Llama Inmujeres a Congreso de Puebla a despenalizar el aborto Quadratín México
CIUDAD DE MÉXICO, 15 de julio de 2024.- El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), a través de su Consejo Consultivo, y en coordinación con la Secretaría Técnica de la Junta de Gobierno, organizó el foro Despenalización del aborto en México, reconociendo y garantizando derechos, donde hizo un llamado al Congreso del Estado de Puebla a despenalizar dicha práctica.
Se prevé que este 15 de julio el Pleno del Congreso local discuta el dictamen sobre la despenalización del aborto.
Ante ello, la presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman Zylbermann pidió que se analice y discuta con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género el dictamen en el que se modifican diversas disposiciones del Código Penal de Puebla, con el objetivo de despenalizar la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación.
Recordó que en Puebla se ganó un amparo impulsado por las organizaciones GIRE, Odesyr y Cafis. De acuerdo con la sentencia del 14 de octubre de 2022, se declaró la inconstitucionalidad del artículo 340 del Código Penal, por lo que para garantizar la efectividad de la sentencia resultan indispensables las reformas pertinentes en materia penal.
Puebla es uno de los estados más poblados del país, con altos índices de embarazo no deseado.
«Enfatizamos que la penalización del aborto no evita su práctica; mujeres, adolescentes, niñas y personas con capacidad de gestar quedan expuestas a realizarse procedimientos inseguros, antihigiénicos y riesgosos que ponen en peligro su vida y vulneran sus derechos sexuales y reproductivos, así como el derecho a decidir sobre su cuerpo”, afirmó.
Reafirmó el compromiso del Inmujeres de trabajar con los poderes del estado de Puebla, para que las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos y accedan a servicios de salud integrales y de calidad, de manera para que puedan disfrutar mayor bienestar y mejores condiciones de vida.
El evento contó con la participación de servidoras públicas de la Secretaría de Salud; Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de os Trabajadores del Estado (Issste), así como académicas, representantes de organizaciones ciudadanas, personas activistas, entre ellas Católicas por el Derecho a Decidir, GIRE, Centro de Mujeres, Marea Verde Guerrero, Abortistas MX, Repare, Artemisas por la Equidad, el Grupo Feminista 8 de Marzo de Chihuahua, y demás consejeras que integran los órganos auxiliares del Inmujeres, así como sectores interesados en la defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Justicia reproductiva
Las participantes reflexionaron sobre los desafíos en la implementación del aborto en México desde una perspectiva de justicia reproductiva, analizando tanto los avances legislativos como la despenalización social, considerando los procesos regionales y su impacto en las entidades que avanzan en la despenalización jurídico-legislativa.
Nadine Gasman presentó en conferencia un recorrido sobre las principales sentencias jurídicas que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); la inconstitucionalidad de criminalizar el aborto; la inconstitucionalidad de la protección de la vida desde el momento de la concepción y la regulación de los límites de la objeción de conciencia, así como los principales avances normativos.
En el foro se compartieron experiencias regionales que aportaron una visión plural desde las voces de las organizaciones ciudadanas en las entidades donde el aborto ya se ha despenalizado, resaltando su participación en estos procesos.
Uno de los puntos cruciales abordados fue la disparidad entre los avances legislativos y la despenalización social del aborto. Aunque varios estados concretaron avances significativos en la despenalización vía legislativa, la aceptación social y la implementación efectiva aún enfrentan grandes desafíos.
La temporalidad de la legalidad del aborto en casos de violencia sexual y la negativa a eliminar el aborto de los códigos penales estatales siguen evidenciando el estigma que persiste, particularmente entre quienes legislan, y la influencia de intereses políticos ajenos a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos
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