Los Figueroa tiemblan cada día que pasa ante una inminente deportación del marido, quien fue detenido por acusaciones de droga que no se esclarecieron totalmente, pero que aun así fue enviado directo al Centro de Detención Migratoria de Folkston, Carolina del Norte.
Así, tuvo que dejar a sus siete hijos en manos de la mamá sin trabajo y a él en un torbellino de tensión físico y psicológico.
Las “cárceles de migrantes” que albergan a casi 300 mil personas que enfrentan un proceso de deportación en 40 estados de la Unión Americana son en este momento un polvorín en ebullición entre el estrés de los detenidos, el hacinamiento, la falta de higiene, la precaria salud mental y la violación a los derechos humanos.
Estos lugares son epicentros de una fatal cuenta regresiva: la toma de posesión de Donald Trump el próximo 20 de enero, que promete una repatriación masiva como símbolo de su administración.
“Es un ambiente muy tóxico el que se está viviendo en el interior de los centros de detención”, resumió Israel Concha, fundador de la organización binacional New Comienzos, quien ha solicitado en diversas ocasiones el ingreso a esas instalaciones pero se lo han negado, como han rechazado a la mayoría de organizaciones civiles e incluso a funcionarios de otras áreas del gobierno.
En días pasados, funcionarios del Departamento de Salud (DHO, por sus siglas en inglés) presentaron una demanda por separado para obtener acceso a las inspecciones al Centro de Procesamiento del ICE del Noroeste en Washington (NWIPC, por su siglas inglesas) por denuncias sobre la mala calidad del agua y el aire, los alimentos y la higiene de las instalaciones a las que negaron el acceso.
Se conoce como ICE al Servicio de Inmigación y Control de Aduanas estadunidense.
Este centro –como la mayoría de las 200 instalaciones de procesamiento migratorio, 90 de ellas privadas)– enfrenta acusaciones de maltrato, pero ahí los detenidos realizaron una huelga de hambre a fines de 2023.
Contra ellos las autoridades usaron gases lacrimógenos.
Para sortear la falta de transparencia de ICE, New Comienzos logró posicionar una línea de comunicación con detenidos en Texas, quienes llaman para denunciar situaciones de abusos al interior de las cárceles.
El “Hoyo” es lo peor contra detenidosPero no sólo es el abuso injustificado; también la falta de espacio está provocando riñas y rivalidades entre los detenidos que luchan por mantenerse mentalmente estables, pelear en las cortes, soportar la violencia verbal de los custodios y evitar que los envíen al “Hoyo”, un espacio en el régimen de segregación al que ICE ha enviado alrededor de 14 mil personas entre 2018 y 2023.
El cálculo de la gente perjudicada lo determinó el estudio ‘Una pesadilla sin fin: tortura y trato inhumano en régimen de aislamiento en centros de detención de inmigrantes’, realizado por la organización Médicos por los Derechos Humanos (PHR) en colaboración con la Universidad de Harvard, con base en cifras y entrevistas a las que ICE se opuso hasta que, tras una demanda judicial, un juez ordenó dar acceso.
Según las denuncias que hace el informe, en muchos casos los migrantes detenidos viven en “condiciones inhumanas” entre torturas y tratos crueles que “les han provocado daños cerebrales duraderos, alucinaciones, confusión, alteración del sueño y reducción de la función cognitiva”.
En casos extremos, las estancias en el Hoyo han incluido encadenamientos y encierros sin salir de un cuarto hasta por 22 horas al día; camas de hormigón y luces encendidas día y noche los siete días de la semana, o habitaciones con aire acondicionado para hacerlas “insoportablemente frías”, sin mantas ni chamarras.
Israel Concha dice que los indocumentados que llaman a la organización se han quejado de que los custodios los despiertan para “pasar lista” y en consecuencia les desregulan los ciclos naturales de sueño-vigilia, una práctica que puede provocar desorganización cognitiva, paranoia y alucinaciones.
