Imputan a expresidente de Argentina, Alberto Fernández, por malversación de fondos Excelsior

AFP | D.
RodríguezEl expresidente argentino Alberto Fernández fue imputado este jueves por supuesta malversación de fondos por la contratación irregular de seguros para empleados públicos.
En su primera imputación como expresidente, fue acusado de haber contratado un "bróker y empresas privadas" para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante su gobierno, informó la agencia oficial Telam.
Te recomendamos: Bukele prohibirá la enseñanza de la ideología de género en escuelas de El SalvadorAdemás del expresidente, quien entregó el mandato el 10 de diciembre al ultraderechista Javier Milei, también fueron imputados el extitular de la empresa pública Nación Seguros, Alberto Pagliano, y el bróker, Héctor Martínez Sosa, esposo de la histórica secretaria privada de Fernández, María Cantero.
Esto "sin perjuicio que el devenir de la investigación coadyuve a conocer la participación de otras personas en las maniobras denunciadas", añade el dictamen del fiscal federal Ramiro González.
La causa recayó en el Juzgado federal número 11, a cargo del magistrado Julián Ercolini, quien deberá ahora ratificar o rechazar la imputación.
Ercolini dijo que no había recibido aún el documento, si bien confirmó que el fiscal González en efecto lo había dictaminado.
El martes, el expresidente peronista había intentado desligarse de este escándalo y responsabilizó a su secretaria.
"Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo (.
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) No puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó", dijo al diario La Nación.
Alberto Fernández fue presidente de Argentina entre 2019 y 2023 por el Frente de Todos (centro-izquierda peronista).
Su gestión atravesó la pandemia de covid-19 y la renegociación de una deuda de la gestión anterior, la más alta de la historia que el Fondo Monetario Internacional otorgó: 57 mil millones de dólares, de los cuales Argentina recibió 44 mil millones.
Su gobierno estuvo signado por discusiones al interior de la coalición gobernante y un aumento de la inflación, la pobreza y la indigencia, aunque también de la actividad industrial y de la tasa de empleo.
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