Lupaka, la minera junior que pondría en jaque al Perú con una reparación de US$100 millones por el cierre de una mina de oro hace 7 años Infobae
El prolongado arbitraje entre la minera canadiense Lupaka Gold Corp. y el Gobierno de Perú, que involucra una reclamación de 100 millones de dólares contra el Estado representado en el Ministerio de Energía y Minas (Minem), se encuentra en su etapa final y podría resolverse en la primavera de 2025. Según informó la compañía, el tribunal encargado del caso ha comunicado que la sentencia está en proceso de traducción y verificación, lo que ha retrasado su emisión. Sin embargo, se espera que el fallo sea entregado en los próximos meses, marcando un posible desenlace para una disputa que comenzó hace más de cinco años.
La controversia se originó en 2018, cuando la comunidad indígena de Parán bloqueó el acceso al Proyecto de Oro Invicta, ubicado en la provincia de Huaura, a unos 120 kilómetros al norte de Lima. Este bloqueo, calificado por la minera junior como ilegal, impidió que la minera continuara con las operaciones planificadas en la mina, lo que derivó en pérdidas económicas significativas y, finalmente, en la ejecución de un préstamo que dejó a la empresa sin su inversión.
El origen del conflicto: el bloqueo en la mina Invicta
De acuerdo con la información proporcionada por Lupaka, el conflicto comenzó en octubre de 2018, cuando miembros de la comunidad de Parán instalaron un bloqueo en la carretera de acceso a la mina Invicta. Este camino, construido por la filial de Lupaka, Invicta Mining Corp. (IMC), atravesaba terrenos de la comunidad de Lacsanga, con la cual la minera había establecido acuerdos previos. Sin embargo, el bloqueo de Parán, que según la empresa incluyó episodios de violencia y amenazas, paralizó por completo las actividades en el proyecto.
Antes de la interrupción, IMC había avanzado significativamente en el desarrollo de la mina. Según detalló la compañía, se habían completado aproximadamente 3.000 metros de trabajos subterráneos, se habían asegurado acuerdos con las comunidades propietarias de las tierras superficiales y se había construido una carretera de 29 kilómetros capaz de soportar camiones de mineral de hasta 40 toneladas. Además, se habían realizado pruebas metalúrgicas con volúmenes que iban desde cientos hasta miles de toneladas. En septiembre de 2018, la empresa había solicitado la inspección final de las obras para iniciar la explotación, pero el bloqueo impidió que este proceso se llevara a cabo.
Lupaka Gold: acusaciones contra el Gobierno peruano
Lupaka ha señalado que la falta de acción por parte de las autoridades peruanas fue un factor determinante en sus pérdidas. Según la minera, ni la policía, ni los fiscales, ni los funcionarios del gobierno central intervinieron para retirar el bloqueo y restablecer el acceso a la mina. Esta inacción, argumenta la empresa, constituye una violación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Canadá y Perú, firmado en 2009, que protege las inversiones extranjeras en ambos países.
La compañía también ha denunciado que el bloqueo afectó su capacidad para cumplir con un préstamo de oro que había financiado el desarrollo de la mina. Durante el tiempo que duró la interrupción, Lupaka no pudo procesar material ni generar ingresos, lo que llevó al prestamista a ejecutar el préstamo en agosto de 2019. Como resultado, la empresa perdió toda su inversión en el proyecto.
El Proyecto de Oro Invicta y su importancia estratégica
El Proyecto de Oro Invicta es una mina subterránea ubicada en una región estratégica de Perú, conocida por su riqueza en recursos minerales. Antes del bloqueo, Lupaka había planificado comenzar los envíos de mineral a las plantas de procesamiento en el tercer trimestre de 2018. Sin embargo, la interrupción de las operaciones no solo afectó a la empresa, sino también a las comunidades locales, que dependían de los acuerdos y beneficios derivados del proyecto.
La mina Invicta representa un ejemplo de los desafíos que enfrentan las empresas mineras en Perú, donde las tensiones entre las comunidades locales, las autoridades y las compañías pueden escalar rápidamente y tener consecuencias significativas. Este caso también pone de relieve la importancia de los tratados internacionales en la protección de las inversiones extranjeras y la resolución de disputas.
