Al Pie de la Letra/Raymundo Jiménez Dpoderapoder

* VERACRUZ, SIN REVOCACIÓN DE MANDATO

En un video que subió a sus redes sociales, el académico de la Universidad Veracruzana
(UV) y aspirante independiente a la alcaldía de Xalapa, Eduardo de la Torre, informó que
este lunes 3 de febrero presentó ante el Tribunal Electoral de Veracruz un Juicio para la
Protección de los Derechos Electorales del Ciudadano por la “Omisión Legislativa
absoluta” de la anterior Legislatura local que lideró Juan Javier Gómez Cazarín, actual
delegado estatal de la Secretaría de Bienestar, cuyos diputados estaban obligados a
“armonizar la revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo local en la
Constitución Política de Veracruz, conforme al artículo sexto transitorio del Decreto por el
que se declara reformada y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Consulta Popular y revocación de
mandato, publicado el 20 de diciembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación”.
De la Torre Jaramillo, quien fue diputado federal del PAN y dirigente estatal del
desaparecido Partido de Centro Democrático (PCD), fundado por el extinto jefe del
gobierno capitalino Manuel Camacho Solís y su discípulo Marcelo Ebrard, recriminó que
“el señor Gómez Cazarín, en cinco años, no pudo hacer esta reforma”, a pesar de que “tuvo
más de cinco mil millones de pesos en esos seis años a su cargo y nunca nos rindió cuentas
a ningún veracruzano”.
En efecto, el actual delegado federal lideró las dos Legislaturas locales en el sexenio del
exgobernador Cuitláhuac García.
“Este personaje, el señor Gómez Cazarín, es el responsable y debe pagar por esta omisión
legislativa absoluta”, acusó De la Torre, quien explicó que como ciudadano tomó la
decisión de impugnar porque tampoco lo hicieron los legisladores del PRI, PAN y MC, a
los que acusó de ser “comparsas del partido en el poder”.
“Tuvieron cinco años también ellos, tuvieron diputados locales, y ninguno hizo nada.
“Esta es tarea ya de un ciudadano responsable para sujetar una reforma constitucional de
revocación de mandato al gobernador o gobernadora en turno en Veracruz. Yo espero que
el Tribunal Electoral de Veracruz, que también es morenista, no le quiera dar la vuelta a
esto. No hay posibilidad de que el actual Congreso no legisle sobre esta omisión legislativa
absoluta, que se traduce en un desacato a la Constitución por el anterior presidente de la
Junta de Coordinación Política, el señor Gómez Cazarín”, finalizó el abogado y académico
de la UV.

¿Retomará el diputado Esteban Bautista, líder del grupo legislativo de Morena y presidente
de la Jucopo de la LXVII Legislatura local esta asignatura pendiente que le dejó Gómez
Cazarín? Seguramente lo consultará con la gobernadora Rocío Nahle, quien al menos no
enfrenta la complicada situación del mandatario sinaloense Rubén Rocha Moya.
En Sinaloa, “la modificación constitucional estatal se aprobó en enero de 2024 y no puede
tener aplicación retroactiva; además, el 31 de enero pasado feneció el plazo para
solicitarlo: el inicio del proceso de revocación de mandato podrá solicitarse, por una sola
ocasión, durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo
constitucional de quien ostente la titularidad del Poder Ejecutivo estatal por votación
popular (https://goo.su/AMxcy); Rocha Moya cumplió tres años en el poder el 1º de
noviembre pasado”, aclaró ayer el columnista Julio Hernández, de La Jornada.

FISCAL DE EU VA CON TODO CONTRA CÁRTELES MEXICANOS

Todos aquellos optimistas y aplaudidores que todavía siguen festinando la “gran
negociación” de la presidenta Claudia Sheinbaum con su par norteamericano Donald
Trump –el cual concedió la semana anterior al gobierno de México un mes de pausa en la
imposición de aranceles del 25 por ciento, a cambio de contener la migración y combatir a
los grupos criminales que producen y trasiegan principalmente el fentanilo, la droga más
potente–, debieran tomar nota de lo hecho y dicho ayer por la nueva Fiscal de Estados
Unidos, Pam Bondi, quien ordenó al Departamento de Justicia adoptar la “eliminación
total” de los cárteles del narco como principal prioridad incluyendo el agilizar procesos
contra sus líderes por cargos como terrorismo y aquellos que contemplen la pena de muerte.
En uno de 14 memorandos firmados por ella luego de tomar posesión del cargo, Bondi
detalló lo que considera como un cambio fundamental en el combate a grupos como el
Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para eliminar a dichas
organizaciones del territorio de EU.
“Esta política pública requiere un cambio fundamental de mentalidad y enfoque. Debemos
hacer más que tratar de mitigar los enormes daños que estos grupos causan en EU. No basta
con detener la oleada de venenos mortales, como el fentanilo, que estos grupos distribuyen
en nuestro país”, dice el memorando.
“En cambio, debemos aprovechar los recursos del Departamento de Justicia y empoderar a
los fiscales federales de todo el país para que trabajen urgentemente con el Departamento
de Seguridad Interna y otras partes del Gobierno hacia el objetivo de eliminar estas
amenazas a la soberanía de EU”.

De acuerdo con el memorando, los fiscales y empleados de las distintas agencias dentro del
Departamento de Justicia deberán trabajar más de cerca con el Departamento de Seguridad
Interna, incluyendo por faltas de migración, pero enfocándose en personajes que fungen
como líderes y gerentes de los cárteles.
“Para los líderes y gerentes de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales,
se incluirán los delitos más graves y fácilmente demostrables según la política general de
imputación del Departamento, típicamente delitos capitales, cargos por terrorismo, por
extorsión y de empresa criminal continua”, dice.
Aunque la presidenta Sheinbaum ha reiterado que “no ayuda” acusar a los narcotraficantes
mexicanos de “terrorismo” –como ya lo han hecho los gobiernos de EU y Canadá, el otro
socio comercial de México–, actualmente, el Departamento de Estado está analizando la
orden ejecutiva del presidente Donald Trump sobre cuáles de los cárteles del narcotráfico
mexicano deben ser designados Organizaciones Terroristas Extranjeras. En los próximos
días, dicha dependencia deberá hacer una recomendación al mandatario, según publicó
anoche en su edición digital el diario Reforma.
El diario capitalino señala que, en un giro relevante, el memorando firmado por la Fiscal
estadounidense ordena también que la unidad del Departamento de Justicia encargada de
investigar los casos de corrupción en el extranjero, deben dar prioridad a aquellos en los
que exista una conexión con delitos por drogas o de conexión con los cárteles de la droga.
Por si fuera poco, el mes de gracia que le concedió Trump al gobierno mexicano para
pausar los aranceles sólo ha generado incertidumbre. Y es que ayer, por ejemplo, ante el
escenario incierto marcado por las amenazas arancelarias del mandatario estadunidense, la
Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) decidió disminuir en 50 puntos base el
objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día a un nivel de 9.50%, con efectos a
partir de este viernes 7 de febrero.