de México a Golfo de América.
Sobre el cambio de nombre decretado por el presidente de EUA escribió:
“Constituye una declaración de guerra toponímica (de nombres geográficos) contra el vecino México y, en general, contra los estados centroamericanos.”
Trump ha recibido fuertes críticas de algunos legisladores republicanos, lo que destaca las tensiones dentro de ese partido.
“Eso plantea dudas antes de la votación en la Cámara sobre si la medida contaría con suficiente apoyo para aprobarse, dado la estrecha mayoría republicana que hay en esa cámara”, dice la cadena estadunidense CNN.
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Faltan 21 días para la elección de jueces, magistrados y ministros. Tres semanas para que la cuatroté meta su caballo de Troya en un poder judicial condenado a perder la autonomía.
Si en estas tres semanas no se produce un milagro y la ciudadanía no despierta, ya podemos ir despidiéndonos de la división de poderes para regresar al sistema de partido dominante que tenía México antes del advenimiento de nuestra joven democracia.
El proceso electoral está viciado de origen. Todos sabemos que la mayoría calificada que aprobó la reforma judicial en el Congreso es artificial.
El oficialismo obtuvo, en la última elección legislativa, el 54 por ciento de los votos. Tiene el 75 por ciento de las curules en la Cámara de Diputados gracias a la complicidad del INE y del Tribunal Electoral con la 4T.
En el Senado es del dominio público como “convencieron” al ex panista Miguel Ángel Yunes Márquez para que les diera el voto que requerían para alcanzar esa mayoría constitucional.
Los candidatos que aparecerán en las boletas el 1º de junio fueron seleccionados por los Comités de Evaluación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
El Comité de Evaluación del Poder Judicial no presentó su lista, por considerar que no había condiciones para una elección libre. Aquí otra vez se torció la legalidad. Si el menor rubor el oficialismo en el Senado “insaculó” la lista.
En las prisas se les colaron 26 perfiles no idóneos para ocupar un puesto en el Poder Judicial. Hay candidatos vinculados al crimen organizado, integrantes de la Iglesia La Luz del Mundo, aspirantes que tienen abiertas capetas de investigación por agresiones sexuales.
Hay candidatos, los menos, que no están vinculados con Morena y que tienen claro que un poder judicial sin autonomía lastimaría seriamente a México.
Uno de ellos es Ricardo Sodi, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México no está identificado con la 4T, pero tampoco está vetado.
Le preguntamos por qué participa en una elección controlada por el oficialismo. “Los grandes cambios sólo se pueden hacer desde adentro”, nos dijo.
El magistrado Javier Jiménez Gutiérrez es también aspirante a ministro de La Corte. Mismo caso. Él sabe que si la elección se contagia de grilla, “se pierde el poder judicial que es único contrapeso”.
Este hombre decidió buscar la candidatura cuando se enteró que el abogado Javier Quijano formaba parte del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo. Eso le dio confianza y esperanzas.
Laura Angélica Ramírez es candidata a Magistrada Federal Civil en la CDMX. Le apuesta a su preparación. Ha sido secretaria proyectista en juzgados civiles y tribunales colegiados y electorales.
Sus datos de presentación dicen que, a diferencia de candidatos que recurren a “videos vergonzosos” y “promesas imposibles de cumplir”, ella ha puesto en marca una estrategia digital que descansa en su preparación y méritos profesionales.
FIN.
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