SEGALMEX tiene más DESFALCOS y ANOMALÍAS MILLONARIAS, así como debilidades administrativas

Las irregularidades financieras en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) siguen presentándose, pues la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó ahora un posible daño al erario que se gestó en el organismo en el 2022, por más de 177 millones de pesos, con lo que el monto pendiente que tiene por aclarar a la Federación, desde su creación, asciende a poco más de cuatro mil millones de pesos.

• Como parte de la tercera entrega de la Cuenta Pública 2022, presentada ayer a la Cámara de Diputados, la ASF indicó que se determinaron observaciones por 177 millones 854 mil 262 pesos correspondientes al organismo alimentario, identificado como la Conasupo de la 4T.
• Una de las causas de esta anomalía fue el pago de un millón 113 mil pesos para el Servicio Administrado para Equipamiento de Centros de Acopio de 64 unidades móviles y otros.
• Tampoco se realizaron pagos por sets de laboratorios, transportadores helicoidales y equipos de pesaje incompletos, y no aplicó deductivas correspondientes de los equipos reportados como reparable e inservible por 16 millones 471 mil pesos.

Además, rebasó el porcentaje máximo autorizado por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en 13.7 por ciento, equivalente a ocho millones 92 mil pesos.

Asimismo, no acreditó la existencia de 66 unidades vehiculares identificando la ubicación y resguardo, respecto de los servicios de arrendamiento de montacargas y unidades vehiculares sin opción a compra, por 18 millones 739 mil pesos.

• Tampoco aplicó penas convencionales correspondientes a los días de atraso entre el traslado del grano del almacén de origen al almacén destino, del servicio de flete terrestre, por un millón 460 mil pesos, y del periodo de atraso en la entrega de los servicios de origen de destino por 125 millones 527 mil pesos. A esto se suman anomalías que figuran en el mismo sentido.
• Derivado de esto, se determinaron cinco recomendaciones, cuatro promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 11 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 10 pliegos de observaciones.

Una de las promociones de responsabilidad se emitió para que el Órgano Interno de Control en Diconsa, una de las filiales de Segalmex, realice investigaciones y, de considerarse necesario, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de servidores públicos que, al recibir costales de polipropileno para el programa Precios de Garantía, no verificaron que se cumplieran especificaciones técnicas fijas en el contrato que se firmó con Abacomex.

Segalmex fue fundado en el 2019 por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo específico de garantizar la autosuficiencia alimentaria de maíz, trigo, arroz y frijol.

El 25 de octubre pasado, la diputada panista María Elena Pérez-Jaén denunció en conferencia que las irregularidades de Segalmex, pero también las de Liconsa y Diconsa, sumaban 20 mil millones de pesos pendientes de aclarar entre los tres organismos, cifra que llegó a reducirse hasta en poco más de 50 por ciento, debido a las aclaraciones que se han hecho.

Anomalías y debilidades administrativas

Pese a cambiar a buena parte de sus directivos, el refuerzo de los mecanismos de vigilancia y la restructuración adoptada para corregir los vacíos que permitieron el millonario desfalco financiero cometido en los dos primeros años de existencia de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), las autoridades fiscalizadoras han encontrado recientemente nuevas anomalías millonarias y debilidades administrativas y de control interno en la paraestatal y sus empresas Liconsa y Diconsa.

• De acuerdo con La Jornada, quien consulto documentos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia indican que la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha detectado inconsistencias por más de 700 millones de pesos en contrataciones, problemas en el control y ejercicio de recursos fiscales, anomalías en controles administrativos y falta de procedimientos para el cumplimiento de los programas institucionales.
• En Diconsa, una auditoría externa a los estados financieros de la empresa correspondientes a 2022 encontró incumplimientos de control interno que, en opinión de los auditores, incrementan el riesgo de no detectar fraudes.

De acuerdo con informes de auditorías concluidas entre abril y octubre pasados por la SFP, Segalmex debe aclarar el destino de 699 millones de pesos empleados en contrataciones para el traslado de mercancías en 2022, año en que Ignacio Ovalle dejó la dirección del organismo por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió posibles faltantes por cerca de 15 mil millones de pesos, los cuales, según la SFP, ya se han ido aclarando.

El Órgano Interno de Control (OIC) –que representa a la SFP en Segalmex– fiscalizó el ejercicio de 2 mil 717 millones de pesos del gasto corriente de la paraestatal correspondientes a 2022. Entre otras anomalías, consignó que se contrataron diversos servicios para el transporte de maíz, con un presupuesto total de 655 millones de pesos con empresas como Productores del Valle, a la que otorgó un contrato por 303 millones de pesos para trasladar 40 mil toneladas del grano, o Almacenes y Servicios Santa Rosa, a la que contrató por 100 millones de pesos para mover 13 mil toneladas.

