El testigo protegido condicionó dar más información sobre los 43 a su amnistía, señala la Covaj en su tercer informe

Acapulco, Guerrero, a 26 de septiembre de 2024.-  El tercer informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) señala que el testigo protegido Gildardo López Astudillo, El Gil, condicionó dar nueva información de la ubicación de los estudiantes a la amnistía para él, y que no se extradite a un líder de alto nivel de otra organización criminal.

López Astudillo fue reaprehendido el 5 de septiembre pasado por una orden de captura de 2016. Su primera detención fue en septiembre de 2015, pero salió libre en 2019 como consecuencia de la sentencia de un  Tribunal Colegiado, que invalidó decenas de testimonios bajo el supuesto de la sospecha de que los quejosos fueron torturados. En los cinco años siguientes fue testigo estrella de la Fiscalía General de la República (FGR) y dio información para encontrar fragmentos óseos de dos de los 43 normalistas desaparecidos.

El segundo reporte del presidente a los padres

Durante la conferencia matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador leyó el segundo reporte en el que indica que confió la responsabilidad de castigar a los responsables y castigar a los jóvenes a Alejandro Encinas Rodríguez para hacer acuerdos.

“De esa forma pudimos avanzar, pues a cambio de detener la extradición a Estados Unidos de Abigael González Valencia, presunto miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo aceptó colaborar en calidad de testigo protegido con el resultado de identificar a dos normalistas”.

“Sin embargo, no ha sido posible avanzar más porque el personaje principal que mencioné, que permanece en la cárcel, no ha mostrado voluntad para seguir cooperando, aun cuando él tiene la comunicación y el contacto con otros integrantes de la organización Guerreros Unidos, policías municipales de Iguala, Cocula y autoridades locales que saben de lo ocurrido o participaron en la desaparición de los jóvenes”.

En esta parte de la lectura, López Obrador dijo ayer en referencia a Abigael Gónzalez, que “él no tuvo una participación directa, sino en la cárcel conoció a muchos de los que participaron en la desaparición de los jóvenes. Y él pidió, porque se está solicitando su extradición a Estados Unidos”.

“Como tiene relación con ellos, con algunos de los que participaron, y a nosotros lo que nos interesa es encontrar a los jóvenes, dijimos: ‘vamos a esperar a tener la información, porque es lo más importante’. Entonces, a sabiendas de que él podía ayudar en esto, se le permitió ser trasladado, incluso a un penal distinto”.

En otra parte de la carta a los padres, el presidente de México subraya: “Es importante aclarar que aun cuando no existe ninguna prueba de que el Ejército haya participado en la desaparición de los jóvenes, hemos actuado en contra de los militares que pudieron haber cometido los delitos de vinculación con la delincuencia organizada, o de omisión al no haber actuado para evitar los actos de violencia en contra de los jóvenes”.

El caso Ayotzinapa “es un expediente abierto y si nosotros no podemos esclarecerlo, deseo de todo corazón que lo logre la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, una mujer de principios, convicciones y partidaria de la justicia”, concluye el mandatario.

Los anexos del segundo reporte incluyen seis cartas de intercambio entre México e Israel, entre las que se incluyen la solicitud de extradición de Tomás Zerón, y cuatros oficios de la Sedena relacionados con la solicitud de los padres de entregar los documentos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI), la reactivación en 2023 de las 16 órdenes de aprehensión contra militares, canceladas en septiembre de 2022, y la imputación de dos integrantes de la Secretaría de Marina (Semar).

Tercer informe de la Covaj

El tercer informe de la Covaj de la Secretaría de Gobernación (Segob) rememora que Juan, del que se sabe que es El Gil, colaboró por cinco años como testigo desde octubre de 2019, después de ser exonerado por desvanecimiento de casos y supuesta tortura derivada de la sentencia del amparo en revisión 203/2017 del Tribunal Colegiado de Tamaulipas.

