"Se lo llevó un grupo armado": así operan los escuadrones de reclutamiento de ‘El Mencho’ Milenio

El crimen organizado en Jalisco está ajustando sus estrategias para que las personas que están en su mira no tengan escapatoria.
Entre esas tácticas está la creación de comandos especializados en la privación ilegal de la libertad.
Así, los escuadrones de reclutamiento forzado comandados por Nemesio Oceguera, El Mencho, han intensificado sus operaciones en la entidad, mientras ensayan un modelo que podría exportarse al resto del país.
Un reporte elaborado en junio de 2024 por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), al que MILENIO tuvo acceso, da cuenta de cinco grupos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que, en los últimos años, se han especializado en raptos con el objetivo de tener una eficacia cercana al 100%: Los Deltas en Guadalajara y la zona metropolitana, Los 15 en la Región Sur del estado, Los 2000 en la Región Norte, Los RI o Reacción Inmediata en la Región Altos y el Grupo Élite en la frontera con Michoacán.
Su característica más visible es que ahora ejecutan los secuestros mediante “escuadrones de desaparición”, es decir, ya no son dos o tres sicarios que improvisan una sustracción, sino grupos entrenados que controlan cada etapa del delito con precisión coreográfica, desde la vigilancia de los alrededores y la distracción de policías hasta la captura de los objetivos y su traslado hasta una casa de seguridad.
“En Guadalajara, Tlajomulco, Zapopan, es sabido que el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene un brazo especializado en privaciones ilegales de la libertad y esta hipótesis se fortaleció porque hubo una caída de las desapariciones violentas después de agosto de 2024, cuando se detuvo a Armando Gómez, El Delta 1, el líder del grupo”, afirma Jorge Ramírez, catedrático de la Universidad de Guadalajara.
Ramírez es autor, junto con el periodista Lauro Rodríguez, del informe independiente Se lo llevo un grupo armado.
La crisis de desapariciones violentas en Jaliscoen el que se revisaron los 8 mil 72 reportes de personas desaparecidas que tienen una cédula vigente de búsqueda en Jalisco.
Los reportes señalan que en mil 248 casos hubo testigos que relataron con precisión cuántos perpetradores hubo y cómo usaron la violencia, como amenazas, golpes o armas blancas y de fuego.
En sus testimonios está la evidencia de que los “levantones violentos” se han intensificado con el tiempo: en 2018 sólo dos denunciantes narraron que el crimen fue ejecutado por cinco o más personas; en 2023 ya hubo 48 denunciantes que hablaron de cinco o más delincuentes.
Es decir, un incremento del 2 mil 300 por ciento.
“Ese número de personas involucradas en una privación ilegal de la libertad de alguien se obtuvo, primero, por las denuncias de quien presenció los hechos en un domicilio: por ejemplo, en el secuestro de cuatro hermanos, la hermana estuvo presente.
La segunda fuente es algún testigo, generalmente amigos o vecinos.
La tercera fuente son las cámaras de seguridad”, asegura el investigador Jorge Ramírez.
Los testigos con los casos más brutales han contado comandos integrados por 17, 20, 21 sicarios sincronizados en “levantones violentos”.
El peor: alguien en 2023 denunció haber sido testigo de una privación ilegal de la libertad con 31 sicarios perfectamente coordinados.
La capacitación del horror.
Más rápidos, más furiosos, más efectivos, más coludidosLa razón para tener un entrenamiento tan específico está en que estos grupos criminales en Jalisco actúan cada vez más de manera simultánea, es decir, de un domicilio se llevan a más de una persona.
O en un mismo recorrido por una colonia o barrio raptan a varios con paradas previamente estudiadas por lugar y hora.
Son más rápidos, más furiosos, más eficaces y más dañinos.
Para ser lo más potentes posibles en el secuestro, estos comandos especializados refuerzan sus caravanas con otros vehículos o motocicletas, lo que debería llamar la atención de las autoridades y disparar la persecución de los criminales, pero en la mayoría de los casos no sucede así, dejando ver una presunta colusión entre crimen organizado en Jalisco y autoridades locales.
“Es muy difícil que la mayoría de las desapariciones violentas pasaran desapercibidas para la policía y otros cuerpos de seguridad.
Debieron detonar varias llamadas al 911, a las comisarías y a otras instancias de atención de emergencias, pero parece que la reacción común fue dejar hacer y dejar pasar, probablemente por instrucciones de superiores al mando”, se lee en el informe.