Adicionalmente, Segalmex pagó 43 millones de pesos a Soluciones Logísticas Inteligentes por fletes de otras mercancías.

No obstante, las Gerencias de Recursos Materiales, de Servicios Generales y de Operaciones no entregaron al OIC los documentos que acrediten el cumplimiento de los servicios pagados.

Existe falta de controles para la integración documental, comprobación, supervisión y verificación por parte de las áreas administradoras de los contratos celebrados con respecto al cumplimiento de los servicios prestados por parte de los proveedores, concluyó el OIC.

• Otras revisiones hechas por los OIC de Diconsa y Liconsa revelan probables irregularidades por 11 millones de pesos en el uso de recursos fiscales del programa de precios de garantía, falta de claridad en el ejercicio de recursos públicos destinados al almacenamiento de maíz, deficiencias en el uso de 3 millones de pesos en contratos para el traslado de leche, pagos de viáticos superiores a lo permitido por 215 mil pesos, entre otras anomalías financieras.
• En Diconsa, el despacho privado Mazar Auditores revisó los estados financieros de 2022. En el informe que entregó a la SFP consignó que la empresa no cuenta con documentación actualizada de su sistema de control interno, lo que incrementa el riesgo de que ocurran errores o posibles distorsiones intencionales sin que sean detectadas y corregidas con oportunidad.

Además, observó en diversas áreas cuentas sin soporte documental, con antigüedad superior a un año sin movimiento, saldos contrarios a su naturaleza.

Nuestro trabajo reveló que el control interno de Diconsa, incluyendo los controles generales de tecnología de la información, presenta debilidades significativas en los procesos de control y registro de los rubros de derechos a recibir efectivo o equivalentes, control de inventarios, ingresos y generación e integración de información contable, financiera, presupuestal y fiscal, señalan los auditores, que recomendaron que se restablezca el sistema de control interno para prevenir incorrecciones materiales en los estados financieros, debidas a fraude o error.

Los bonos basura de Segalmex

De acuerdo con información de El País, la compra ilegal de bonos basura con recursos públicos es uno de los mayores fraudes hallados en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), la tienda de abasto gubernamental creada para proveer a los más pobres de productos básicos. La Fiscalía General de la República (FGR) señala que funcionarios de la compañía desviaron 950 millones de pesos para la compra de instrumentos financieros prohibidos por la ley.

La FGR sostiene que el desfalco ocurrió estrictamente en la Administración de Andrés Manuel López Obrador, en la que se creó Segalmex. De acuerdo con los documentos oficiales a los que tuvo acceso El País demuestran que el negocio de la compra de bonos de riesgo comenzó desde antes, en los últimos dos años del Gobierno del priista Enrique Peña Nieto, concluido en 2018. Y no solo eso. En algún punto entre 2017 y 2020, fueron robados más de 435 millones de pesos de otras inversiones que tenía la tienda gubernamental en bancos y casas de bolsa. Pese a que la evidencia forma parte de la propia investigación de la Fiscalía, los funcionarios del peñismo involucrados en el fraude no han sido llamados a cuentas.

• El País ya había documentado que el fraude de los bonos en Segalmex fue parte de una estafa Ponzi más grande, que fue replicada en otras instituciones públicas y que ha provocado una sangría sin fin a la Hacienda pública. En el centro de esa trama corrupta figuran dos empresarios, René Dávila de la Vega y Roberto Guzmán García, y sus compañías Corafi y Escorfin.

En el esquema de defraudación participa una compleja red de brokers, banqueros, casas de bolsa, funcionarios públicos y decenas de empresas fachada y testaferros usados para el blanqueo del dinero desviado. Los tesoreros de instituciones gubernamentales invierten recursos públicos en bonos de deuda emitidos por una casa de bolsa, con la promesa de que se les devolverán con rendimientos anuales del 11% (amén del pago de un soborno).

• Los bonos están respaldados en fideicomisos vacíos, constituidos previamente por las empresas de Dávila y Guzmán y la casa de bolsa. Se trata de una estafa Ponzi porque, cuando llega el momento de pagar los compromisos, los empresarios aplican el mismo modelo, por un monto mayor, con otra institución pública.

