Concluye Senado polémico, omiso de desacatos Rio19

Ciudad de México.- La generación de senadores de la República que concluye hoy martes su trabajo ordinario hizo historia por violar en 48 ocasiones la Constitución, al aprobar 35 leyes impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dejar sin nombramientos a siete instituciones del Estado, incumplir con sus obligaciones de transparencia, negarse a emitir tres leyes ordenadas por la Carta Magna y tener bancadas de un partido político inexistente o con menos de cinco integrantes.

Además, la generación de senadores que comenzó a trabajar en septiembre del 2018 y que estuvo dominada política y administrativamente por Morena se convirtió en la primera con 35 chapulines, con resoluciones de jueces que le exigen trabajar y en tener legisladores tan polémicos que lo mismo se fueron de pinta a Egipto, que patearon personas en el patio, que fueron grabados al recibir fajos de dinero, los acusaron de usar el dinero público para editar sus libros y hasta ordenaron el sacrificio de una gallina.

Este martes concluyen los seis años de trabajo ordinario de los senadores que surgieron de las urnas en 2018 y que por primera vez colocaron como primera fuerza política a un partido político diferente a los históricos PRI y PAN, así como el partido que abrió la presencia opositora en el Senado en 1988: el PRD.

Una mayoría que si bien logró en las urnas, vio incrementada con los acuerdos que encabezó su coordinador, Ricardo Monreal, que de entrada logró que los militantes del Partido Verde, quienes llegaron de la mano del PRI, rompieran con esa coalición y se convirtieran en aliados de Morena; además, logró un acuerdo con la dirigencia nacional de Partido Nueva Alianza para que las senadoras que llegaron también de la mano del PRI se fuera a Morena.

La nueva composición mayoritaria del Senado, que colocó a las tres tradicionales fuerzas políticas dominantes durante 30 años como minorías legislativas obligó a emular lo ocurrido en 1997 en la Cámara de Diputados, cuando el PRI perdió por primera vez la mayoría absoluta en esa Cámara: que se juntaran las minorías para frenar a la mayoría morenista.

Contener a la aplanadora.
Así, hacia finales del año 2018, los entonces coordinadores parlamentarios del PAN, Rafael Moreno Valle; del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong; de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado y del PRD, Miguel Ángel Mancera, todos exgobernadores, anunciaron la conformación del llamado Bloque de Contención, con el propósito de frenar las decisiones que implicaran mayoría calificada en el Senado, es decir, reformas constitucionales y nombramientos, para lo cual esas cuatro fuerzas políticas iban a trabajar como un solo cuerpo legislativo y con esa dinámica emprendieron la nueva historia del Senado.

La conformación de ese Bloque de Contención o bloque opositor decidió utilizar los recursos constitucionales y legales para hacer frente a las decisiones de Morena, producto de imposiciones y negativas a incluir el punto de vista de las minorías.

De esa manera, los opositores en el Senado escribieron una historia que convirtió al Senado en las LXIV y LXV Legislaturas en el cuerpo colegiado que más recursos de revisión constitucional se han interpuesto en su contra, ya sea por las propias minorías dentro de él, como por instituciones autónomas como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), cuando estuvo presidida por Luis Raúl González Pérez; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Instituto Nacional Electoral (INE) e incluso por las dirigencias nacionales de los partidos políticos de oposición.

Entre los años 2019 y 2024 se han interpuesto 35 acciones de inconstitucionalidad contra decisiones asumidas por la aplanadora morenista en el Senado y en la Cámara de Diputados. Hasta el momento, 21 ya fueron consideradas inconstitucionales de manera total o parcial por el voto de la mayoría calificada del Pleno de la SCJN, según los registros públicos de la propia Corte y de los senadores de oposición.

Diversas reformas a las leyes nacionales, generales y federales han sido invalidadas por la Corte, ya sea por la violación a los procedimientos internos de las Cámaras o por el contenido inconstitucional que tienen.

Los cambios no consensuados en las leyes federales de Remuneraciones de los Servidores Públicos, de Austeridad Republicana, de Revocación de Mandato, de Telecomunicaciones y Radiodifusión; a las leyes generales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de Salud, de Educación, de Partidos Políticos, del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y las leyes nacionales de Extinción de Dominio, Sobre Uso de la Fuerza, del Registro de Detenciones, fueron invalidados por los ministros de la Corte.

Como también algunas partes de las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de la Fiscalía General; de la Guardia Nacional, de la Industria Eléctrica y los dos paquetes de reforma electoral.

