Ecuador deportó a alias “Saulo”, jefe narco buscado por Colombia y Estados Unidos Infobae
El Gobierno de Ecuador deportó este 6 de mayo de 2025 a Saulo E., ciudadano colombiano conocido con el alias de “Saulo”, señalado como un objetivo de alto valor por parte de las autoridades de Estados Unidos, Colombia y Ecuador. El Ministerio del Interior informó que el individuo contaba con una orden de captura vigente en su país de origen por el delito de lavado de activos, además de estar presuntamente vinculado a estructuras criminales de narcotráfico.
La captura de Saulo E. fue el resultado de un operativo conjunto entre la Subsecretaría de Migración del Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Investigación Antidrogas (UIAN) de la Policía Nacional del Ecuador, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y la SIU-DIJIN de Colombia. Durante un control de rutina en la provincia de Esmeraldas, se logró identificar al ciudadano colombiano, quien habría ingresado de manera irregular a territorio ecuatoriano para evadir la justicia de su país.
Según las autoridades, Saulo E. es uno de los cabecillas del Grupo Armado Organizado “Coordinadora Guerrillera del Pacífico”, conformado por disidentes del Frente Oliver Sinisterra y de las FARC. Su actividad estaría relacionada con operaciones transnacionales de tráfico ilícito de drogas a gran escala, lo que ha generado preocupación a nivel regional. En 2024, fue detenido en Tumaco, Colombia, por lavado de activos. De acuerdo con el boletín oficial, habría introducido sumas significativas de dinero al sistema financiero colombiano de forma fraudulenta, provenientes de una red dedicada al narcotráfico.
Posterior a esa detención, Saulo E. cruzó la frontera hacia Ecuador, donde continuó sus actividades ilícitas de forma clandestina. La red criminal a la que pertenece, advierten los organismos de inteligencia, dispone de rutas logísticas para el transporte mensual de hasta cuatro toneladas de cocaína, utilizando tanto medios aéreos como marítimos. Estas capacidades de distribución internacional lo convirtieron en un blanco prioritario para las agencias de seguridad de los tres países.
El Ministerio del Interior inició el proceso de deportación una vez confirmado su estatus migratorio irregular y los antecedentes delictivos. El procedimiento concluyó este mismo lunes, cuando las autoridades ecuatorianas entregaron a Saulo E. a sus pares colombianos en la zona fronteriza de Rumichaca. Desde allí, se espera que se ejecute la orden de captura internacional con fines de extradición a Estados Unidos.
La medida se sustentó legalmente en la Ley Orgánica de Movilidad Humana de Ecuador, en su artículo 143, numeral 7, que permite la deportación de personas consideradas una amenaza o riesgo para la seguridad pública o la estructura del Estado. Según el gobierno ecuatoriano, su expulsión busca prevenir que el país sea utilizado como refugio por miembros de organizaciones delictivas internacionales.
La cartera de Interior destacó que este tipo de operativos se mantendrán como parte de una estrategia más amplia para desarticular redes de crimen organizado. Las autoridades recalcaron que seguirán reforzando la cooperación regional e internacional con el objetivo de precautelar la seguridad ciudadana y evitar que Ecuador se convierta en un enclave del narcotráfico transnacional.
La deportación de alias “Saulo” se produce en un contexto de creciente presión internacional sobre los grupos armados y las redes de narcotráfico que operan en la región andina. Tanto Colombia como Estados Unidos han identificado a los disidentes de las FARC como actores clave en la expansión de las rutas de droga hacia América Central y Norteamérica. En este escenario, Ecuador ha reforzado su colaboración con agencias internacionales y ha incrementado los controles fronterizos, especialmente en zonas sensibles como Esmeraldas y la frontera norte.
La entrega del ciudadano colombiano representa un nuevo gesto del gobierno ecuatoriano para consolidar su rol en la lucha contra el crimen transnacional. Las autoridades insistieron en que ningún actor delictivo podrá utilizar el territorio nacional como zona segura para huir de la justicia.
