CAMPAÑA DE ODIO Sol Yucatán
- Mercenarios de la política
- Decepcionan los debates
Alejandro A. Ruz/Sol Yucatán
Las próximas elecciones por realizarse en este junio 2 de 2024 en México, no sólo marcan un proceso democrático crucial para elegir a los próximos líderes que dirigirán los destinos y otros que ocuparan puestos clave en el país, sino que también revelan una preocupante tendencia: el recrudecimiento de la violencia política en todas sus formas.
Es un hecho lamentable que, a pocos días de los comicios, la lista de aspirantes y candidatos asesinados continúe creciendo. Muchos otros han optado por retirarse de la contienda política debido a amenazas provenientes del crimen organizado, de partidos políticos, cárteles de la droga y delincuencia común, entre otros actores.
En este contexto surge una interrogante inevitable: ¿Qué es lo que hace que los cargos públicos, desde la alcaldía hasta la presidencia, sean tan codiciados por los políticos, a pesar de los riesgos evidentes y las trágicas consecuencias que algunos enfrentan? La respuesta podría residir en el poder, las dádivas, los moches y los multimillonarios recursos que estos cargos representan.
Resulta desconcertante observar cómo los candidatos invierten sumas exorbitantes de dinero en sus campañas electorales, repartiendo basura electoral y contaminando nuestras ciudades, no solo en la generación de desechos sino también la contaminación visual, con recursos que bien podrían ser destinados a atender las necesidades más urgentes de la población.
¿Acaso no sería más sensato emplear esos fondos para combatir el hambre que afecta a muchos mexicanos, mejorar los salarios de los educadores que forman el futuro del país, o ampliar la infraestructura de salud para reducir la mortalidad causada por enfermedades perfectamente prevenibles y tratables?
Es evidente que existe una desconexión entre las prioridades de los políticos y las necesidades reales de la sociedad.
En lugar de buscar el bienestar y el progreso colectivo, más bien parecen enfocarse únicamente en sus intereses personales y de grupo.
La violencia política, que cobra vidas y mina la confianza en nuestro sistema democrático, es una amenaza constante que ya sentó sus reales en nuestra entidad.
Y debido a esta encrucijada política y social que enfrentamos, el llamado a fortalecer nuestras instituciones democráticas y erradicar la corrupción y la impunidad es obligatorio y un imperativo ineludible.
No podemos negar que este fenómeno de la violencia política tiene raíces profundas, arraigadas en la corrupción y la impunidad que corroen nuestras estructuras gubernamentales, pero que también han sido importadas por algunos institutos políticos que contratan asesores extranjeros, a quienes no les importa afectar a los mexicanos.
Y es que la connivencia entre actores políticos y grupos de interés oscuros ha permitido que la corrupción se enrede en el tejido de nuestras instituciones, debilitando su capacidad para servir a la sociedad de manera justa y equitativa.
Las ambiciones políticas de los mercenarios de la administración pública han impedido que México y en especial Yucatán, sean espacios donde la política sirva para el bien común y no una fuente de conflicto y violencia, pero para ello se requiere que quienes ostentan el poder del Estado momentáneamente, tengan una voluntad política real.
En cada ciclo electoral, el espectro del fanatismo y la violencia política llama a nuestras puertas, pero nadie se ha preguntado ¿quiénes realmente se benefician de este clima de confrontación y polarización?
Ya es hora de mirar más allá de las manifestaciones en las calles, con acarreados para mostrar un aparente poder de convocatoria y músculo político. Ya basta de los debates televisados para desenterrar una supuesta verdad incómoda que yace bajo la superficie.
En épocas electorales, hay quienes se enriquecen con el caos, la división y el miedo. Los líderes políticos oportunistas, los grupos extremistas y los poderes fácticos encuentran terreno fértil en la discordia sembrada entre ciudadanos, manipulando sus emociones y alimentando un fervor ciego que solo sirve para socavar la estabilidad social.
