Video: Tablazos y mano pesada vs policía de los EU

-Tablazos y mano pesada vs policía de los EU
-No es Trump la peor amenaza de la maquila
-Una papa caliente de los diputados al IEE
-Cumplen con el condenado a muerte

Solo la persistencia de la DEA, el FBI, otras agencias de los Estados Unidos y la Fiscalía de Operaciones Especializadas y Antisecuestros de Chihuahua evitaron la ejecución del policía norteamericano, Jorge Octavio M. P., a manos del grupo delictivo que domina Palomas, encabezado por “El Oso”, Emeterio S.
Jorge Octavio, si acaso de 25 años de edad, es policía en el condado de Columbus pero por mucho tiempo cruzó a Palomas (municipio de Ascensión, Chihuahua) para enfiestarse en las cantinuchas de la localidad hasta principios del 2024.
En esa fecha peleó con su novia, fue apercibido por policías municipales, peleó contra estos; su novia, enojada y todo, entró en su defensa, los preventivos lo sometieron, lo tablearon en los separos y posteriormente lo habrían entregado a “El Oso”.
Según investigadores policiacos mexicanos, el jefe del grupo delictivo habría decidido su ejecución pero casi en automático intervinieron las autoridades de Estados Unidos y lograron su liberación. Fue exigido rescate por la entrega.
Desde entonces andan varias corporaciones de seguridad tras “El Oso”. De pasada lograron establecer responsabilidad en los hechos de varios policías de Palomas que, finalmente, fueron detenidos el pasado nueve de febrero.
Fueron hundidos por un video al que accedieron los policías en el curso de las investigaciones y que publicó el pasado fin de semana El Diario. Hoy lo replicamos La Columna.
Ayer los policías fueron vinculados a proceso. Eso le interesaba mucho al FBI y a la DEA pero su pez gordo es Emeterio, quien también maneja parte de las operaciones fayuqueras en la aduana de Palomas.
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Increíble pero ocurrió en calles de esta frontera la detención de Humberto R. R., jefe del Cártel de Sinaloa en el Valle de Juárez.
Fue apresado por militares de la Guardia Nacional y policías de inteligencia de la Fiscalía de operaciones Especializada de la Fiscalía General de Chihuahua, con información técnica muy precisa aportada por agencias de seguridad de los Estados Unidos.
Fue detenido el fin de semana atrasito de la poderosa iglesia de San Lorenzo y trasladado ayer temprano a la Ciudad de México para iniciar el proceso de extradición.


