El proceder criminal de López Obrador El Financiero
El crimen cometido por el presidente López Obrador contra México fue haber entregado parte del territorio nacional a los cárteles de las drogas.
Los 120 mil 463 homicidios dolosos ocurridos durante el sexenio del presidente Calderón sucedieron en el marco del combate a los grandes cárteles para quitarles el control de regiones del país. Por eso entregó la banda tricolor con una pronunciada tendencia a la baja de la criminalidad.
Pero el cuarto de millón de personas asesinadas y desaparecidas en el gobierno de AMLO se dio en un contexto de repliegue del Estado y cesión del control territorial, con todo y población, a los grupos criminales.
El presidente López Obrador deliberadamente empoderó a los narcos, ordenó no combatirlos y entregó la banda ensangrentada con 201 mil 142 asesinatos dolosos y 51 mil 703 desaparecidos, con la criminalidad al alza, amplias regiones del país bajo el mando de los cárteles porque el Estado se retiró.
Los campos de exterminio y de entrenamiento de las milicias del narcotráfico que hoy nos horrorizan, son responsabilidad de López Obrador que con abrazos y concesiones los hizo sus compadres, aliados políticos, y los protegió con el discurso cotidiano de no usar la fuerza contra ellos.
El punto de quiebre de México, imposible de revertir sin sangre y lágrimas, estuvo ahí: cuando López Obrador entregó a los narcos el control de amplias zonas del país a cambio de votos, apoyo político y vaya usted a saber qué más.
La población de Alemania consume, compra y vende drogas más que en México, pero se puede caminar donde sea, a cualquier hora de la noche, y los niños juegan en los parques sin temor, porque no existe el “cártel de Baviera” o “de Brandemburgo” que controle territorio.
El control territorial de una fuerza ajena al Estado sólo puede darse por la complicidad con el poder político. Ahí está el gran crimen de López Obrador, por el que tendría que rendir cuentas.
Protegió a los grupos criminales a pesar de tener conocimiento de la ubicación de los campos de exterminio donde las víctimas eran despojadas de sus ropas, de su dignidad y de sus vidas.
Cuidó a los criminales mientras hacían leva de seres humanos para enseñarles a matar, obligarlos a matar, y avanzar en el control territorial de la nación.
Reprendía a los medios de comunicación que enseñaban los videos de milicias de narcos que entraban victoriosos a poblaciones chiapanecas.
Mexicanos de la frontera sur huían a refugiarse en Guatemala, mientras AMLO afirmaba desde el poblado de El Chapo Guzmán y su familia (La Tuna) en la sierra de Badiraguato, que “ellos (los narcos y sus sicarios) nos cuidan”. Y que también “cuidan a la gente”.
El presidente fue a estrechar la mano de la madre del capo del Cártel de Sinaloa, mientras cerraba las puertas de Palacio Nacional a las madres buscadoras de los desaparecidos en los Auschwitz mexicanos.
Si hubiera responsabilidad en la conducción del Estado, López Obrador tendría que ser enjuiciado para poner un hasta aquí a la hermandad de política y crimen organizado. Que declaren como testigos, una a una, las madres de los desaparecidos que fueron culpadas por AMLO de hacer politiquería al pedir su ayuda para encontrar a sus hijos.
Sólo así, nunca más a un dirigente de la nación se le ocurrirá incentivar, con su discurso de simpatía protectora, la destrucción homicida que hoy nos horroriza.
Mucho menos entregar territorio mexicano a los cárteles y engañar al país y a Estados Unidos con el cuento de que en México “no se produce fentanilo”.
El adversario de la sociedad es ahora más fuerte y penetró de manera extendida en la política, porque lo empoderó un presidente de la República.
La protección presidencial a los cárteles de las drogas, la extorsión y la narcopolítica, hizo de México una vitrina macabra de campos de exterminio.
El presidente que agasajó a los autores de los Auschwitz mexicanos con abrazos, participación personal en sus convivencias y el envío de gobernadores a modo para sus fines criminales, ¿va a quedar impune?
López Obrador no puede alegar que no sabía de la existencia de los campos de exterminio, porque los vio y los minimizó.
Fue el caso del hallazgo en La Bartolina, cerca de Matamoros, donde las madres buscadoras de desaparecidos encontraron, en 2021, 500 kilos de restos humanos en un cementerio clandestino de Los Zetas.
La Bartolina fue sólo uno de los nueve grandes campos de exterminio encontrados en el noroeste del país. La falta de acción para someter a los grupos criminales fue deliberada y explícita:
“Abrazos, no balazos” (a los capos y sus sicarios).
“Son seres humanos que merecen respeto” (los autores de los Auschwitz mexicanos).
“Se portaron bien los de la delincuencia organizada” (luego de las elecciones donde hubo intervención armada del narco para facilitar, con secuestros masivos, el triunfo de los candidatos de Morena –caso Rocha Moya, en Sinaloa–).
Pregunto: el culpable político de esa barbaridad ¿seguirá siendo tratado con guante de seda o será juzgado por su responsabilidad criminal?
El primer campo de concentración se estableció en Dachau, cerca de Múnich, en 1933, cuando los nazis tenían sólo unos meses de haber llegado al poder.
La mayoría de los alemanes y de los dirigentes europeos no reaccionaron ante lo que ello significaba.
Consecuencia de la permisividad a lo inadmisible fue la multiplicación de la barbarie. Y cuando quisieron frenar al monstruo el saldo fue de 60 millones de muertos.
¿Cuántas vidas mexicanas costará recuperar la soberanía que López Obrador cedió a los grupos criminales?