De acuerdo con el contenido de las reformas impugnadas, el freno impuesto desde la decisión de los máximos jueces constitucionales del país, a petición de las minorías legislativas del Senado, permitió que se evitara la ambigüedad en que había quedado el salario de los servidores públicos; la objeción de conciencia en materia de salud; echó abajo la pretensión del expresidenta de la SCJN, Arturo Zaldívar, de quedarse dos años más en su cargo, a pesar de que no lo permite la Constitución.

De igual manera se dio marcha atrás a leyes que pretendían impedir que un servidor público no pudiera emplearse en el sector privado al menos durante 10 años; que se obligara a los ciudadanos a dar todos sus datos biométricos a expendedores de telefonía celular, sin contar con control de seguridad alguno para el manejo de los datos; que se impusiera una ley sobre la educación indígena sin haber consultado a las comunidades indígenas.

Que se diera manejo discrecional a la Secretaría de Hacienda para usar el dinero que los partidos políticos regresaran a la Tesorería Federal; que se impidiera a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) atender las quejas de las minorías legislativas ante decisiones internas del Senado y la Cámara de Diputados; que la Guardia Nacional se militarizara o que los llamados factureros fueran tratados como terroristas, al equiparar el delito con temas riesgos de la seguridad nacional.

Aunque la LXIV fue la primera Legislatura que instauró un récord de reformas impugnadas ante Corte, es en este 2023 que la LXV Legislatura tuvo el mayor número de leyes y reformas cuya aplicación está en revisión de la Corte, porque las violaciones al debido proceso pusieron en duda la legalidad de 14 decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación.

En una revisión de las acciones de inconstitucionalidad presentadas por año, se observa que en el 2019 fueron cinco; en el 2020 otras cinco y en el 2021 seis; en el 2022 fueron otras cinco y en todo este año del 2023 suman 14, la mayoría producto de la llamada noche negra, cuando el Senado violó todos sus procedimientos internos para aprobar un paquete de 20 reformas y nuevas leyes.

El bloque opositor en el Senado presentó 12 acciones de inconstitucionalidad para impugnar el maratón de 20 reformas aprobadas en fast-track en la llamada noche negra del pleno senatorial donde sólo estuvieron los senadores de Morena, Verde, PT y PES.

Cada decreto fue impugnado en dos aristas de inconstitucionalidad, una por la violación al debido proceso legislativo y otra por el contenido mismo de la norma legal aprobada.

A esos 12 se suma la acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma legal que desapareció los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, así como otra acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Federal de Derechos, porque otorga a los militares la facultad de quedarse con los ingresos de la nación provenientes de la actividad turística, para trasladarlos al Tren Maya.

Hasta el momento, el pleno de la Corte ha resuelto 21 de las 35 acciones de inconstitucionalidad, de acuerdo con la revisión de las resoluciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación; sólo en una ocasión no se procedió a considerarla inconstitucional, como es el caso de la reforma a la Ley del Servicio Eléctrico, pero la votación obtenida en el pleno permite a los jueces declararla inconstitucional en los juicios de amparo.

RÉCORD DE NOMBRAMIENTOS NO REALIZADOS
Pero además de violar la Constitución con la emisión de 35 decretos que estuvieron o están en la Corte, el Senado también violó la Constitución, al no concretar nombramientos en siete instituciones del Estado.

La propia relación de convocatorias y procesos legislativos abiertos al respecto, que se pueden consultar en la página web dan cuenta de esas omisiones.

No eligió a los tres comisionados del Inai. No eligió a cinco magistrados del TEPJF. No eligió a magistrados electorales estatales de las 32 entidades federativas. No eligió a los 10 integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No nombró a integrantes del Consejo Consultivo en materia educativa. No nombró a los consejeros del Sistema Público de Radiodifusión. No eligió al presidente o presidenta del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Para el caso del Inai, el incumplimiento constitucional del Senado generó una crisis institucional que fue necesario que la Corte resolviera hacia agosto del año pasado, al permitirle al pleno sesionar sólo con cuatro de sus siete integrantes, a pesar que la ley se lo prohíbe; además, le ordenó en dos ocasiones nombrar a los comsionados y lo desacató; hay tres requerimiento de jueces que también ignoró.

TRANSPARENCIA
Aunque el Inai le entrega cada año un reconocimiento por el cumplimiento en sus compromisos de transparencia, lo cierto es que desde 2019 el Senado dejó de cumplirlos.

En la página web del Senado ya no es posible conocer la nómina, la relación de trabajadores liquidados y los montos entregados, el número de trabajadores, el dinero que le da a las bancadas y las comisiones dejaron de publicar los proyectos de dictamen a los que están obligados, como se puede comprobar con una visita a la página web oficial de la institución.

OMISIONES Y JUECES
La actual generación de senadores también incumplió mandamientos constitucionales para emitir la ley que reglamente la consulta indígena; la referente a los castigos por delitos contra personas trans y la que repone el fondo para el desarrollo de la industria cinematográfica. Los oficios fueron notificados oficialmente al pleno del Senado en diferentes fechas.