En el caso del fraude en Segalmex, la Fiscalía ha capturado a René Gavira Segreste, el primer director de Administración y Finanzas de la paraestatal, al que acusa de mal uso de recursos públicos, por haber invertido 950 millones de pesos en la compra de los bonos —oficialmente llamados certificados bursátiles fiduciarios. Por el mismo caso, en diciembre pasado, el empresario René Dávila de la Vega y su hijo, René Dávila Díaz, accionistas de Corafi, fueron vinculados a proceso por un juez, según reportó Reforma.

La FGR les acusa de la captación ilícita de capitales, pues Corafi no tiene autorización gubernamental para llevar a cabo esa actividad. El otro empresario involucrado, Roberto Guzmán, dueño de Escorfin, también fue denunciado por la Fiscalía, aunque no hay noticias de que haya sido llevado a juicio.

Fraude transexenal

Peña Nieto, el último presidente del PRI, gobernó México de 2012 a 2018. Este último año, en las elecciones del 1 de julio, López Obrador y su partido, Morena, arrasaron en las urnas y echaron al PRI del poder. Luego vino la transición, o entrega-recepción, un periodo difuso de cinco meses en que los funcionarios salientes preparan cierres administrativos y comienzan la “entrega” de las instituciones a los funcionarios entrantes, quienes las “reciben”.

• Peña Nieto gobernó oficialmente hasta el 30 de noviembre de 2018, y López Obrador tomó posesión como presidente constitucional el 1 de diciembre. Estas fechas son relevantes porque en esa fase de transición no solo se traspasó de un Gobierno a otro el control institucional de Segalmex. También se transfirió el fraude de los bonos.

La Fiscalía sostiene que René Gavira, segundo de a bordo de Segalmex, actuó en solitario y sin el conocimiento ni autorización de su superior, el entonces director general, Ignacio Ovalle, un funcionario formado en la era del PRI del siglo pasado (de hecho, ya había sido titular de la misma paraestatal, que antes se llamaba Conasupo, entre 1988 y 1990).

• La FGR ha señalado que Gavira ordenó, entre 2019 y 2020, año en que fue despedido, la compra de bonos emitidos por CI Banco. La adquisición se hizo con recursos de Segalmex y Liconsa, una filial de la compañía estatal. Ambas paraestatales firmaron un contrato de intermediación bursátil con la casa de bolsa. CI Banco, a su vez, fungía como fiduciaria de un fideicomiso de emisión suscrito previamente entre esa casa de bolsa y Corafi. El dinero captado por CI Banco por la venta de los bonos se transfería a un fideicomiso de Dávila y a otro de Guzmán.

Los fideicomisos y los contratos con casas de bolsa fueron creados en el Gobierno de Peña Nieto y ejecutados en la era de López Obrador. Los funcionarios que participaron en una y otra Administración no eran los mismos, sino que intervino un gestor que sirvió de puente para dar continuidad al negocio de los bonos basura. Ese gestor, según ha confirmado a este periódico una fuente allegada a Gavira, es Diego Valdiosera, un empresario que colaboró con Ovalle en la década de los noventa en Conasupo, la antecesora de Segalmex.

• De acuerdo con los documentos obtenidos por El País muestran que las inversiones en instrumentos bursátiles prohibidos fueron mayores a los 950 millones de pesos que investiga la Fiscalía. Así lo declaró el director jurídico de Segalmex, Antonio Dávila Amerena, en la denuncia que presentó ante la FGR en abril de 2021, luego de que se descubrió el fraude de Gavira.

“En mayo-junio de 2019 se contaba con más de 2.700 millones de pesos procedentes de inversiones, de los que hoy no se puede precisar sus orígenes ciertos, destinos finales y soportes legales correspondientes”, lee la denuncia. “No contamos, por el momento, con los detalles específicos del total de las inversiones efectuadas durante años anteriores, en la Administración inmediata anterior u otras, que probablemente mantenía Liconsa [Segalmex] con diferentes casas de bolsa”, añade el texto.

El abogado de Segalmex señaló que no solo había más dinero invertido sino que también hubo robos de las cuentas que resguardaban esos recursos. El caso más grave sucedió en la casa de bolsa Finamex. En un escrito de enero de 2021, Amerena pidió a la firma informarle de cuántos contratos de inversión había suscrito con la paraestatal y cuánto dinero había en las cuentas.

Un directivo de Finamex le respondió un mes después que había un contrato firmado en julio de 2018 y que la cuenta tenía un saldo de cero pesos. La respuesta fue alarmante, porque la inversión inicial había sido de 412 millones de pesos, según los estados de cuenta que revisó Amerena. El directivo de Finamex no explicó cómo fue que se vaciaron los recursos dos años después.