Decimos que fue increíble porque el detenido, apodado “El Don”, “El Viejón” o “El Chato” era quien dirigía en modo tacuache las operaciones del Cártel de Sinaloa para surtir de anfetaminas a los miles de consumidores aquí, de cruzar cristal y fentanilo a los Estados Unidos y manejar todas las ganancias para “Los Chapitos”.
Lo hacía en las arterias y el corazón de los principales atacantes de las drogas sintéticas en Juárez: los militares, los ministeriales, la policía municipal...y el Nuevo Cártel de Juárez. A todos pasó desapercibido no sabemos por cuántos años “El Don”.
Ahora entendemos los grandes decomisos de cristal y de fentanilo tanto en esta ciudad como en El Paso, y las estadísticas hacia arriba como la espuma en el consumo local de esas drogas.
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En el gremio maquilador hay quienes predicen que está en puerta la tormenta perfecta, compuesta de la presión internacional que ejerce la nueva administración de Estados Unidos y las amenazas nacionales que han llegado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De hecho, aseguran en el sector basado en la exportación, no son Trump y sus aranceles el factor principal de estrés que mantiene frenadas nuevas inversiones y ha impedido el crecimiento en los empleos, sino el Servicio de Administración Tributaria (SAT), instancia que ha llevado al máximo tribunal del país la intención de aumentar la carga fiscal con el argumento de que adeudan impuestos las empresas extranjeras.
Pesa sobre la maquila este conflicto jurídico, básicamente porque a las más de seis mil empresas del sector registradas en el régimen IMMEX el SAT les pide el pago del IVA por ciertos pedimentos de importación, los denominados V5, y luego exige el mismo tributo por la venta de mercancías supuestamente ya fiscalizadas.
En la visión del sector privado, la autoridad mexicana pretende someterlo a una doble tributación, lo que viola principios fiscales básicos; pero el SAT acusa trampas y simulaciones para eludir al fisco dentro del programa que favorece la instalación y operación de las empresas maquiladoras y manufactureras de exportación.
Así ha escalado el asunto hasta el más alto tribunal de la nación, donde la ministra presidenta actual, Norma Piña, tiene las horas contadas, a raíz de su real o aparente cercanía con la derrotada oposición política y el avance de la reforma judicial.
Un tribunal complaciente con el SAT, como presumiblemente quedará integrado en unos meses, podría pegarle con una resolución al sector que genera el 12 por ciento del Producto Interno Bruto; al que genera casi la mitad de las exportaciones del país; al que emplea directamente más de tres millones de personas e indirectamente a unos nueve millones de mexicanos, situación que en ciudades como Juárez se torna más delicada.
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Una constante la elección judicial es la determinación de aventarle la papa caliente al Instituto Estatal Electoral (IEE), según quienes siguen cada fase desde Palacio de Gobierno y las áreas a cargo de la organización y sanción del incierto proceso.
Si bien los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial armaron cada uno sus listas de propuestas para ir a esa elección, hay una enorme cantidad de nombres repetidos y una incertidumbre total en lo que va a suceder una vez que sean filtrados los perfiles.
Llevan la batuta -es un decir- los coordinadores parlamentarios de Morena y PAN, Cuauhtémoc Estrada y Alfredo Chávez, pero ambos han privilegiado el acuerdo político para que haya un reparto adecuado de las 30 posiciones en juego de las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia del Estado y las cinco del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, pero han quedado en el aire los lineamientos para la elección de 270 jueces y juezas.
Apuntan a dejarle los detallitos al organismo electoral que encabeza Yanko Durán, pero sin claridad alguna, algo así como ocurre entre el Legislativo Federal y el INE, en cuanto a las certezas que debe privar en todo proceso con participación ciudadana.
O sea, han llevado el extremo eso de la incertidumbre democrática, muy sana cuando aplica a los candidatos que deben jugarse la elección ante el pueblo, pero no tanto cuando alcanza incluso hasta las reglas del juego.
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Pasó algo desapercibido, pero los memoriosos juarenses piden no dejar de lado un acto de justicia que le tocó ejecutar al alcalde Cruz Pérez Cuéllar la semana pasada.
En sesión de cabildo, fue aprobada la moción de nombrar el parque de la colonia Bellavista como “César Roberto Fierro Reyna”, en cumplimiento a una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de los gobiernos municipal y estatal.
El juarense que ahora deja su nombre en la historia física de la frontera estuvo condenado a muerte durante 40 años, desde 1980 hasta 2020, en Texas, acusado de un crimen que no cometió; en ocho ocasiones estuvo a punto de ser ejecutado, pero su familia jamás se cansó de recursos ante la justicia para evitarlo.
Fue sentenciado por el asesinato de un taxista en El Paso, pero resulta que la Policía Municipal de Juárez, en tiempos del alcalde priista Manuel Quevedo Reyes (agosto de 1979), amenazó con matar a su familia si no se declaraba culpable en aquel país.
Esa es la realidad del caso, la que evidencia cómo, en tiempos en que la confesión era la reina de las pruebas, la justicia era un bien exclusivo de los poderosos, no de los ciudadanos comunes y menos de los pobres.
Las consecuencias del vergonzoso actuar de una autoridad juarense las padeció hasta su exoneración en 2020; anduvo de cárcel en cárcel, duró largos periodos en aislamiento en condiciones infrahumanas y padeció las muertes de sus padres y hermano encerrado, sin poder vivir los duelos de forma adecuada.
El año pasado, la CNDH emitió la recomendación 146VG/2024 para que sea reparado el daño de forma integral, con atención en todos los aspectos de la vida de Fierro Reyna. Entre otras cosas que le competen a la autoridad municipal, la recomendación obliga a que su nombre sea puesto a un espacio público, con una placa especial y un acto de disculpa oficial.
La resolución del organismo garante de los derechos humanos alcanza a toda autoridad de Chihuahua para evitar la repetición de situaciones similares, incluso a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que se declaró incompetente para recibir su queja inicial.
Suponemos que habrá de cumplirse en todos sus términos en las próximas semanas; esta injusticia monumental merece ser recordada por la sociedad y sus autoridades, a fin de que jamás vuelva a ocurrir.
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