El diésel que no aparece, ¿se lo llevaron los ovnis? Excelsior

Un buque tanque como el Challenge Procyon –asegurado por las autoridades mexicanas a su llegada a Tampico, el 19 de marzo pasado– tiene una capacidad de carga de 45 mil toneladas.
Eso significa que puede transportar un máximo de unos 345 mil barriles de diésel o 54.
8 millones de litros de ese combustible.
Por eso llama la atención que las autoridades federales hayan informado que del navío de bandera singapurense “se aseguraron 10 millones de litros de diésel” (comunicado de la Secretaría de Marina del 31 de marzo de 2025), contenido que los importadores declararon como “aditivo para aceite lubricante” con el fin de evadir el pago de impuestos.
Es decir, esa cantidad de litros corresponde a la quinta parte de la capacidad del barco, que llegó a Tampico desde Beaumont, Texas.
De acuerdo con una investigación periodística de Verónica Ayala e Iván Alamillo, la empresa importadora Intanza promovió un juicio de amparo ante el Juzgado Noveno de Distrito de Tamaulipas, reclamando la confiscación de cinco millones 460 mil galones de supuesto aditivo, equivalentes a 20 millones 668 mil litros.
De tener sustento el reclamo de la empresa –al final, desechado por omitir el pago de contribuciones fiscales–, querría decir que falta la mitad de la carga del buque tanque.
A menos de que quieran convencernos de que la parte faltante del combustible se lo llevaron los ovnis –que dice la sabiduría popular, protegen a Tampico de los huracanes–, aquí hay mano negra.
 Dejar el caso en la impunidad sería un pésimo precedente de la voluntad de este gobierno de combatir la corrupción.
Pues no es sólo la desaparición de 10 millones de litros de diésel de contrabando, sino que, todo indica, estaría involucrado un funcionario público del puerto, quien tenía relaciones de negocios con los socios de la empresa importadora del combustible, de acuerdo con los datos recabados.
Con la creación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno –que sustituyó a la de la Función Pública–, el gobierno federal se ha comprometido a no dejar de combatir los actos de patrimonialismo que se detecten.
En todos los sexenios anteriores, incluido el de Andrés Manuel López Obrador, la lucha contra la corrupción resultó una quimera.
Cuando algún servidor público caía en la cárcel, era, por lo general, un funcionario del pasado o un personaje del presente, pero de poca monta o alguien a quien se tomaba como chivo expiatorio o contra quien se buscaba algún tipo de desquite político.
Para no dejar que perviva la impunidad, será indispensable que el gobierno federal presente ante la Fiscalía General de la República todas las denuncias que pueda integrar, con base en las evidencias que recabe, contra cualquier servidor público que se haya aprovechado de su cargo para obtener ventajas personales, sobre todo si, al hacerlo, causó un daño al erario, es decir, a todos.
En el caso del Challenge Procyon, los indicios de ilegalidad están por todas partes.
El aseguramiento del barco y (parte de) su contenido debiera ser sólo el principio de un acto de justicia necesario.
 BUSCAPIÉS*En su informe de ayer sobre la investigación en torno del rancho Izaguirre, el fiscal Alejandro Gertz Manero dijo que hay evidencia de que el sitio fue un campo de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación, pero no un campo de exterminio.
Eso lleva, por fuerza, a varias preguntas.
Entre ellas, ¿qué fue de los adiestrados, es decir, de quienes pasaron por ahí, a la fuerza, a lo largo de los últimos cuatro años? Testigos que estuvieron en el lugar aseguran que se asesinaba a quienes no cumplían las expectativas de sus captores.
En todo caso, no estamos hablando de una academia tipo West Point, sino de un sitio donde, por lo bajito, se mantenía cautivas a las víctimas y se les sometía a trabajo físico extenuante y tortura.
   Columnista: Pascal Beltrán del RíoImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0