Sindicatos urgen reactivar negociaciones sobre la financiación de la enseñanza concertada Infobae
Madrid, 7 may (EFE).- La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), que representa a los centros de educación concertada, urgen al Ministerio de Educación a revisar ya el coste del puesto escolar y reactivar los trabajos para revisar la financiación pública de estos colegios.
La presidenta de FSIE, Alicia Azpilicueta y el nuevo secretario general del sindicato, Enrique Ríos se han reunido, con la directora general de Planificación y Gestión Educativa, Susana Tejadillos y la subdirectora general de Centros y Programas del Ministerio de Educación, Librada Carrera, para reclamar la reactivación de la comisión de estudio de la cuantía de los módulos de conciertos.
Una comisión prevista en ley de Educación LOMLOE y que denuncian que ha quedado "aparcada" desde hace meses.
FSIE ha pedido también negociar el nuevo marco de Competencias Profesionales Docentes y Formación inicial y permanente del profesorado que el Ministerio ve con los sindicatos públicos, ya que la concertada representa al 34,10 % del profesorado.
"Las condiciones del personal docente: jornada, ratios, apoyos para necesidades específicas, deben ser trabajadas en la mesa de concertada siempre con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los docentes, del personal de administración y servicios y personal complementario", ha señalado Ríos en un comunicado.
Sobre la reducción de la carga lectiva, FSIE ha solicitado una nueva redacción en los Presupuestos Generales del Estado y en el Reglamento de Conciertos para que se tengan en cuenta los complementos de formación a efectos de equiparación salarial, ya que actualmente "son un obstáculo para alcanzar acuerdos de reducción de carga lectiva en las CCAA".
Además solicitan la incorporación de los sexenios (Complemento de Formación), y sobre la jubilación parcial anticipada con contrato de relevo, la federación de sindicatos ha transmitido su preocupación por la aplicación de la nueva normativa que supone un sobrecoste.
Entiende que debe ser la administración quien dote presupuestariamente para que la jubilación parcial sea un derecho accesible para todos los trabajadores.
Otras reivindicaciones que han trasladado al Ministerio son la extensión de los orientadores a Infantil y Primaria y la inclusión del personal de administración y servicios y del personal complementario, en pago delegado.EFE
