
Estados Unidos ha intensificado su ofensiva contra lo que denomina la narcoindustria del entretenimiento, apuntando no solo contra organizaciones criminales, sino contra los artistas, promotores y representantes que, de forma directa o indirecta, contribuyen a la legitimación cultural, económica y simbólica de los cárteles del narcotráfico.
Así lo expuso la periodista Anabel Hernández en el episodio 38 de su podcast Narcosistema. Según la investigación presentada por la investigadora, el gobierno estadounidense, de la mano del presidente Donald Trump, ha adoptado una nueva línea de acción centrada en la música regional mexicana, especialmente los narcocorridos y los corridos bélicos, al considerar que este género musical funciona como una plataforma de glorificación del crimen organizado, y como mecanismo de lavado de dinero vinculado a organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La ofensiva legal tomó fuerza a partir de una investigación federal que involucra al promotor mexicano Jesús Pérez Alvear, conocido como “Chucho Pérez”, y al empresario mexicano-estadounidense Ángel del Villar, director de la disquera Del Records y de la agencia de representación artística DEL Entertainment.
Pérez Alvear, quien organizaba conciertos de música regional en ferias y palenques a través de su empresa Gallística Diamante, fue señalado como narcotraficante especialmente designado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 6 de abril de 2018. Se le acusó de usar la industria del espectáculo para lavar dinero para el CJNG y el grupo Los Cuinis, además de promover actividades que glorificaban el narcotráfico.
A pesar de esa designación, Del Villar mantuvo relaciones comerciales con Pérez Alvear. La fiscalía del Distrito Central de California presentó pruebas de que, entre septiembre de 2018 y enero de 2019, Del Villar y su socio Luca Scalisi, director financiero de DEL Entertainment, autorizaron y ejecutaron pagos y contratos con Pérez Alvear, violando la Ley Kingpin, que prohíbe todo tipo de relación financiera con individuos sancionados por narcotráfico.
Uno de los eventos citados fue la participación del cantante Gerardo Ortiz en la Feria de San Marcos de 2018 en Aguascalientes, organizada por Pérez Alvear. Según se dijo en el juicio contra Ángel del Villar, Gerardo Ortiz intentó cancelar su presentación tras una advertencia que recibió por parte de las autoridades estadounidenses, pero fue enviado a cantar de todos modos.
En junio de 2022, la corte federal de California inició un proceso penal contra Pérez Alvear, Ángel del Villar, Luca Scalisi y las empresas Gallística Diamante y DEL Entertainment por conspiración para lavar dinero. Un año después, en marzo de 2023, Pérez Alvear firmó un acuerdo de culpabilidad, aceptando haber lavado dinero para el CJNG y comprometiéndose a testificar contra Del Villar y Scalisi.
Pero no llegó a hacerlo. El 4 de diciembre de 2024, Pérez Alvear fue ejecutado en un restaurante de lujo de Polanco, en Ciudad de México, por dos sicarios armados, mientras comía a plena luz del día.
El juicio contra Del Villar siguió adelante. El 27 de marzo de 2025, un jurado lo declaró culpable de conspirar para realizar transacciones con propiedad de un narcotraficante designado, y de diez cargos más por violaciones a la Ley Kingpin. Según testigos, Del Villar usaba los conciertos en México como medio para que los cárteles lavaran dinero en efectivo, intercambiando ganancias en pesos por dólares recaudados en Estados Unidos sin mover físicamente el dinero entre países.
A la par del proceso judicial, EEUU activó una serie de sanciones migratorias y revisiones legales contra artistas que, según la información obtenida por Anabel Hernández, han participado en eventos privados organizados por narcotraficantes, interpretado canciones que glorifican a capos o mantenido relaciones comerciales con figuras del narco.
Hernández sostiene que esta acción se fundamenta en la política de seguridad nacional que, desde la designación del Cártel de Sinaloa y el CJNG como organizaciones terroristas extranjeras, considera a quienes promuevan su imagen o faciliten sus operaciones como posibles colaboradores de grupos terroristas.
A continuación, el listado de los cantantes actualmente bajo la mira del gobierno estadounidense, según lo revelado por la autora de Los Señores del Narco:

Identificado como el caso más emblemático de la actual ofensiva, Peso Pluma habría tenido presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos, según testimonios citados por la periodista. Aunque cuenta con un permiso de residencia en Estados Unidos, habría salido del país recientemente por recomendación legal tras la condena de Del Villar. Cabe apuntar que apenas este fin de semana se presentó en el festival Coachella, como artista invitado de Junior H.
El cantante originario de Culiacán, conocido por interpretar temas alusivos a líderes del narco como Joaquín El Chapo Guzmán y Rafael Caro Quintero, participó en conciertos organizados por Pérez Alvear y fue pieza clave en el caso contra Del Villar, bajo la representación de DEL Entertainment.

