La austeridad mal cocinada en Salvatierra: alcalde se enreda en sus dichos Periódico Correo

1.- La austeridad mal cocinada en Salvatierra: alcalde se enreda en sus dichos

La organización del Festival de la Larga y la Quesadilla en Salvatierra anunció su cancelación este año, tras seis ediciones consecutivas. Según se argumentó, la decisión obedece a la falta de condiciones de apoyo. El evento formaba parte de los productos turísticos no solo del municipio, sino también del estado.

En su edición del año pasado, el festival generó una derrama económica de 4 millones de pesos y atrajo a 11 mil asistentes, consolidándose como uno de los eventos más importantes en este Pueblo Mágico, con impacto en hoteles, comercios y, principalmente, en varias familias dedicadas a la cocina tradicional.

Justamente por ese reconocimiento, llaman la atención las declaraciones del presidente municipal, José Daniel Sámano Jiménez, para justificar que no se apoyará a la organización. Este martes, en su conferencia matutina, aseguró que el evento se realizará, pero bajo otro esquema y con otro proveedor. Reprochó que el actual organizador cobraba 300 mil pesos más gastos operativos a cargo del municipio, es decir, que se trataba de un evento manejado por un particular.

El festival solía llevarse a cabo durante la primera quincena de junio. Sin embargo, del nuevo evento —ahora, supuestamente, a cargo del municipio— no se tiene información alguna.

Sámano Jiménez ya había advertido, desde marzo, que su gobierno se centraría en apoyar la prevención del delito, el comercio y el campo, con la idea de que, contando con buena seguridad, el turismo llegaría prácticamente solo. Pero, más allá de lo simplista de sus declaraciones, resulta contradictorio que desestime la actividad turística. No solo porque Salvatierra ostenta el nombramiento de Pueblo Mágico, sino también porque, a finales del año pasado, el gobierno federal declaró al municipio como Zona de Monumentos Históricos.

Entre las justificaciones del alcalde también se mencionó la falta de recursos. Esto requiere una explicación más puntual por parte del morenista, ya que, por ejemplo, en 2024 el presupuesto asignado a la Dirección de Turismo fue de 11 millones 071 mil pesos. Para 2025, esta misma dirección tiene presupuestados 20 millones 884 mil pesos. Ambas cifras están disponibles en los presupuestos de egresos municipales y son de carácter público.

Al menos en lo aprobado para este año, se observa un aumento considerable en los recursos, lo que indica que dinero hay. Al final, su gobierno podrá decidir si realiza el evento o no, pero lo cierto es que hay una extrañeza justificada en las razones que se ofrecen a la ciudadanía.

Para esta columna se solicitó información a la Secretaría de Turismo e Identidad de Guanajuato sobre la cancelación. En respuesta, la dependencia señaló que “no recibió solicitud del municipio u organizador para la realización del festival de la larga y la quesadilla en Salvatierra. La operación y promoción de este festival depende del municipio”. Parece que las motivaciones del presidente son otras, y no precisamente los ahorros.

2.- “Amor con amor se paga” entre Celaya y Tarimoro

En el gobierno municipal de Celaya se pusieron dadivosos y donaron equipo de la Policía Municipal a la corporación de Tarimoro, donde también gobierna un morenista: Saúl Trejo Rojas. El "regalito" incluyó 30 equipos antimotines, 30 escudos y 50 toletes, que presuntamente estaban en desuso.

La aprobación se dio en la Comisión de Hacienda, pero no fue unánime. Los regidores del PAN y la regidora del Partido Verde votaron en contra, señalando que no se presentó una solicitud formal del gobierno de Tarimoro ni un informe sobre el estado y valor del equipo donado.

La decisión del gobierno celayense cae en una ironía: sostienen que el equipo estaba en desuso, aunque la corporación de seguridad enfrenta un déficit de cerca de mil agentes. ¿Falta de uso o simplemente no hay quién los use?

