La mina de Aznalcóllar supera los trámites medioambientales para abrir en 2027 y los ecologistas reclaman un nuevo análisis Infobae
El nuevo proyecto minero de Aznalcóllar, en Sevilla, ha superado los trámites ambientales, un paso fundamental para su puesta en marcha. La mina, que estará a cargo de Minera Los Frailes, ha recibido la Autorización Medioambiental Unificada por parte de la Junta de Andalucía, y se espera que todas las licencias necesarias se completen en el último trimestre de este 2024. Esto permitiría que las obras de construcción comiencen rápidamente y que la extracción de minerales se inicie a finales de 2027. Sin embargo, Ecologistas en Acción reclama “un nuevo análisis” científico y técnico antes de dar el paso.
La aprobación medioambiental por parte de la Junta implica que el proyecto ha superado uno de los mayores desafíos: la gestión y vertido de aguas. Las autoridades aseguran que se han tomado todas las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de vertido tóxico en el río Guadalquivir, una preocupación fundamental después de lo ocurrido hace más de dos décadas, en la catástrofe natural de 1998, debido a la ruptura de la balsa de residuos de metales pesados en el complejo minero, gestionado en ese momento por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa), y cuyos vertidos acabaron en el parque nacional y Natural de Doñana.
El Consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, junto con el Consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, han informado de que se cumplirán “al cien por cien” todas las garantías ambientales y han destacado que nunca se va a permitir ningún vertido tóxico al Guadalquivir, asegurando así que el proyecto no repetirá errores pasados.
El ejecutivo andaluz ha insistido en que se trata de un proyecto nuevo, que no tiene “nada que ver” con el que provocó el desastre, ya que es otra mina en el mismo sitio y no una reapertura de la anterior. De hecho, esta será una mina subterránea.
Los ecologistas reclaman un nuevo análisis
El grupo medioambiental Ecologistas en Acción ha instado a un análisis exhaustivo sobre el impacto ambiental del proyecto de reapertura de la mina, tras las acusaciones de incumplir la concesión al verter aguas sin tratar, según ha anunciado su portavoz, Isidoro Albarreal, en una rueda de prensa.
Ecologistas en Acción advierte que el plan podría liberar al río Guadalquivir unos 85,520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados, afectando a una Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000.
Los nombres de los metales involucrados incluyen arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo, selenio y zinc. La empresa, por su parte, argumenta que se utilizará una estación depuradora de agua avanzada y se desarrollarán nuevas infraestructuras hídricas para gestionar los residuos mineros, propuesta que cuenta con el respaldo de la Junta de Andalucía.
Sin embargo, Albarreal cuestiona la viabilidad de que una empresa privada invierta cerca de cien millones de euros en transformar agua contaminada en casi potable para verterla al Guadalquivir, en lugar de reutilizarla para riego o el propio recinto. A su juicio, el vertido al Guadalquivir responde a la necesidad de contar con un aliviadero ante incidentes con el agua.
El pueblo “llora de alegría”
El alcalde del pueblo, Juan José Fernández, ha declarado que su municipio celebra “llorando de alegría” la noticia de que la mina local ha sobrepasado los trámites ambientales necesarios para reanudar su actividad. Fernández ha expresado su agradecimiento a la Junta de Andalucía, particularmente a las consejerías de Desarrollo y Sostenibilidad e Industria y Minas, por su labor.
Según Fernández, esta autorización es el resultado “de una lucha incansable en el tiempo de un pueblo que jamás perdió la esperanza” de recuperar una parte vital de su identidad, y que la reapertura de las instalaciones mineras proporcionará “trabajo, pan y techo” a los residentes del municipio.
La mina, que explotará sulfuros polimetálicos, promete generar aproximadamente 2.000 empleos directos e indirectos. La creación de estos puestos está proyectada para la fase de construcción y los tres primeros años del proyecto, que tiene una duración esperada de 20 años, incluyendo tres años iniciales para la puesta en marcha y 17 años de explotación.
