Visión financiera/Georgina Howard Quadratín México

A revisión proyectos inmobiliarios sin permiso en la CDMX

El desmesurado crecimiento de los proyectos inmobiliarios de oficinas y departamentos de lujo en toda la ciudad, que no cuentan con los permisos de construcción respectivos, es uno de temas que revisará como prioridad Clara Brugada, al inicio de su gestión, al frente del Gobierno de la Ciudad de México.

Frenar los abusos del cartel inmobiliario fue una de sus principales promesas de campaña y ahora será una de sus principales acciones como principal autoridad de la capital.

Sobre su escritorio se encuentra la denuncia de vecinos de las colonias Reforma Social, Lomas de Barrilaco y Lomas de Chapultepec, sobre la posibilidad de que se reactive un proyecto inmobiliario que se canceló desde hace 9 años y que amenaza con reactivarse.

Se trata del proyecto a cargo de Grupo GICSA, propiedad de Abraham, Isaac y Elías Cababie Daniel, en avenida Palmas, número 915, en donde se construirá un edificio de 17 pisos, más 11 de estacionamiento, en una superficie de 8 mil metros cuadrados, que albergará departamentos de lujo, oficinas y hasta un centro comercial.

El proyecto fue suspendido en 2015 por el gobierno central de la CDMX, porqué violaba disposiciones ambientales y habitacionales. Sin embargo, GICSA ya está preparado para reactivarlo.

Vecinos afectados señalaron que esperan una respuesta positiva de Brugada para que la inmobiliaria no ponga en marcha el proyecto, ya que del gobierno central de la CDMX dependen gran parte de los permisos de una obra de esas proporciones, que tendría un impacto negativo en la zona.

Los afectados, aglutinados en diversas agrupaciones civiles, están dispuestos a dar una batalla legal en caso de que la obra se reinicie, tras 9 años de haber quedado suspendida.

*** Lecciones europeas para casineros mexicanos

El rezago en la actualización de la Ley de Juegos y Sorteos en México es un problema que se buscará combatir en el marco del SBC Summit en Lisboa, Portugal; evento clave para la industria del juego que reunirá a más de 500 CEO’s y 25 mil delegados de toda Europa, convirtiéndose en un foro para intercambiar ideas y experiencias que puedan impulsar la modernización del sector.

Los casineros mexicanos llegan a este encuentro representados por Miguel Ángel Ochoa Sánchez, presidente de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta (AIEJA) y buscando aprender de los avances en Europa para aplicarlos a un mercado que ya genera más de 200 mil empleos y aporta alrededor de 12 mil millones de pesos anuales en impuestos.

La urgencia radica en el desfase que guarda la Ley de Juegos y Sorteos de 1947, la cual ha quedado rebasada frente al dinamismo actual del sector, especialmente con la aparición de los casinos en línea y otras formas modernas de juego.

Al respecto, la AIEJA y su titular han insistido en la necesidad de una reforma que no sólo regule la actividad, sino que también fomente un entorno de juego responsable y transparente.

El SBC Summit también servirá como plataforma para que México explore nuevas oportunidades de inversión y atraiga capital extranjero, a fin de convertir al país en un referente regional, impulsando la economía y creando más fuentes de empleo.

Países como Portugal han logrado implementar normas que equilibran el crecimiento de la industria con la protección de los consumidores. Estos modelos de regulación podrían servir de inspiración para que la reforma en México vaya más allá de simples ajustes legales y se convierta en un mecanismo que garantice un entorno de juego seguro y justo para todos.

La llegada de la nueva administración de Claudia Sheinbaum ha generado expectativas sobre la posibilidad de implementar un marco regulatorio que permita un mayor crecimiento de la industria. El desafío es que la reforma no sea un cambio superficial, sino una transformación que impacte de manera positiva en la economía y sociedad mexicana.

*** Laboratorio en NL suma acreditación de la EMA

El Laboratorio para Ensayo de Materiales de Construcción de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Nuevo León, fue acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), que dirige María Isabel López.

Esta certificación que se otorgó en las ramas de construcción y metal mecánica, valida la capacidad del laboratorio para realizar pruebas esenciales en materiales como concreto, suelos, rocas y mezclas asfálticas, así como pruebas destructivas en metales.

Asimismo, se destaca su competencia técnica, además de contar con personal capacitado y un sistema de gestión eficaz, características  fundamentales para asegurar la seguridad de las edificaciones y, por ende, la protección de los ciudadanos. Sin duda, resalta la importancia de garantizar la seguridad y calidad en la construcción, un sector que contribuye con el 8% del PIB de Nuevo León.

La acreditación de la EMA no solo es un reconocimiento, sino también un compromiso con la seguridad de los ciudadanos, asegurando que los materiales utilizados en las edificaciones cumplen con las normativas más rigurosas.

*** Auto Dinero bajo la lupa

TOME NOTA *** La reciente compra de Auto Dinero por parte de EZ Corp, la mayor propietaria de casas de empeño en América del Norte, ha levantado polémica debido al historial oscuro de la firma mexicana. Bajo la dirección de Jorge Felipe Hernández, Auto Dinero registra más de 60 quejas ante Profeco, relacionadas con fraude, incumplimiento de contratos, y la utilización de bienes robados como garantía.

Además, desde 2017 opera sin un registro válido en el Registro Público de Casas de Empeño, lo que agrava la preocupación por su legalidad. EZ Corp, a pesar de estos antecedentes, decidió concretar la compra de esta casa de empeño especializada en préstamos automotrices.

La incorporación de Hernández al equipo de la firma estadounidense genera inquietudes, especialmente porque la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga posibles vínculos de la compañía con esquemas de lavado de dinero.

Las denuncias por prácticas irregulares continúan acumulándose, por lo que la situación podría tener implicaciones legales importantes en un futuro no tan lejano.

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