No es la primera vez que una Legislatura incumple un ordenamiento Constitucional para emitir una ley; de hecho, desde la LXII Legislatura se está en falta porque no se ha creado la ley que reglamenta la autonomía del Coneval, pero sí es la primera vez que los senadores reciben requerimientos de jueces que otorgan amparos a los ciudadanos interesados en estas leyes y que acuden a los mecanismos de ley para exigir a los senadores que se pongan a trabajar; suma ocho requerimiento judiciales al respecto, de acuerdo con las resoluciones conocidas por el pleno.

BANCADAS INCONSTITUCIONALES
Aunque intentó una reforma para que los órganos judiciales no se metan en sus decisiones de vida interna, el Senado incurre en violaciones constitucionales con artilugios como la existencia del “momento fundacional” para mantener vivos grupos parlamentarios que no cumplen con las órdenes constitucionales, de acuerdo con la explicación de los propios senadores.

Durante seis años existió un grupo parlamentario con el nombre de un partido político nacional que no existe ya, en el cual están senadoras que llegaron por Morena, pero que de esta forma obtiene más dinero para subvenciones y pago de trabajadores, según las reglas administrativas del Senado.

Además, se mantuvo la existencia del grupo parlamentario del PRD, que si bien llegó con seis integrantes, se quedó con tres y aun así lo mantuvieron; ahora, volvió a tener cinco integrantes, pero sólo en los últimos cinco días de trabajo ordinario.

La Constitución establece de manera explícita que los grupos parlamentarios deben estar integrados al menos por cinco legisladores y deben corresponder a partidos políticos con registro nacional, lo cual no se cumplió en ninguna de las dos bancadas.

ESCÁNDALOS Y SACRIFICIOS
Y esta actual generación de senadores también pasará a la historia, porque fue la primera con el mayor número de integrantes que han generado polémica y por el uso diferente que les han dado a las instalaciones del Senado y a su nombre, como se comprueba en diferentes momentos en las páginas de Excélsior, que ha dado cuenta de cada uno de ellos.

El expresidente del Senado y hoy candidato al gobierno de Puebla, Alejandro Armenta, convirtió la tribuna en la estantería de sus libros; además, durante un año se dedicó a entregar “reconocimientos” del Senado, con el escudo oficial de la institución, a diversos grupos sociales de Puebla; una inédita entrega de reconocimientos como si tuviera una imprenta propia.

Pero además, el actual Senado cuenta entre sus legisladores con Claudia Balderas, que llegó por Morena y ahora es del PRI y que se hizo famosa por tres cosas: un novio que fue detenido por posesión de drogas, patear a su prima, ebria, en el Patio del Federalismo y dejar de pagar la renta de la casa donde vivía.

De igual manera, la morenista Rocío Abreu fue escándalo mediático cuando apareció en un video en una oficina donde le entregaron fajos de billetes. Ella dijo que fue para repartir programas sociales en las comunidades donde no llegan los bancos, en su natal Campeche.

Sergio Pérez Flores, hoy vicepresidente del Senado, se hizo famoso en redes sociales hace un par de años, cuando en una sesión pública a distancia pidió que se corrigiera un dictamen, porque tenía una falta de ortografía. Para él, el concepto de husos horario se escribe sin hache; es decir, “usos horarios”, pero no es así.

Sasil de León, coordinadora de la bancada del PES; Geovanna Bañuelos, coordinadora de la bancada del Partido del Trabajo, y Raúl Paz, de Morena, dijeron que iban a acudir a la reunión internacional de la COP realizada en Egipto y la verdad resultó que pidieron dinero para irse de viaje, porque jamás estuvieron acreditados. Al ser descucubiertos fueron obligados a regresar todo el dinero.

Y hace sólo unos días, el oaxaqueño Adolfo Gómez reventó las redes sociales y generó un escándalo cuando decidió hacer una ceremonia al dios Tláloc para pedir que llueva e incluyó el sacrifició de una gallina, por lo cual será sancionado por la Mesa Directiva y pesan sobre él dos denuncias en instancias de la Ciudad de México.

LEGISLAR EN TIEMPOS DEL CÓLERA
Pero la LXIV y la LXV Legislatura también se convirtieron en estos seis años en una de las más violentas verbalmente, no sólo dentro del pleno y las comisiones, sino por los diferendos de Morena con el Poder Judicial.

En octubre del 2020, luego de la aprobación de la eliminación de los fideicomisos, en el pleno del Senado comenzaron a registrarse los ataques verbales, que se incrementaron con el constante chapulineo de sus integrantes, hasta sumar 35 que llegaron por un partido y hoy están e otro.

