La realidad distorsionada de la 4T Diario.mx
Ciudad de México.- El reciente comentario de Andrea Chávez, senadora de Morena, afirmando que en México “no existen desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales ni tortura” es un claro ejemplo de desconexión con la realidad que vive el país. Estas declaraciones no solo son profundamente insensibles, sino que también representan un nivel de cinismo que raya en la falta de respeto hacia las miles de víctimas y sus familias que sufren diariamente por la violencia en México.
De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Gobernación, en México desaparecen en promedio 25 personas al día. A este problema se suma un ambiente de violencia generalizada, con un promedio de 92 asesinatos diarios, reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. A pesar de esta devastadora realidad, Chávez se atreve a sugerir que el país no enfrenta una crisis de inseguridad, todo esto en un esfuerzo por defender la militarización y la incorporación de la Guardia Nacional bajo el control del Ejército.
Este tipo de comentarios no solo minimizan el sufrimiento de miles de familias, sino que también promueven una narrativa falsa que busca justificar una estrategia de seguridad fallida. La militarización impulsada por el presidente López Obrador ha sido duramente criticada por organismos de derechos humanos y la sociedad civil, quienes señalan que lejos de reducir la violencia, ha permitido que las Fuerzas Armadas mantengan un rol predominante en asuntos civiles sin la rendición de cuentas necesaria.
El impacto de la militarización en México, particularmente bajo el mando de la Guardia Nacional controlada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), plantea graves riesgos para los derechos humanos y la seguridad civil. En lugar de priorizar una estrategia de seguridad que se centre en la prevención del delito y el fortalecimiento de las instituciones civiles, el gobierno de López Obrador ha optado por ampliar el papel de los militares en tareas de seguridad pública. Esto ha resultado en un aumento en las quejas de abusos por parte de las Fuerzas Armadas, incluidos casos de detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y tortura. Esta tendencia, lejos de resolver el problema de la violencia, ha perpetuado un círculo vicioso donde la militarización responde a la violencia con más violencia.
El cinismo detrás de los comentarios de Andrea Chávez parece ser parte de una estrategia mayor del actual gobierno para desviar la atención de los problemas estructurales que enfrenta México. Al minimizar la gravedad de las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, la senadora no solo ignora las cifras contundentes de la Secretaría de Gobernación, sino que también desacredita los esfuerzos de miles de activistas y familiares que luchan por justicia. La Comisión Nacional de Búsqueda ha señalado que, desde el inicio del sexenio de López Obrador, se han registrado más de 40 mil nuevas desapariciones, lo que contradice directamente las declaraciones de Chávez.
Es fundamental cuestionar no solo las palabras de Andrea Chávez, sino también la política de seguridad que está detrás de sus afirmaciones. La apuesta por una solución militarizada ha demostrado ser insuficiente y, en muchos casos, contraproducente. El despliegue masivo de la Guardia Nacional, que ahora opera bajo la Sedena, ha sido incapaz de reducir significativamente los índices de criminalidad y, en cambio, ha ampliado el poder de los militares en áreas donde debería prevalecer la autoridad civil. México necesita una política de seguridad que no solo aborde la violencia de manera efectiva, sino que también respete y proteja los derechos humanos.
Es inaceptable que figuras políticas como Andrea Chávez trivialicen la situación de violencia y desaparecidos en México. ¿En qué país vive? Porque ciertamente no es el mismo México donde 112 mil personas siguen desaparecidas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Negar esta realidad es una afrenta a las víctimas y a la lucha por justicia que llevan adelante miles de familias mexicanas.
