ARTURO MILLET, SENTENCIADO Y PRÓFUGO Sol Yucatán
- El empresario yucateco Arturo Millet Reyes fue sentenciado a prisión y al pago millonario luego de ser encontrado culpable por el robo de tierras. El esposo de la asesora de comunicación y estrategia política del Gobernador está prófugo de la justicia
Redacción/Sol Yucatán
El empresario yucateco Arturo Millet Reyes fue sentenciado a prisión y a un pago millonario tras ser encontrado culpable por el robo de tierras en el oriente del Estado.
La juez Claudia Crisol Antonio Mayor lo sentenció a 7.5 años de prisión y al pago de 71 millones 800 mil pesos por reparación del daño.
Millet Reyes es esposo de Gabriela López Gómez, quien, durante los gobiernos de Ivonne Ortega Pacheco, Rolando Zapata Bello y ahora de Joaquín Díaz Mena, ha sido la asesora de cabecera en comunicación y estrategia política de los mandatarios.
La ex senadora morenista por Quintana Roo fue quien llevó la campaña de Díaz Mena y ahora es la encargada de la estrategia política.
Por lo cual la resolución judicial es de gran repercusión, debido a que Millet Reyes es considerado como uno de los cabecillas de la llamada mafia inmobiliaria no solo en Yucatán, sino en Quintana Roo en especial en la zona de Holbox, Tulum, Playa del Carmen e Isla Mujeres.
El empresario enfrenta varias denuncias relacionadas con fraude y robo de tierras en Yucatán y Quintana Roo.
De acuerdo con fuentes del poder Judicial de Yucatán, Millet Reyes, tiene 15 denuncias por fraude y despojo, las cuales se encuentran bajo proceso judicial y por cuyos procesos podría enfrentar nuevas sentencias.
Por el momento, Millet Reyes está prófugo de la justicia, es decir, no ha sido detenido, ni tampoco se ha presentado ante las autoridades para que comience a purgar su condena.
Su defensa adelantó que impugnará la resolución de la juez.
Es la segunda sentencia que recibe Millet Reyes, debido a que en el 2022 la juez segundo de lo penal condenó al empresario a 4 años de prisión y al pago de 2.8 millones de dólares (56 millones de pesos) por reparación del daño a favor de un grupo de empresarios quienes le entregaron esa cantidad de dinero para la adquisición de 13 predios, de los cuales nunca entregó las escrituras.
Sin embargo, desde la primera sentencia no se le ha podido detener a pesar de que de acuerdo con fuentes ha acudido a reuniones con políticos de la actual y anterior administración estatal.
Es decir, entre las dos sentencias acumula más de 11 años de cárcel y el pago de al menos 127 millones de pesos por reparación del daño por los fraudes cometidos en el ramo inmobiliario.
Sin embargo, no tendría problema para pagar, debido a que su fortuna se calcula en al menos unos 3 mil millones de pesos, dado que es dueño de al menos 20 empresas inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
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