La cercanía entre las administraciones de Celaya y Tarimoro no parece basarse únicamente en su filiación morenista, sino también en ciertos vínculos familiares que les dan más sabor a las coincidencias. En Celaya, el titular de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado es Saúl Trejo Álvarez, hijo del alcalde de Tarimoro; mientras que en este último municipio, la directora de la Casa de la Cultura es Violeta Ramírez Casillas, hija del presidente municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez. Ahora sí que, como decía el expresidente Andrés Manuel López Obrador: “amor con amor se paga.”

Por cierto, como parte de su gira de trabajo en la Ciudad de México, el alcalde de Celaya se reunió con Larry Rubín, presidente de American Society of Mexico y director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica. Rubín tiene particular interés en zonas con inversión estadounidense, sobre todo en aquellas donde la violencia podría afectar esos intereses. ¿Será que el encuentro le dio tranquilidad... o lo dejó más preocupado?

3.- Reestructura en SMA: Policía Rural, Cibernética y Grupo Táctico

Se oficializó el Plan Estratégico de Seguridad Pública Municipal de San Miguel de Allende en el segundo periodo de gobierno de Mauricio Trejo Pureco. Entre los aspectos más relevantes, destaca la creación de varias nuevas unidades policiales.

Según el documento, se contempla la conformación de la Policía Rural de Proximidad, la Policía Cibernética, la Policía de Mediación, un grupo especial de protección a activistas y periodistas, así como una unidad de investigación y un grupo táctico especial. Estas últimas cobran especial importancia ante los recientes hechos en los que se han detenido en esta ciudad a perfiles criminales de relevancia, incluso a nivel nacional.

El análisis de las condiciones de seguridad incluye algunos indicadores positivos. Por ejemplo, la percepción de seguridad en el municipio pasó del 30.8% al 52.5% entre 2021 y 2024. A nivel de colonias, este indicador creció del 40% al 59.8% en el mismo periodo.

Sin embargo, también se reconocen los principales retos. Entre los delitos, la extorsión destaca por estar por encima de la media estatal. En cuanto a faltas administrativas, las más frecuentes son el consumo de drogas o alcohol en la vía pública. Lo que más solicita la ciudadanía son los rondines policiales, lo que revela una demanda clara de mayor presencia en las calles.

Contra Retrato

Miguel Salim Alle

El coordinador de los diputados federales del PAN por Guanajuato, Miguel Ángel Salim Alle, no parece dispuesto a que sus acusaciones contra el anterior Patronato de la Feria Estatal de León —encabezado por David Novoa Toscano— se queden en una simple polémica. Lo que denuncia, dice, es abuso de recursos públicos y una gestión opaca.

El legislador dirigió un escrito a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) y a la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso local, donde expone seis puntos que el patronato anterior dejó sin aclarar. Desde la contratación de la empresa boletera sin evidencia de un estudio de mercado, hasta las dudas sobre el destino de los ingresos generados por la llamada línea cero del Foro Mazda. Todo esto, sin olvidar los más de 20 millones de pesos del erario utilizados para pagar conferencias motivacionales. Las acusaciones no son menores.

“La zona cero tenía 3 mil lugares. Por los 20 artistas, ya saqué un promedio del precio de la zona cero, ingresaron 78 millones de pesos (…) Dicen que a la Feria le dieron un 3.5% de comisión, o sea, 2 millones y medio de pesos. Alguien se llevó esos 78 millones porque los artistas estaban pagados”, denunció.

Según Salim Alle, su reclamo no va dirigido a la presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez Campos, aunque en los hechos golpea directamente a figuras de su círculo cercano, como el propio Novoa Toscano. Algunas voces en el gobierno municipal aseguran que él es uno de los perfiles que la alcaldesa considera para sucederla en el poder.

La tensión crece entre un sector del panismo y el empresariado. Mientras desde el gobierno estatal —y ahora desde la Cámara de Diputados— se les cuestiona y margina, en el municipio se les protege. Las facturas políticas, parece, las terminará pagando el gobierno municipal.