Otra pérdida ocurrió en una cuenta de inversiones en Banamex (hoy Citi). Según los reportes financieros vistos por Amerena, Liconsa-Segalmex tenían allí una inversión en acciones telefónicas de América Móvil (AMX).

La cuenta reportaba en 2017 un monto inicial de 185,4 millones de pesos. A octubre de 2018, había disminuido a 162 millones. “Hubo una disminución de capital, provocando con ello un daño patrimonial de 12,7%, que equivale a la cantidad de 23,4 millones de pesos, sin [que se proporcionen] mayores datos de la mencionada pérdida”, acusó el abogado de Segalmex ante la Fiscalía.

El origen del negocio bursátil

Detrás de las inversiones adicionales, de las que hasta hoy no se tenía conocimiento público, está el antecesor de Gavira, Marco Antonio Loaiza Montaño, que fue el director de Administración de Liconsa en el último tramo del sexenio peñista (su jefe, el director general de Liconsa, era Abelardo Manzo González). El nombre y rúbrica de Loaiza Montaño están asentados en contratos de intermediación bursátil obtenidos por este periódico. Este periódico contactó por WhatsApp al exfuncionario para pedirle una entrevista sobre los hechos, pero declinó la propuesta.

Loaiza Montaño, CI Casa de Bolsa, René Dávila y Roberto Guzmán —dueños de Corafi y Escorfin— cocinaron el negocio de los bonos basura desde 2017 y lo continuaron en 2018, durante el periodo de transición entre el Gobierno de Peña Nieto y el de López Obrador. Conforme al manual del fraude, primero se crearon los fideicomisos de emisión. Fueron dos.

• El 16 de mayo de 2017, se suscribió el contrato de fideicomiso 11595 entre Promotora de Sistemas de Información S.A.P.I. de C.V. (filial de Escorfin), Banorte y CI Banco. La empresa quedó como fideicomitente, el banco como fiduciario y la casa de bolsa como representante común. El 27 de julio de 2018 —casi un mes después del triunfo electoral de López Obrador—, se creó el fideicomiso de emisión CIB/3050 entre Corafi, como fideicomitente; CI Banco, como fiduciario, y Monex, como representante común.
• Resueltos los fideicomisos, se concretó la intermediación con la casa de bolsa. El 20 de julio de 2018, Loaiza Montaño, en representación de Liconsa, suscribió el contrato 28344-4 con CI Banco para la emisión de bonos en representación de Corafi. El contrato de intermediación bursátil para el fideicomiso de Escorfin se firmó con Banorte. No se localizó la fecha del documento.

Todo el andamiaje estaba dispuesto para funcionar. Lo único que hacía falta era la instrucción de compra de los bonos, es decir, que el cliente, Liconsa, le pidiera explícitamente a las casas de bolsa venderle determinada cantidad de certificados. Eso no sucedió sino hasta el Gobierno de López Obrador. Loaiza Montaño dejó la paraestatal y en diciembre de 2018 tomó su lugar René Gavira. También hubo relevo en la dirección general de Liconsa-Segalmex: Manzo González entregó a Ovalle.

• El 25 de febrero de 2019, apenas dos meses después del inicio del nuevo Gobierno, Gavira terminó de ejecutar lo que su antecesor dejó listo. Ese día, el nuevo director de Administración pidió a CI Banco ponerlo a él como apoderado del contrato que la casa de bolsa había suscrito en julio de 2018 con Loaiza Montaño. Ese mismo día, Gavira instruyó la primera orden de compra de bonos a Banorte, a título del fideicomiso de Escorfin creado en 2017. Luego, a lo largo de 2019 y 2020, el funcionario hizo cinco instrucciones de compra de certificados a CI Banco, a cargo del fideicomiso de Corafi. La última compra fue el 25 de julio de 2020, cinco días antes de que Gavira fuese despedido de Segalmex.

En total, el tesorero destinó 950 millones de pesos de dinero público en inversiones riesgosas. Cuando se descubrió el fraude, López Obrador ordenó que se recuperara el dinero. Entonces se emprendió una operación política, encabezada por la Secretaría de Hacienda, que consistió en obligar a los bancos involucrados a “recomprar” los bonos basura de Corafi y Escorfin. Segalmex recuperó ese dinero, y, a cambio, ninguno de los bancos ha sido denunciado por la Fiscalía./Agencias-PUNTOporPUNTO