La preocupante situación en Pataz: 15 torres dinamitadas a pesar de ser declarada en estado de emergencia Infobae
La ciudad de Pataz, en la región de La Libertad, atraviesa una situación alarmante que la hace parecer como tierra de nadie. A pesar de haber sido declarada en estado de emergencia por el Gobierno debido a la alta actividad criminal en el norte del país, la violencia persiste y se intensifica.
El 5 de abril pasado, la Mina Poderosa fue objeto de dos ataques violentos perpetrados por presuntos mineros ilegales, quienes destruyeron dos torres de alta tensión. Este acto de vandalismo dejó un saldo trágico: un muerto y dos heridos.
Sin embargo, la magnitud de la situación va más allá. Según Pablo de la Flor, encargado de Comunicaciones Corporativas de Minera Poderosa, hasta la fecha se han dinamitado un total de 15 torres en la zona. Este dato es aún más preocupante si recordamos que en diciembre del año pasado, diez trabajadores perdieron la vida y al menos 15 resultaron heridos en otro atentado.
“Es una situación realmente inexplicable y sumamente compleja por lo que involucra y por los antecedentes. El accionar de estos elementos criminales de mineros ilegales con maleantes que se han coludido. Ya llevamos 15 torres dinamitadas y a esto hay que sumar la lamentable pérdida de vidas que ha generado estos enfrentamientos en el pasado”, expresó De la Flor.
La cifra de muertes vinculadas a la minería ilegal es escalofriante y no parece detenerse, a pesar de la presencia de 300 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Ejército en la zona, como parte de la declaratoria de emergencia. Sin embargo, para los residentes de Pataz, esta medida “no funciona”.
Intervención de las Fuerzas Armadas
El general EP David Ojeda Parra, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CC.FF.AA.), y el general de la Policía, Martín Villalón Trillo, visitaron la provincia de Pataz un día después de los ataques. Según una nota de prensa de la institución, el propósito de la visita fue “supervisar las acciones y operaciones militares ejecutadas por el Comando Unificado Pataz, conformado por personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional”, desplegado en la zona desde la declaratoria de emergencia en febrero pasado.
Las Fuerzas Armadas buscan intensificar las actividades de inteligencia para capturar a los responsables de los recientes actos criminales en la región de La Libertad. Actualmente, según El Comercio, hay 510 agentes resguardando la zona, entre miembros del comando unificado del Ejército y efectivos policiales.
“El área es muy extensa, lamentablemente no podemos estar con en efectivos en cada torre como nosotros quisiéramos y entonces, aprovechando estas especiales circunstancias, cometen estos crímenes”, informó el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.
Alianza del crimen organizado con la minería ilegal
Los acontecimientos en Pataz ponen de manifiesto la complejidad y los desafíos que enfrentan las operaciones mineras en la región de La Libertad, destacando los impactos de la derogación de la legislación contra la minería ilegal por parte del Congreso de la República.
Según Pablo de la Flor, los ataques no solo representan un peligro para la infraestructura y el personal de Minera Poderosa, sino que también evidencian las tensiones en torno a la minería ilegal y su impacto en la industria legalmente establecida y en las comunidades locales.
El vocero de la minera señala que existe una alianza entre los grupos criminales y la explotación minera no regulada, lo que agrava la situación de seguridad en la zona. La minería ilegal se ha vinculado con otras formas de criminalidad, como el narcotráfico, complicando aún más el panorama.
“Hay un matrimonio perverso entre criminalidad y minería ilegal que ha tenido expresiones notables en La Libertad, donde esta confluencia de minería ilegal y criminalidad ha tenido efectos nefastos”, explicó el gerente de Asuntos Corporativos de la compañía.
La situación en Pataz continúa siendo crítica y demanda una respuesta integral por parte de las autoridades para salvaguardar la seguridad de la población y frenar el avance de la minería ilegal y sus vínculos con el crimen organizado.