La información que compartió sirvió para encontrar a dos normalistas. “Se le dio protección y recompensas. Sin embargo, posteriormente condicionó nueva información de la ubicación de los estudiantes a la amnistía y la no extradición de un líder de alto nivel de otra organización criminal, con quien el testigo colaborador ya había trabajado para tener los primeros hallazgos”.

La Covaj informa que “la extradición de ese personaje se ha diferido. En septiembre de este año, la comisión de funcionarios dialogó con dicho líder criminal. La respuesta del Gobierno de México fue puntual: si en un breve plazo proporcionaba información veraz de la ubicación de los jóvenes desaparecidos y las pruebas de identificación genética daban positivo, podría continuar sus procesos penales en México y obtener, para quienes le ayudaran, la amnistía y recompensas”.

“Al momento de redactar este informe, el diálogo continúa, aunque no se ha recibido ninguna información”, señala el documento dado a conocer ayer.

El documento de 112 páginas plantea que en el primer reporte de López Obrador a los padres “se plantearon las dos visiones desde las que hoy se discute públicamente este importante caso”.

“La primera pone énfasis en la participación directa del Ejército en la desaparición de los jóvenes y es impulsada por organizaciones defensoras de derechos humanos, así como por agencias y organismos internacionales”, acusa la Covaj.

“En las investigaciones solo se ha documentado la presencia de elementos del ejército el día de los hechos en las calles, el C4, hospitales y en la comandancia de la policía municipal”.

El informe indica que “la segunda visión enfatiza la responsabilidad del grupo criminal denominado Guerreros Unidos, conocido por el uso de violencia extrema que operaba en esa zona, quienes actuaban en contubernio con autoridades locales. Las organizaciones, periodistas y organismos internacionales han minimizado este enfoque. No obstante, la identificación de dos de los estudiantes desaparecidos fue a través de información proveída por ellos”.

El mecanismo acota: “esta visión no excluye las omisiones o responsabilidades de personas o autoridades que tuvieron conocimiento en estos hechos”.

La Covaj reporta 294 sitios de búsqueda en lo que va de 2024 y en lo que va del gobierno suman 858 sitios en 9 municipios: Cocula, Cuetzala del Progreso, Eduardo Neri, Huitzuco, Iguala, Totolapan, Taxco Teloloapan y Tepecoacuilco.

De las investigaciones, la Covaj informa que hay 151 personas procesadas, de las cuales 39 son de Guerreros Unidos, 88 son policías (48 de Iguala, 16 de Huitzuco, 2 de Cocula, 10 estatales, 6 federales y 6 federales ministeriales), 16 militares, 5 exfuncionarios de la PGR, un expresidente de Iguala, una expresidenta del DIF y un elemento de la Marina.

Del total de personas procesadas, 120 están detenidas bajo prisión preventiva y 31 “personas están compurgando medidas cautelares diferentes a la prisión, tales como la firma periódica ante los juzgados, no salir del país, la imposición de fianzas, no acercarse a las víctimas y resguardo domiciliario”.

De octubre a la fecha se han cumplimentado 23 órdenes de aprehensión contra Guerreros Unidos, policías de Iguala, Cocula y Huitzuco, y militares.

La Covaj recuerda que 60 órdenes de aprehensión pendientes de cumplimiento y tres procesos de extradición, que son Tomás Zerón, el ex juez de barandillas, Ulises Bernabé, y el ex mando de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Abraham Eslava Arvizu.

Critica la sentencia que puso fin al amparo en revisión 203/2017 resuelto por el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito con residencia en Tamaulipas que sirvió como instrumento para liberar 65 personas porque concluyó que sus declaraciones fueron obtenidas mediante tortura, pese a que 30 no se les practicó el Protocolo de Estambul y de los 35 restantes, sólo 7 dieron positivo de tortura y 28 negativo, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El informe de la Covaj destaca la entrega de 18 folios del CRFI del Ejército en el adendum al segundo informe de la comisión y 15 más el 3 de junio pasado, al igual que de 85 documentos relacionados con los 868 folios que piden los padres de los 43 ser entregados.

Texto: Ramón Gracida Gómez

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