Y es que el fanatismo político, lejos de ser una mera expresión de pasión cívica, se convierte en una herramienta para desestabilizar y subvertir el proceso democrático. ¿Quiénes son estos actores que se benefician del caos electoral? ¿Son aquellos que explotan las grietas de la sociedad, sembrando odio y división en busca de poder y control?
¿Son los líderes que sacrifican el bienestar común en el altar de sus propios intereses políticos?
¿Son los grupos extremistas que buscan radicalizar a las masas para promover su agenda ideológica?
¿Son los poderes fácticos que mueven los hilos detrás de escena, manipulando a la opinión pública y minando la legitimidad de las instituciones democráticas?
¿Son aquellos que pagan gacetillas en los medios impresos y digitales, y que arrojan unos centavos a los reporteros y periodistas para que socialicen sus mentiras y acusaciones, generalmente falsas?
Pero señalar con el dedo no es suficiente. Es hora de tomar medidas concretas para poner fin a esta peligrosa dinámica.
Las autoridades electorales tienen el balón en su cancha, a ellos les compete frenar estas acciones, y que recuerden que la impunidad solo alimenta el ciclo de violencia y corrupción.
Ya es imperativo ejercer acciones punitivas contra los responsables de amenazas y crímenes electorales, sin importar su posición política o su poder económico.
Las autoridades están obligadas a investigar de manera exhaustiva cualquier denuncia de violencia política, garantizando que los responsables sean llevados ante la justicia y enfrenten las consecuencias de sus acciones.
Urgen medidas para proteger a los candidatos y a los ciudadanos que participan en el proceso democrático, asegurando que puedan expresar sus opiniones libremente sin temor a represalias.
Pero igualmente los líderes deben abstenerse de utilizar un lenguaje inflamatorio que incite al odio, pues ellos son los que ejercen, con los ataques a sus opositores, la violencia política.
La competencia política debe basarse en ideas y propuestas, no en descalificaciones personales o ataques “ad hominem”.
Ya es hora de que la política sea un vehículo para el progreso y la justicia, en lugar de un campo de batalla marcado por la violencia y la discordia.
Decepcionan los debates
Por otra parte, el reciente despliegue de debates entre los aspirantes a la alcaldía de Mérida y al gobierno de Yucatán generó más decepción que claridad en el panorama electoral. Lo que prometía ser un espacio para el intercambio de ideas y propuestas constructivas se convirtió en un triste espectáculo de acusaciones mutuas y escasas manifestaciones de políticas concretas.
El lamento por la calidad de estos debates se extiende más allá de la mera discrepancia sobre quién salió victorioso. La audiencia, ávida de información relevante y análisis serios, se encontró con un lamentable desfile de ataques personales y eslóganes vacíos.
Es necesario recordar que, en el ámbito político, las acusaciones deben ir acompañadas de pruebas contundentes.
La ausencia de fundamentos sólidos para respaldar las denuncias arrojadas durante estos encuentros solo sirve para socavar la confianza en el proceso democrático.
Resulta especialmente preocupante el papel desempeñado por las autoridades electorales, representadas por el INE y el IEPAC en el estado, quienes parecen haber olvidado su responsabilidad de garantizar la transparencia y la equidad en la contienda.
En lugar de fomentar un debate informado y enriquecedor, su intervención se limitó a facilitar un espacio para el intercambio de descalificaciones sin sustento.
Asimismo, es necesario reflexionar sobre el relego de las asociaciones civiles en este escenario. Como voces representativas de diversos sectores de la sociedad, estas organizaciones tienen el derecho y la responsabilidad de participar activamente en el proceso electoral, cuestionando a los candidatos y exigiendo respuestas claras sobre los temas que preocupan a la ciudadanía.
Así es como los recientes debates electorales en Mérida y Yucatán han sido una oportunidad desperdiciada para el fortalecimiento de nuestra democracia.
¿Qué quién ganó? Todos los candidatos, con publicidad en un escaparate pagada por los contribuyentes. La única perdedora fue la sociedad que esperaba propuestas y no descalificaciones.
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