Nueva crisis en Europa por vivienda cara y efecto Airbnb Milenio

El gobierno de España está tomando medidas para frenar la compra de inmuebles por parte de extranjeros y parar la expansión de los alquileres de corta duración, como parte de una serie de medidas que, según las autoridades, son necesarias para aliviar una dolorosa crisis inmobiliaria que se ha convertido en una de las peores de Europa.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo el miércoles que su administración busca un impuesto sin precedentes de 100 por ciento sobre las compras inmobiliarias para compradores de fuera de la Unión Europea, parte de un plan más amplio que anunció la semana pasada para sofocar las protestas en ciudades de toda España por la falta de viviendas asequibles.
El domingo fue incluso más lejos al proponer la prohibición total de la compra de inmuebles en ese país por extranjeros, pero luego dio marcha atrás.
Los estadunidenses llevan años lidiando con una crisis de vivienda asequible, y ahora las principales ciudades europeas se enfrentan a un problema similar.
La vivienda se ha convertido en el mayor gasto de los hogares en toda la Unión Europea, donde los alquileres han aumentado un promedio de casi 20 por ciento en la última década, y los precios de la vivienda se han disparado casi 50 por ciento, el doble que los ingresos promedios de los hogares.
La intensidad varía según el país, pero tienen características comunes, como la mercantilización de la vivienda y el auge de las plataformas de alquiler a corto plazo como Airbnb, así como los llamados programas de visados de oro en España y los países vecinos, que atrajeron a compradores que se hicieron con viviendas a cambio de un visado.
A la tensión se sumó un brusco descenso de la construcción de viviendas en toda Europa después de que la invasión rusa de Ucrania hiciera subir los precios de los materiales de construcción y la energía.
Los elevados tipos de interés del Banco Central Europeo, destinados a sofocar la inflación, sacudieron los mercados inmobiliarios de toda Europa.
De España a Suecia, la escasez de viviendas, unida a unos salarios que han subido lentamente, ha dificultado el acceso a casas asequibles.
El problema es tan grave que Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, nombró recientemente un zar de la vivienda para impulsar la búsqueda de soluciones en Europa.
En España, Sánchez advirtió de que la vivienda es uno de los mayores riesgos de Europa.
Es “uno de los principales retos que tienen las sociedades europeas, como la española”, afirmó en una conferencia celebrada la semana pasada en Madrid, declarando que la vivienda asequible debe convertirse en un “derecho” y en un “pilar del Estado del bienestar”.
“Nos estamos enfrentando a un problema grave, muy serio, de enormes implicaciones sociales y económicas, también políticas, que exigen una respuesta decidida del conjunto de la sociedad, y por tanto de las instituciones públicas en primera línea”, añadió.
La urgencia aumentaNo está claro si las propuestas de Sánchez se convertirán en ley.
En el plan que el presidente del gobierno esbozó la semana pasada con 12 nuevas medidas se incluyen exenciones fiscales para los propietarios que bajen los alquileres y propuestas para construir vastas franjas de viviendas de bajo costo en todo el país.
Sánchez dijo que España tenía la proporción más baja de viviendas asequibles de todos los países europeos, un problema que surgió después de que gobiernos anteriores permitieran que muchas se vendieran a inversores privados.
Sánchez dijo que presionará para que una empresa pública de vivienda de reciente creación tenga prioridad sobre los inversores privados en la compra de viviendas y terrenos.
Cualquier medida tendría que ser aprobada por la Cámara Baja del Parlamento español, donde el partido minoritario de Sánchez ha tenido dificultades para sacar adelante proyectos de ley.
Sin embargo, en un momento en que España se ha visto sacudida por las crisis, incluidos los esfuerzos por recuperarse de unas inundaciones devastadoras, las propuestas de Sánchez son una señal de lo apremiante que es la vivienda en España.
En los lugares de vacaciones donde han proliferado los alquileres de corto plazo, la población local ha culpado a los turistas de la escasez de vivienda.
En noviembre, decenas de miles de españoles llenaron las calles de Barcelona para exigir una solución.
El alcalde de la ciudad dijo que para 2028 retiraría las 10 mil licencias que había concedido a propietarios de apartamentos para convertir sus espacios en alquileres de corta duración para turistas.
En Madrid, miles de personas han salido a la calle en los últimos meses para exigir una vivienda más asequible en medio del aumento de los alquileres.
“La vivienda es un derecho, no un negocio”, coreaban las multitudes.
Está prevista otra protesta para el 9 de febrero.
Frente a reacciones similares, los gobiernos de otros países europeos están intentando encontrar sus propias soluciones.
Grecia anunció la congelación en 2025 de las licencias para nuevos alquileres de corta duración en el centro de Atenas, ahora inasequible para muchos griegos que se mudaron después de que en los últimos años se reconvirtieran edificios para alojar a turistas.
En Alemania, el sector de la construcción se enfrentaba a su peor crisis en una generación cuando el gobierno se derrumbó en diciembre, arrojando dudas sobre los paquetes de ayuda multimillonarios que había propuesto el gobierno anterior.
Una serie de importantes empresas constructoras e inmobiliarias se han declarado insolventes, lo que ha reducido la oferta.
Y en Francia, el gobierno ha dicho que quiere construir 30 mil viviendas en zonas prioritarias, principalmente en las que se están construyendo fábricas.
Algunas ciudades, como Lyon y Toulouse, están construyendo viviendas de bajo costo sobre edificios ya existentes.
La ciudad de París está estudiando la posibilidad de convertir en viviendas los espacios de oficinas no utilizados.
“Occidente se enfrenta a un desafío decisivo: no convertirse en una sociedad dividida en dos clases: la de los propietarios ricos y la de los inquilinos pobres”, dijo Sánchez en Madrid la semana pasada.