Los casos más extremos son los de Alejandra León, que llegó como Morena, después se fue al PT, luego al nuevo Grupo Plural, de ahí a Movimiento Ciudadano y la semana pasada regresó a Morena. Y el de Verónica Camino Farjat, quien llegó como priista en alianza con el PVEM, pero decidió quedarse en el Verde y de ahí se fue a Morena. Y a ellas se suma Israel Zamora, que llegó con el PRD, pero después se fue al Verde y ahora concluye como parte de Morena.

Pero aunque son 35 los senadores que se movieron de grupos políticos, la que genera mayor agresiones es Lilly Téllez, que llegó por Morena y desde hace tres años es parte del PAN. A ella la atacan constantemente en comisiones y en el pleno y ella les responde a sus excompañeras.

Aunque cada sesión fue un momento para la confrontación verbal, fueron tres los momentos más tensos que se vivieron dentro del pleno.

El primero fue el el 4 de octubre del 2022, cuando visiblemente molesta, la morenista Lucía Trasviña se acercó a la panista Lilly Téllez para espetarle en la cara que “yo no soy hiena”, mientras levantó los brazos, frente al rostro de la panista, quien a pesar de pensar que la iba a golpear, no se echó atrás y le dijo a la morenista: “eres una corrupta”.

No soy corrupta”, le dijo Trasviña, pero sin inmutarse, sin echarse atrás, Lilly Téllez le respondió: “lo eres. Están encubriendo al crimen organizado; están encubriendo al crimen organizado”.

Las morenistas reventaron en ira, porque Lilly Téllez les llamó hienas, pero además, trató con severidad a Napoleón Gómez Urrutia, quien quería hacerle una pregunta y ella, le ordenó: “¡sentado y callado, Napoleón! Después hablará usted. ¡Sentado y callado y espere sus croquetas!”, le dijo y al volver a su escaño, la alcanzó la morenista campechana Rocío Abreu, quien le gritó ahí mismo en su escaño.

La segunda fue el 27 de abril del 2023, cuando Morena faltó al acuerdo de nombrar a los comisionados del Inai y la oposición tomó la tribuna, e impidió que continuara la sesión, lo que generó tensión, desde la cual el morenista César Cravioto le pegó en la mano a la panista Guadalupe Saldaña, cuando ella intentaba sostener la megalona que tenían los opositores para protestar y el morenista trataba de impedir que lo hiciera.

Y la tercera fue este 25 de abril cuando el perredista Miguel Ángel Mancera y el morenista César Cravioto estuvieron a punto de liarse a golpes, luego que el morenista insinuara que Mancera es el responsable de la desaparición de fondos para la reconstrucción en la Ciudad de México y éste le recordara que el único que ha sido acusado públicamente de quedarse con el dinero es Cravioto.

Una dinámica de gritos, groserías en tribuna y la existencia de carteles, mantas gigantes, señas y hasta acusaciones de vida íntima que jamás se habían registrado.

PLEITOS CON EL PODER JUDICIAL
El 14 de diciembre del 2023, por primera vez el Presidente de la República designó de manera directa a Lenia Batres como ministra de la SCJN, luego que el Senado no logró el consenso para colocarla en el pleno del tribunal constitucional. Y eso también marca a la actual generación de senadores como los únicos que no participaron de este proceso que es compartido entre senadores y presidentes de la República, primero desde la figura de la objeción y después como legisladores electores.

Las diferencias políticas entre los dos bloques políticos en el Senado mostraron que no tenían punto de coincidencia, pues el Bloque de Contención se mostró inconforme con el perfil de militantes e incondicionales que mandó el Ejecutivo federal para que las evaluara, como lo relató este diario durante el año pasado.

Y porque Morena en el Senado se convirtió en un repetidor de las descalficaciones del Ejecutivo federal contra la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña. Alejandro Armenta, como presidente del Senado, y Ricardo Monreal, como presidente de la Junta de Coordinación Política, expresaron críticas a la ministra; declaraciones que no eran comunes en el Senado respecto al Poder Judicial.

Los senadores de Morena forman parte de los grupos morenistas que promueven votos para su partido, con la promesa de destruir al Poder Judicial, en apego a las propuestas de reformas constitucionales del Presidente de la República, en una dinámica que muestra una unidad que jamás tuvieron en realidad, pues desde 2019, cuando Martí Batres intentó mantenerse en la presidencia del Senado y se topó con la mayoría de Ricardo Monreal para impedirlo, hasta abril del 2023, cuando todos los morenistas votaron en contra del compromiso de su coordinador, Monreal, de elegir a los comisionados del Inai, la unidad morenista en el Senado se mantuvo al filo de la ruptura.