Jóvenes, empleo y educación: el triángulo que México debe fortalecer El Financiero
El martes 11 de marzo, el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha quedado escrito en la Constitución de México. En concreto, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores de la LXVI Legislatura, aprobaron y propusieron al pleno, una adición al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de apoyo a jóvenes que a letra dice: “El Estado otorgará un apoyo económico mensual equivalente al menos a un salario mínimo general vigente a jóvenes entre 18 y 29 años que se encuentren en desocupación laboral y no estén cursando en alguno de los niveles educativos, a fin de que se capaciten para el trabajo por un periodo de hasta 12 meses en negocios, empresas talleres, tiendas y demás unidades económicas en los términos que fija la ley”.
Esta iniciativa tuvo su origen el 5 de febrero del 2024, cuando el entonces presidente de México remitió al Congreso su último paquete de iniciativas, entre ellas, las de elevar a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Casi un año después, se ha hecho realidad.
Son variadas las argumentaciones presentadas en el texto oficial; por ejemplo, en el cuarto trimestre de 2018, con base en cifras de la ENOE, se estima que en el país existían poco más de 2. 3 millones de jóvenes entre 18 y 29 años que no estaban ocupados y que no se encontraban estudiando. Adicionalmente, se señala que por muchas décadas y en muchos gobiernos federales, los jóvenes no fueron tema de interés para los gobiernos, aún a pesar de que esta población objetivo del programa representa la décima parte del total de personas con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2020.
Tras la lectura y análisis de la carta de motivos, tres son las apuestas de este esfuerzo; el primero, un mecanismo para la inserción laboral; segundo, una respuesta estructural; y, por último, un programa que fortalece la recaudación fiscal. Los apoyos a las niñas, niños y jóvenes siempre son un acierto, solo en la medida que estén vinculados a un ecosistema de oportunidades que garantice su desarrollo real y sostenido. Sin embargo, la sola permanencia del programa en la Constitución no resuelve los desafíos estructurales de la empleabilidad juvenil.
Para que esta iniciativa tenga un impacto genuino y no se convierta en un paliativo de corto plazo, es fundamental invertir en mecanismos de evaluación que permitan medir su efectividad en la inserción laboral. Sin datos concretos sobre la calidad del aprendizaje adquirido, la tasa de colocación en empleos formales y la permanencia en el mercado laboral tras concluir el apoyo, el programa podría seguir siendo percibido en una simple transferencia de recursos sin una transformación real en la vida de los beneficiarios.
Asimismo, la desvinculación del programa con el sistema educativo es una oportunidad perdida. Sin estrategias claras de reincorporación a la educación formal o a la formación técnica de calidad, el riesgo es que los jóvenes pasen un año en capacitación sin mejorar sustancialmente sus competencias para acceder a empleos de mejor calidad. En otros países, esquemas similares han demostrado que la combinación de apoyos económicos con formación certificada y acompañamiento personalizado multiplica sus beneficios y evita que los jóvenes caigan nuevamente en la desocupación.
Finalmente, es imposible separar la efectividad del programa de la situación económica del país. Si el crecimiento sigue estancado, si las pequeñas y medianas empresas enfrentan dificultades para sostener sus operaciones y si la formalización del empleo sigue siendo un reto, los jóvenes capacitados encontrarán pocas oportunidades de inserción laboral. Sin una política económica robusta que incentive la creación de empleos dignos, el programa corre el riesgo de convertirse en un mecanismo que maquille las cifras del desempleo juvenil, sin resolver su raíz estructural.
Por ello, el reto no es solo la continuidad del programa, sino su fortalecimiento con mecanismos de evaluación, vinculación educativa y desarrollo económico, que realmente permitan transformar el futuro de la juventud mexicana.
