Turbulencias Infobae

Si bien la inflación pareciera continuar un sendero descendente que podría alcanzar el objetivo de un dígito el próximo abril, todos los indicadores evidencian que la transición del segundo al tercer trimestre será muy complicada.

Es que en un contexto en el que el ajuste fiscal -una de las anclas antinflacionarias para el gobierno- se explica fundamentalmente por los brutales recortes en la obra pública (88%), las transferencias a provincias (77%), los subsidios económicos (54%), las jubilaciones (38%) y los programas sociales (20%), los interrogantes sobre la sostenibilidad de estas políticas se agigantan, y comienzan a dejar en evidencia no solo la falta de un plan de estabilización para el mediano plazo, sino también la enorme dificultad del gobierno para plasmar las reformas estructurales con fuerza de ley.

Lo cierto es que el mix de “licuadora” y “motosierra” puede haber sido efectivo para reducir fuerte y rápidamente el déficit fiscal en el corto plazo, erigiéndose además en un relevante anclaje para el combate contra la inflación, pero muy difícilmente sea sostenible en el mediano y largo plazo. Sobre todo, porque el “costo” de estas políticas de shock ha sido enorme: una caída de 16% de la recaudación fiscal en términos reales (20% en el caso del IVA) como consecuencia de una caída del consumo que en las ventas minoristas ya está en casi el 13% interanual, una caída salarial que en el sector privado alcanzaría ya el 25%, y que en jubilaciones y asignaciones familiares seria del 30% en cuatro meses.

Por otra parte, los inminentes aumentos en las tarifas eléctricas (desde abril) y de gas (desde mayo), pondrán más presión sobre los precios relativos, e incidirán en los ingresos familiares a niveles inéditos.

En este marco, abundan los escépticos respecto a la tan mentada recuperación “en V” a la que apuesta el oficialismo. Si bien en función de la magnitud de la caída de los salarios e ingresos es esperable un rebote que estimule la demanda y la progresiva superación del escenario recesivo, los daños en materia de la baja productividad de la economía derivados en gran medida de años de crisis y la actual estanflación seguramente le pondrán un techo no solo a la magnitud, sino al ritmo de la recuperación.

No obstante estas enormes dificultades que ya se avizoran en el horizonte, el Gobierno y el Presidente siguen contando con el aire que le insuflan las encuestas de imagen y aprobación de gestión, aunque ello exija profundizar una narrativa anticasta que además de fastidiar a potenciales aliados o incluso colaboradores -como el PRO- y generar incertidumbre respecto al inminente tratamiento de la nueva ley de bases, ya evidencia flagrantes contradicciones que, más temprano que tarde, acabarán por horadar la imagen del gobierno.

Con respecto a la actitud del PRO, como de la mayoría de la UCR y Hacemos Coalición Federal, si bien es cierto que reconocen que se han hecho concesiones importantes (por ejemplo, se acotaron las emergencias y delegaciones, se redujeron la cantidad de empresas a privatizar, y se suavizó una reforma laboral que se plasmaría en un proyecto aparte redactado por la UCR), en la Cámara de Diputados crece el fastidio y el desconcierto con el modus operandi libertario.

La falta de negociadores con poder de decisión que hablen en nombre del presidente y puedan cerrar acuerdos, la falta de gestos para contener a los bloques aliados, las explosivas diatribas de Milei en los medios “amigos”, la ausencia de prioridades claras entre los diferentes ejes que integran la ley, la apertura a conflictos que muchos entienden podrían evitarse (como la inclusión del Banco Nación en la lista de empresas a privatizar), son algunas de las quejas que se escuchan en el Salón de los Pasos Perdidos de la cámara baja, allí donde impacta a los visitantes el enorme cuadro de los constituyentes de 1853, aquellos que dieron forma a la carta magna inspirada en las ideas de un Alberdi con las Milei dice querer entroncar su proyecto.

Lo cierto es que no son pocos los que consideran que el Gobierno no solo peca de un exceso de optimismo derivado de las encuestas y de los “filtros burbuja” que les muestran las redes sociales, sino que también parece estar repitiendo algunos de los errores que llevaron al fracaso del primer debate en febrero, produciendo un hecho inédito en los 40 años de democracia recuperada: en cuatro meses, y a pesar de la conocida “luna de miel” de la que gozan los mandatarios electos, el Poder Ejecutivo no logró que el Congreso apruebe o dé media sanción a uno solo de sus proyectos.

Mientras ello ocurre, las contradicciones comienzan a ser cada vez más difíciles de disimular, aún tras el barniz de la narrativa anticasta. Un gobierno que supuestamente llegó para dejar atrás el “populismo” reproduce muchos rasgos de este tipo de liderazgos altamente personalistas; arremete contra medios y periodistas, amedrentándolos con nombre y apellido; alimenta internas que se dirimen con métodos tan desprolijos como crueles (como la salida de Oscar Zago de la jefatura del bloque en Diputados); no oculta especulaciones electorales con una Karina Milei que abiertamente está abocada al armado político de unas elecciones para las que falta nada más ni nada menos que un año, entre otras actitudes y tensiones propias de la política tradicional que tanto se dice denostar.

Ni hablar de la actitud de un gobierno que en una de sus primeras medidas dicto un amplio decreto que desreguló mercados y liberó precios en áreas como la salud, y que hoy recurre a la Comisión de Defensa de la Competencia por los aumentos de las prepagas, denunciando lo que fue una histórica cartelización. Lo mismo cabe para un presidente que considera al Estado como un aparato criminal y a los impuestos como un “robo”, hoy está impulsando la reversión de los cambios en el régimen del impuesto a las ganancia que él mismo había votado como diputado el año pasado. Así, un gobierno que supuestamente llegaba para bajar la carga tributaria, en cuatro meses de gestión no solo mantiene el impuesto PAIS y las retenciones sino que está por restituir un impuesto al trabajo que golpeara aún más los salarios.

Un Presidente que se ufana de decir que su “Norte es Murray Rothbard”, quien escribió que “las funciones del Estado se dividen en dos: las que se pueden privatizar y las que se pueden eliminar”, parece chocar de frente contra la dura realidad que rehúye de esquemas rígidos y modelos teóricos dogmáticos.

Así las cosas, una pregunta se impone -entre tantas-: ¿Hay una comprensión de que la realidad de gobernar es más difícil que la que se enfrentaba como polemista de televisión? ¿Hay una suerte de giro pragmático que puede conducir eventualmente a una mayor moderación?

En todo caso, habrá que ver cómo reaccionan en los meses sucesivos aquellos que aplaudieron a un presidente que decía preferir cortarse un brazo antes que subir impuestos, que prometía una inminente dolarización, que aseguraba que el ajuste solo lo pagaría la casta, que se acabarían los privilegios y curros, y que la luz al final del túnel brillaría muy pronto manteniendo viva la ilusión de una transformación de proporciones históricas.

Los tiempos se aceleran y el Gobierno se adentra en una zona de violentas turbulencias con muchos desafíos y una manifiesta debilidad política. Una vez más, la incertidumbre domina un escenario en el que el gobierno cuenta como principal fortaleza, el “favor” de una opinión pública que como ha demostrado no solo la sociología política sino la historia reciente puede ser extremadamente fluida y volátil.