Los otros “escuadrones de desaparición” están integrados por policías municipales que están al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación y que se agrupan para ejecutar los secuestros con vehículos oficiales para simular que se trata de una detención legítima en la que se involucran varios uniformados.
Apenas el 9 de febrero pasado, la fiscalía jaliscience anunció la detención de cinco oficiales de la Comisaría de Seguridad de Poncitlán, Jalisco, acusados de la desaparición de dos personas en 2019.
El número de arrestos hace creer que también operaban un “escuadrón de desaparición” en una región donde el brazo especializado en este delito es el RI o Reacción Inmediata.
Como esos cinco hay otros 312 policías municipales que han sido sometidos a procesos de investigación en los últimos seis años por su presunta participación en secuestros.
“Las alertas más graves que prenden estos comandos es, por un lado, su intensidad, pues sólo en 2023 privaron de la libertad a casi 300 personas.
También sus métodos violentos, en particular la irrupción violenta a la vivienda, lo cual es muy victimizador para toda la familia que la ocupa en esos momentos.
Y la protección que tienen de las autoridades, pues es muy difícil que esos grupos hayan podido actuar con tanta fuerza sin colusión policiaca”, afirma el investigador.
Los 16 disparadores de los comandosEl informe Se lo llevó un grupo armadoestablece también 16 motivos que disparan la actuación de los comandos especializados del Cártel Jalisco Nueva Generación en desaparición forzada, a partir del análisis de las carpetas de investigación.
El más común es el control violento del mercado de drogas, es decir, los integrantes de los escuadrones buscaban a personas que supuestamente se dedicaban a vender o consumir narcóticos sin el permiso del cártel local.
Narcomenudistas o personas con adicciones son las más vulnerables a ser víctimas de este delito.
En segundo lugar está el control violento de la delincuencia común, es decir, cuando el cártel local asume las tareas policiacas, a menudo como parte de un acuerdo con las autoridades municipales.
Los comandos entonces ponen su mira en ladrones de casas, asaltantes de transporte público e, incluso, personas acusadas de abuso sexual infantil o de violentar a sus parejas.
Luego, las represalias contra traidores: “Un conflicto grave que contribuyó al incremento de reportes de 2022 estalló en marzo de ese año a raíz del ‘fusilamiento’ de más de una decena de integrantes de una célula del CJNG en San José de Gracia.
Esto implicó la ruptura con un grupo criminal autodenominado Pájaros Sierra, aliados del CJNG, y que fueron declarados traidores por su responsabilidad en la masacre”.
Otro motivo está en la urgencia de los líderes de reforzar la disciplina interna.
Se usan comandos especializados contra jefes de plaza o sicarios que han cometido errores o se exceden en el uso de la violencia y son conocidos por su violencia o carácter irascible.
También está el robo de vehículos, una herramienta tan esencial para delinquir como la obtención de armas.
En los últimos años un patrón ha emergido: las desapariciones ligadas a los fraudes durante la compraventa de vehículos.
“Una mujer acompañó a su pareja a un punto de encuentro con un supuesto comprador donde se finiquitaría la compraventa, pero en vez de ello llegaron nueve personas armadas en camionetas que lo privaron de su libertad y lo despojaron del vehículo y la factura”, da cuenta el reporte.
El sexto motivo es el reclutamiento forzado, que usualmente ocurre en municipios pequeños, donde la privación de la libertad es masiva contra jornaleros o albañiles.
Y en séptimo los informantes forzados, es decir, quienes poseen información valiosa para el cártel, como los propietarios de casas de cambio de divisas que en 2024 sufrieron una racha de secuestros.
Enseguida están las víctimas equivocadas, las víctimas sustitutas —el escuadrón sabe que privan de su libertad a una persona que no buscaban, pero la reemplaza por cualquiera—, las víctimas cuyo fin es la explotación sexual y la violencia vicaria, es decir, la desaparición de menores para violentar a ex parejas de integrantes del crimen organizado.
Y en menor medida, los conflictos familiares, altercados o riñas, percances viales, secuestros extorsivos y uno de los más extraños: la desaparición para tratar de evitar una desaparición, es decir, la mediación fallida que hacen parejas, hermanas, padres o amigos para impedir un “levantón” y que los hace terminar como víctimas de los comandos especializados del crimen organizado.
EHR