Transporte digno para los juarenses Diario.mx
La movilidad en Ciudad Juárez sigue siendo un tema de análisis y debate, en días pasados fuimos testigos de los diferentes operativos que la Dirección de Transporte implementó para detectar anomalías en las rutas de transporte público, las acciones llevadas a cabo involucraron a elementos de Transporte, Guardia Nacional y de la Policía del Estado, es decir, después de mucho tiempo de inactividad por parte de la autoridad estatal en esta materia, por fin se tomaron cartas en el asunto y, de manera recargada, se llevó a cabo la intervención a la mafia del transporte.
La justificación del por qué no existe transporte de calidad en esta ciudad ha radicado en que la autoridad explica que la complejidad para poner en orden a los transportistas radica en que cada camión tiene un dueño diferente y no necesariamente el dueño del camión es el operador del mismo, con independencia de la línea o ruta que deba cubrir, en ese sentido el incumplimiento a las disposiciones de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, implica el inicio de diferentes procedimientos, uno por cada concesionario que no observa las disposiciones legales.
Justificaciones podremos encontrar miles, pues otras tantas hacen referencia a que, con el cobro del pasaje no se cubren las necesidades básicas del dueño del camión, entonces, como se pretende que se dé mantenimiento a los vehículos, o bien, que se adquieran nuevos automotores porque los que existen están obsoletos, y cada vez que se les requiere realizar el cambio respectivo, solicitan prórrogas que jamás son cumplidas.
En qué momento la autoridad estatal dejará de ser laxa al enfrentar al gremio de transporte público, cuándo se entenderá que el continuar con la permisibilidad que a la fecha existe por parte de la autoridad, afecta gravemente a la población que requiere de este medio de transporte. Ciertamente, vimos unas cuantas acciones en días pasados, pero cuáles serán las consecuencias, se le dará seguimiento a tan ostentoso operativo, pues como se ha referido la manera en la que actuaron, pasándose semáforos, con códigos encendidos y en caravana, hacían suponer la existencia de un delito de alto impacto.
La Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, en su artículo 168 establece que se deberá sancionar al operador de transporte, cuando se incumpla, entre otras cosas con una serie de obligaciones como lo son: conducir la unidad en condiciones de desaseo personal, cuando se utilice gorra o no se porte el uniforme (ambos casos, rara vez son inspeccionados, máxime que en esta ciudad no se exige un uniforme), no aceptar las tarifas preferenciales (constantemente hay enfrentamientos por no permitir que el estudiante pague la tarifa preferencial), cuando se reproduzca música a niveles excesivos de volumen (algo por demás común y que pone en riesgo el pedir la parada porque el conductor no escucha), no respetar el cupo máximo (siempre dicen “en la parte de atrás está vacío”), entre muchas otras.
Valdría la pena cuestionar a la autoridad en el sentido de que expresara si existen sanciones que hayan sido aplicadas a los operadores de transporte, porque, en caso de existir, nos encontraríamos frente a la hipótesis de que, si el operador tiene el recurso suficiente para estar pagando las multas que se le llegan a imponer, entonces, puede renovar el vehículo utilizado para el servicio, pues constantemente vemos que, al menos las infracciones relativas a reproducir música a niveles excesivos de volumen y no respetar el cupo máximo, son constantes.
Así como actualmente vemos a las unidades de transporte público recorriendo las rutas del BRT, es de vital importancia que se realicen las inspecciones pertinentes a las rutas alimentadoras y que se exija el cumplimiento de las disposiciones legales, inclusive aquellas destinadas a la inclusión de personas con discapacidad, lo anterior, traerá aparejado el servicio de transporte digno para cualquier usuario, esperemos que la autoridad no se deje engañar nuevamente, y autorice el otorgamiento de prórrogas que no se cumplen y que impiden la dignificación del transporte público, que además, es una obligación estatal el garantizarlo.