“Es lo peor que le puede pasar a un migrante detenido”, describió Concha en entrevista con MILENIO ante la preocupación de que los escarmientos de la segregación o el Hoyo se haya convertido en una práctica general, como ya hay indicios.
De acuerdo con el anuario de estadísticas de ICE, durante el año fiscal 2025, en el último semestre en que el Partido Republicano empezó a tener más fuerza con el proyecto en contra de la migración del magnate Donald Trump y hasta su victoria, las segregaciones en los centros de detención sumaron 4 mil 645.
“ICE está confiado sobre lo que viene con Trump y molestan al migrante, a veces en serio, a veces de broma, pero generan mal ambiente”, observó el activista Concha.
“Hace poco llamó un chico para decir que se había contagiado de hongos en los pies y se le pasó a las uñas de las manos porque sólo les dan un botella de cloro pequeña cada semana para limpiar en lugar muy pequeño donde ya había 25 camas y metieron más.
Ahora hay muchas infecciones”, agrega el fundador de New Comienzos.
“A mi esposo le están pagando un dólar al día por trabajar al interior de la prisión y él tiene que hacerlo porque con la comida que le dan se queda con hambre”, advierte la acapulqueña Rosaura Figueroa, esposa del detenido en Carolina del Norte, en entrevista con MILENIO.
El nombre y apellido de la entrevistada –y de su pareja– fueron cambiados en esta nota a petición expresa pues teme que su esposo sea enviado al Hoyo.
Aislamiento: se aplica sin atender las reglasEl problema con la segregación, según los denunciantes, es que el tiempo del castigo o las causas que lo generan queda “a discreción de los oficiales” a pesar de que los reglamentos de ICE establecen que para la implementación debe haber una audiencia que determine la sanción.
Esto permite que los funcionariosusen el aislamiento como un escarmiento sin límites y meten a los inculpados en celdas pequeñas con poco o ningún contacto con otras personas durante días, semanas o incluso años, por razones tan absurdas como que alguien llevó comida a su habitación, que salió a caminar sin uniforme, que usó una estufa para calentar café y hasta por estar deprimido o ansioso.
“Si no haces nada de lo que te piden, es una razón para ir al Hoyo”, reveló en el informe de PHR y Harvard un hombre de 35 años que se encontraba, al momento del estudio, en uno de los Centro de Detención similar al que que se encuentra José Figueroa, el marido de Rosaura Figueroa.
Hasta el momento, ella no ha recibido ningún comentario por parte de su marido acerca de que hubiera sido blanco de una segregación o aislamiento, pero reconoce que el ambiente está tenso dentro del centro de detención con la preocupación de que Trump no respete el debido proceso y simplemente los eche.
Según el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, durante la administración de Joe Biden el 60 por ciento de los migrantes detenidos por ICE no tuvieron un debido proceso, sino que están sujetos a “detención obligatoria” y no tienen derecho a una audiencia de fianza para presentar un caso de liberación.
“Tal vez no me quiere decir lo que vive dentro para no preocuparme más; ya lo pasamos bastante mal sus hijos y yo desde que se lo llevaron”, reconoce Rosaura.
Cada 15 días, ella y sus siete hijos van a visitarlo.
Se miran cara a cara, pero después del saludo no pueden volver a tocarse.
Está prohibido y no se sienten cómodos entre los vigilantes.
Por eso se ponen a hablar de recuerdos, de cuando el padre estaba libre e iban al McDonalds, al mercado de pulgas, al parque.
No podían hacer mucho más: el dinero que le pagan en la industria de la construcción, aunque no es poco, se va como agua con tantos chamacos pequeños que mantener: la mayor de ellos apenas está en la high school, en la preparatoria.
José tiene esperanza de que no lo deporten.
“Mis hijos son estadunidenses y necesitan un padre que los termine de crecer”, le dice a su mujer entre llantos de arrepentimiento por el lío en que se metió.
Sus hijos tienen entre tres y 16 años.
Trump ha dicho que primero echará a gente con antecedentes penales y que tener ahí a su familia no será un obstáculo.
