La Corte Suprema apuesta por la cautela durante la administración Trump Expansión
La Corte Suprema de Estados Unidos dio al presidente Donald Trump tres de victorias en los últimos días, pues permitió al gobierno usar una ley del siglo XVIII para expulsar sin un juicio previo a inmigrantes indocumentados, indicó que la repatriación de un individuo deportado bajo este principio no es necesaria, y frenó la recontratación de empleados federales a los que se despidió previamente pata recortar fondos. Sin embargo, los fallos de la corte, más que darle la razón al gobierno del republicano, argumentan fallos técnicos en las demandas presentadas contra las órdenes ejecutivas.
Trump recurre a la Corte SupremaDurante las primeras semanas de este nuevo gobierno, la Corte Suprema dictó una serie de fallos estrechos y legalistas que parecen calculados para evitar los problemas más grandes presentados por el mandatario republicano. El nuevo enfoque de los jueces puede tener múltiples objetivos, como mantenerse al margen de las disputas políticas en Washington, mantener su legitimidad y evitar un enfrentamiento con un presidente que ha desafía la legitimidad de los tribunales. “La Corte Suprema no solo tiene un control jurídico, sino político, pues se oponen algunas visiones. Los magistrados interpretan la constitución de acuerdo con su ideología”, indica Gildardo López, profesor de la Escuela de gobierno y economía de la Universidad Panamericana (UP). La administración Trump buscó ya en varias ocasiones que las órdenes ejecutivas que sufrieron desafíos legales, sean juzgadas por la Corte Suprema, que esta semana ya emitió varios fallos sobre estos asuntos. El presidente pidió a finales de marzo que el máximo tribunal estadounidense resolviera el "problema" que para él suponen los jueces federales. Michael Dorf, profesor de derecho en la Universidad de Cornell, dijo a The New York Times que las tácticas de litigio de la administración alentaron el "mezquino asco" por parte de los jueces.
"Al defenderse contra la multitud de demandas que desafían las acciones de la administración Trump, el Departamento de Justicia ha hecho con frecuencia objeciones procesales quisquillosas y dudosas", dijo. "El gobierno dice que los demandantes se presentaron en el distrito equivocado, buscaron el remedio equivocado o demandaron al funcionario equivocado”.
Tres victorias a medias El martes, la Corte ya le dio dos victorias al presidente Donald Trump, al permitirle deportar a presuntos pandilleros venezolanos del Tren de Aragua bajo una ley de 1798 y bloquear la repatriación de un salvadoreño expulsado por error. El gobierno de Trump compartió imágenes de presuntos pandilleros del Tren de Aragua encadenados y con la cabeza rapada en una prisión de alta seguridad de El Salvador como prueba de su lucha contra el crimen organizado. Los abogados de varios de los deportados el 15 de marzo denuncian que sus clientes no pertenecen al Tren de Aragua, no han cometido delito alguno y que se les tomó como blanco principalmente por sus tatuajes. El republicano recurrió a esta ley del siglo XVIII, que solo se usó hasta ahora durante la Guerra de 1812 y las dos guerra mundiales, después de declarar en febrero organizaciones "terroristas globales" a seis cárteles mexicanos, el Tren de Aragua y la pandilla MS-13. El máximo tribunal de nueve jueces, seis de ellos conservadores, habilitó a utilizar la Ley para deportar de forma sumaria, pero principalmente por razones técnicas: los migrantes que pusieron demandas para evitar la deportación se encuentran en Texas, mientras que el caso ante el juez James Boasberg se tramitó en Washington.La Corte dejó claro además que estos migrantes tienen derecho a algún tipo de debido proceso. "Deben recibir notificación después de la fecha de esta orden de que están sujetos a deportación bajo la Ley" y "tener la oportunidad de impugnar" su expulsión, declaró el tribunal. "La única pregunta es qué Corte resolverá dicha impugnación”. Este fallo "invita a más problemas por parte de una administración que actúa de mala fe”, dijo Dorf al Times. Hay otras órdenes que la Corte tiene pendientes analizar, como la que deroga el derecho a la ciudadania estadounidense por nacimiento, un derecho consagrado en la constitución. Horas antes, la Corte suspendió una orden de una jueza que exigía al gobierno repatriar a un migrante salvadoreño deportado por error el mes pasado. Kilmar Ábrego García, de 29 años, fue enviado junto a más de 200 personas, en su mayoría venezolanas, a la megacárcel de El Salvador. La jueza de distrito Paula Xinis ordenó el viernes que sea repatriado a Estados Unidos antes de las 23:59 del lunes, después de que los abogados del Departamento de Justicia reconocieran un "error administrativo" en la expulsión. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, pidió a los abogados de Ábrego García que presentaran sus argumentos antes de las 17:00 horas del martes. La Corte le dio una nueva victoria al presidente el martes cuando bloqueó la orden de un tribunal inferior que obligaba al gobierno de Donald Trump a reincorporar a miles de trabajadores federales despedidos durante su período de prueba.
El máximo tribunal, de mayoría conservadora, decidió que las organizaciones sin fines de lucro que presentaron una demanda para detener los ceses masivos carecían de legitimación para hacerlo. Al analizar la demanda, el juez californiano William Alsup ordenó el mes pasado a seis agencias federales que volvieran a contratar a 16,000 trabajadores en período de prueba despedidos. Alsup afirmó que la justificación del "bajo rendimiento" para su cese era una "farsa" y ordenó a los departamentos del Tesoro, Asuntos de Veteranos, Agricultura, Defensa, Energía e Interior que los reincorporaran.
John Roberts, el personaje clave El juez que permite que la Corte mantenga un equilibrio es el presidente del tribunal, John Roberts. En los últimos 20 años, este juez alineado con los conservadores emitió varios de los fallos más importante de la corte, como el que puso fin en 2022 al derecho federal al aborto. Roberts, quien fue nombrado magistrado en la presidencia del republicano George W. Bush, defendió hace poco la independencia del poder judicial ante los ataques de Donald Trump. El 18 de marzo, Trump pidió la destitución del juez federal de Washington James Boasberg, quien emitió un fallo que prohibía la expulsión de migrantes bajo la ley de enemigos extranjeros. "Desde hace más de dos siglos ha quedado establecido que la destitución no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial", afirmó en un comunicado. Carl Tobias, profesor de derecho de la Universidad de Richmond, dijo a la agencia AFP que la intervención de Roberts es "extremadamente inusual", pero recordó que ya hizo declaraciones similares después de que Trump criticara a los jueces federales durante su primer mandato de 2017 a 2021. Entonces dijo que la Corte Suprema"no tiene jueces de Obama, ni de Trump, ni de Bush, ni de Clinton", afirmó Tobias. ]]>