El grupo provocó una fuerte reacción diplomática tras un concierto en el Auditorio Telmex de Zapopan, Jalisco, donde interpretaron corridos dedicados a Rubén Oseguera “El Mencho” y El Chapo Guzmán, proyectando imágenes monumentales de ambos. Al día siguiente repitieron el acto en Michoacán. Días después, el gobierno de Estados Unidos les revocó sus visas. Además, según testimonios en Narcosistema, han compuesto canciones para otros miembros del Cártel de Sinaloa, incluyendo un corrido titulado El Lagartijo, en alusión a un jefe de sicarios. Este jueves se presentaron ante la Fiscalía de Jalisco, pero se negaron a declarar.
Nacido en California, ha expresado públicamente admiración por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de El Chapo y líder de Los Chapitos. Según Hernández, Tapia organizó conciertos en apoyo a candidatos políticos supuestamente ligados a cárteles y les coordinó eventos con la participación de otros artistas vinculados a Los Chapitos. Fue responsable del palenque de Culiacán por varios años.

Anabel Hernández señaló que el artista está en medio de un proceso de revisión de su visa por parte de las autoridades estadounidenses y que es probable que no pueda retenerla. El cantante recientemente protagonizó un incidente en la Feria de Texcoco, donde se negó a interpretar narcocorridos, ocasionando la furia de los asistentes, quienes agredieron al músico y a su banda. Anabel Hernández afirma que esta decisión de negarse a cantar corridos bélicos estuvo motivada por su situación migratoria, ya que autoridades tienen conocimiento de su presencia en fiestas privadas de narcos y con supuestos lavadores de dinero.
Señalado como presuntamente cercano a la familia Zambada, una de las principales facciones del Cártel de Sinaloa. Según fuentes citadas en el podcast, ha sido objeto de negación de visa tras la reactivación de la política antimafia de Trump.

Presuntamente vinculado a Néstor Isidro Pérez Salas “El Nini”, jefe de sicarios de Los Chapitos. De acuerdo con la periodista, Barajas actuaba como enlace entre artistas y la organización criminal, y fue uno de los primeros en grabar corridos dedicados a El Nini.
Según Anabel Hernández, el músico ha sido identificado como exsicario que estuvo al servicio de Dámaso López Núñez, alias El Licenciado, y su hijo, Dámaso López Serrano, alias El Mini Lic. Se le acusa de cantar en fiestas privadas de líderes del narco y recibir pagos del crimen organizado.

Fidel Castro, vocalista del grupo Marca Registrada, ha sido mencionado en Narcosistema como una figura de interés para el gobierno de Estados Unidos por su presunta cercanía con Los Chapitos. Es primo del influencer Markitos Toys y, siguiendo el mismo estilo, ha utilizado sus redes sociales para exhibir lujos como aviones privados, autos deportivos como McLaren y Ferrari, y actividades en zonas controladas por el Cártel de Sinaloa, particularmente en Culiacán.
La familia de su primo, Markitos Toys, ha sido blanco de ataques desde que comenzó la guerra interna entre Los Chapitos y La Mayiza. En ese contexto, propiedades y negocios vinculados a su familia han sido baleados e incendiados; recientemente su hermano Gail Castro fue ejecutado en Baja California.
Se les vincula con el clan criminal de Los Cabrera, brazo del Cártel de Sinaloa. No se ha confirmado si enfrentan procedimientos migratorios, pero figuran como parte del entorno musical asociado a estructuras del narco.
Primo de Peso Pluma, ha realizado colaboraciones con figuras del pop como Belinda, y también figura en la red de artistas señalados por su cercanía con grupos criminales. Su sociedad empresarial con George Prajin, representante de Peso Pluma, forma parte del ecosistema en revisión.
Los cambios unilaterales en la política comercial estadounidense introducen un nivel de incertidumbre que obliga a las empresas a replantear inversiones y cadenas de suministro.
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