En 2018 implementó una política de separación de familias con bombo y platillo que terminó con casi 5 mil 500 niños separados en la frontera, de los cuales una quinta parte sigue con problemas para la reunificación.
Por ese antecedente los analistas creen que el inminente mandatario seguirá con el mensaje de mano dura.
“Mi esposo se echa a llorar de pensar que ya no podría estar con nosotros, lo veo muy triste”, dice Rosaura.
Afectación a la salud mentalLa depresión por asuntos emocionales es una condición que golpea duro el estado de ánimo en los centros de detención porque carecen de una atención adecuada.
José Figueroa no ha sido evaluado, por ejemplo, a pesar de los síntomas que observa su compañera.
“No sé cómo se comporta con los demás detenidos después de que le cuento por teléfono todo lo que pasamos.
Al principio no lo hacía cuando lo íbamos a ver, pero a veces no puedo más, siento que me ahogo, que no puedo con todo lo que me dejó a mí sola”, revela agobiada su esposa.
En momentos así le ha confesado que pasó seis meses sin encontrar trabajo hasta que una amiga la recomendó en la misma empresa donde ella trabajaba para limpiar casas, pero esta persona se puso celosa, mandó un correo para decir que José estaba preso y que Rosaura era un peligro.
El jefe la llamó y ahora el nuevo trabajo de ésta se encuentra en la cuerda floja.
Además sólo puede laborar medio tiempo para atender a los niños porque dos de ellos ya no querían ir a la escuela después del encierro de su padre.
“Dijeron a los profesores que querían emplearse para ayudarme”, dice Rosaura quien ya está lista para vender la maquinaria que su marido había comprado y con ello pagará algunos meses de renta.
Historias como estas se escuchan en los centros de detención, según el estudio de PHR y Harvard, que ha detectado problemas diversos de salud mental entre los detenidos.
Entre otros, trastornos de estrés postraumático, autolesión y riesgo de suicidio; síntomas persistentes de ansiedad, agorafobia y tendencias obsesivo-compulsivas persistentes.
La coalición nacional Detention Watch Network documentó que la desatención médica para los indocumentados no es sólo para temas psicológicos y psiquiátricos, sino en la atención médica básica como en el caso de José Azurdia, de 54 años, quien se encontraba en el Centro de Detención de Adelanto en California.
El hombre vomitó y un guardia llamó a la enfermera, quien dijo que “no quería ver a Azurdia porque no quería enfermarme”.
A los pocos minutos él tuvo dificultad para respirar, dolor en el hombro y cuello, que eran síntomas claros de un ataque al corazón, pero dejaron pasar dos horas antes de enviarlo al hospital, donde el migrante murió.
“Los centros de detención de inmigrantes son lugares donde la vida corre peligro”, dijo Silky Shah, directora ejecutiva de Detention Watch Network, que expone las injusticias del sistema de detención y deportación con base en los mandatos de la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual ordena garantizar salud, seguridad y alimentación.
Con base en estas faltas, 193 organizaciones enviaron una carta en noviembre pasado al presidente Joe Biden para que frenara con algunas acciones la intención de Trump de ampliar los centros de detención migratoria.
Pidieron, por ejemplo, que congelara los contratos que se estén negociando con corporaciones penitenciarias privadas y otras entidades para expandir la red de centros e implementar medidas que dificulten la habilidad del gobierno de Trump para habilitar nuevas cárceles cuando tome posesión el próximo 20 de enero.
Durante la primera presidencia de Trump, el ICE abrió más de 40 nuevos centros de detención y para su segundo mandato ya busca nuevos espacios de construcción, bajo la lógica de que los necesitará para la deportación masiva que, aunque planea hacerla intempestivamente, en ‘fast track’, necesitará tiempo en muchos casos.
Actualmente, del total de detenidos por ICE, el 14 por ciento es enviado a estos centros para su proceso migratorio, principalmente a aquellos que deciden pelear por quedarse, como José Figueroa en nombre de sus siete hijos estadunidenses.
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