Se zafa Mendoza del Cártel Inmobiliario Excelsior

Luis Mendoza busca quitarse la marca y pasar la bola al gobierno de la CDMX.
La iniciativa del alcalde Luis Mendoza, de trasladar al gobierno central la autorización de las grandes construcciones en la ciudad, está en Donceles desde el 20 de marzo y lleva implícito un mensaje político de trasfondo.
Mendoza intenta pasar la pelota a Clarita Brugada para que su gobierno se responsabilice en adelante de las construcciones de grandes desarrolladores en la capital, que se aprovechan de las licencias para fusionar predios que les permiten construir hasta el cielo.
De aprobarse la iniciativa, que afectaría a las 16 alcaldías, no solamente a Benito Juárez, Mendoza se estaría zafando de todo lo que tenga que ver con el Cártel Inmobiliario, que tanto dañó al PAN durante el proceso electoral capitalino.
La jugada es de tres bandas, pues, además de anular la campaña oficial contra su partido, le pasa la responsabilidad a Brugada y les amarra las manos a los demás alcaldes, sin importar colores; a ver si el oficialismo lo rechaza.
En la actualidad, la responsabilidad de autorizar esas fusiones es de las alcaldías, y los desarrolladores aprovechan los reglamentos aprobados en tiempos de Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera para hacer megadesarrollos en predios para vivienda familiar.
Las inmobiliarias pueden tener predios en varias zonas y trasladar la licencia de construcción al suelo donde más les convenga, lo que ha permitido la edificación de monstruos de concreto en zonas donde sólo se permitían cuatro niveles.
Eso generó corrupción en todas las demarcaciones, pero como en Benito Juárez se dispararon los grandes desarrollos, el tema se convirtió en un lema de campaña contra el PAN, que tiene ahí su bastión político.
Luis Mendoza busca quitarse la marca y pasar la bola al gobierno de la CDMX, no sólo para salvar de la quemada a su partido y a él mismo, sino también para que el oficialismo responda si llega a haber cualquier anomalía al respecto.
De aprobarse el paquete de reformas, podría representar un cambio de paradigma en la relación política y administrativa entre el gobierno local y la oposición.
Habría que ver qué dicen sus colegas, pues la Ley Orgánica de las Alcaldías les da a sus titulares la atribución de otorgar licencias de fusión de predios con base en las cuales las inmobiliarias adquieren mayor potencial de construcción.
Además de esto, la propuesta de Mendoza propone sanciones más estrictas a las empresas que dañen el arbolado durante la construcción, y que en lugar de sólo reparar el daño se les dé por concluida la obra en ese instante, y se agreguen daños fuera de la construcción.
Si se diera por adelantado el fin de la obra, el predio quedaría resguardado por las autoridades hasta que el dueño repare el daño y enfrente las sanciones contenidas en el Código Penal, que son de 2 a 10 años de prisión, más multas.
En conclusión, los trámites inmobiliarios quedarían a cargo de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana —antes Seduvi—, hoy en manos de Alejandro Encinas.
La dependencia recibiría todas las manifestaciones de construcción, verificando que cumplan los requisitos y que lleven el visto bueno vecinal.
 CENTAVITOSDiversas organizaciones sociales, con algún pendientito en la Fiscalía de Justicia de la CDMX, han tenido que tocar base con la fiscal Bertha Alcalde —a través de su madre, Bertha Luján— para que, a cambio de afiliarse y promover el grupo político llamado MÁS MOVIMIENTO, puedan ser exonerados de sus pecados.
 Columnista: Adrián RuedaImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0