Teuchitlán Excelsior

La conferencia del fiscal Alejandro Gertz Manero sobre la tragedia ocurrida en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, no sólo puso datos escalofriantes sobre la mesa, sino que además expuso una realidad incómoda y profundamente arraigada: las desapariciones en México no son únicamente consecuencia de la violencia del crimen organizado, sino también del deterioro y fragmentación de las instituciones que deberían proteger a los ciudadanos.
La cifra de más de 124 mil desaparecidos revela una crisis humanitaria frente a la que el Estado mexicano parece incapaz de reaccionar adecuadamente, especialmente cuando la indiferencia burocrática o la incompetencia institucional retrasan intervenciones urgentes.
De acuerdo con datos del propio Gertz Manero, la Fiscalía estatal tardó seis meses en actuar sobre el rancho Izaguirre desde la primera denuncia, un tiempo valioso en el que podrían haberse evitado muchas de estas desapariciones.
Ante esta dolorosa realidad, cobra relevancia la reciente propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha planteado reformas para unificar y agilizar los procesos forenses, así como fortalecer los protocolos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas.
Estas medidas apuntan a resolver los problemas estructurales de fragmentación administrativa y técnica que actualmente entorpecen la actuación efectiva y rápida en casos como el ocurrido en Teuchitlán.
Sin embargo, para que estas reformas sean realmente efectivas y se implementen en un plazo breve, es imprescindible que los tres niveles de gobierno trabajen de manera coordinada, con compromisos tangibles y verificables.
Se necesita con urgencia asegurar un presupuesto suficiente, claramente etiquetado y protegido frente a recortes, para dotar a las instituciones de equipos forenses avanzados y capacitar al personal en materia de derechos humanos y criminalística.
De nada servirá una reforma sin los recursos financieros y humanos necesarios.
Además, para garantizar la transparencia y el seguimiento efectivo de estas medidas, debería crearse un observatorio ciudadano nacional encargado de monitorear los avances, señalar los retrasos y evidenciar cualquier negligencia institucional.
La sociedad civil debe jugar un papel clave en esta vigilancia activa para romper con la opacidad institucional.
Es indispensable, también, que se establezca una fiscalía especializada contra la desaparición forzada con suficiente autonomía y capacidad técnica para intervenir inmediatamente ante la denuncia de fosas clandestinas o centros clandestinos como el de Teuchitlán, evitando así que estas tragedias se repitan.
Por último, resulta esencial que se clarifiquen responsabilidades y se legisle para sancionar de manera ejemplar a autoridades omisas o negligentes, pues detrás de cada tragedia también hay responsables institucionales cuya negligencia no debe quedar impune.
La presidenta Sheinbaum ha trazado una ruta que parece correcta, pero la clave de su éxito será asegurar que exista una verdadera voluntad política, colaboración interinstitucional y una rendición de cuentas transparente.
El rancho Izaguirre no puede ser recordado únicamente como un lugar de horror, sino como el punto de inflexión en el que México decidió romper con la indiferencia burocrática que ha costado tantas vidas.
Es el momento de que las promesas hechas desde Palacio Nacional se conviertan en acciones concretas, medibles y efectivas.
Claudia Sheinbaum tiene la oportunidad histórica de demostrar que tragedias como la de Teuchitlán no volverán a repetirse.
Columnista: Yuriria SierraImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0