La lucha de Tanque Nuevo contra una empresa lechera Vanguardia.com.mx

A unos 15 kilómetros de la cabecera municipal de Cuatrociénegas existe una desviación hacia el ejido Tanque Nuevo, una comunidad de 238 habitantes.
Tanque Nuevo es un ejido sin calles pavimentadas, donde escasea el agua y la luz, situaciones que contrastan con los verdes campos que se extienden hasta el pie de la sierra, propiedad de la empresa lechera de Beta Santa Mónica.
Desde hace más de 15 años, en este ejido recóndito de Coahuila se libra una batalla entre lecheros y ejidatarios por la propiedad de tierras y derechos de agua, que, aseguran los campesinos, les fueron arrebatados mediante documentos y firmas falsas.
La lucha de Tanque Nuevo no es sencilla.
Enfrente está una empresa filial de leche Bell que se fusionó con la empresa LALA, el gigante lechero, y es también el principal proveedor de Nestlé, así como un entramado jurídico en el que están envueltos presuntamente funcionarios de dependencias agrarias y notarios.
Enrique González Castruita, comisariado del ejido Tanque Nuevo, asegura que la empresa se apoderó ilegalmente de 4 mil 226 hectáreas y los derechos de agua de cinco norias.
Hace 21 años los ejidatarios vendieron 380 hectáreas y cinco norias sin su derecho de agua, pero con los años se dieron cuenta que la empresa los despojó de sus tierras y concesiones de agua.
Alfonso Muñoz, abogado y asesor de los ejidatarios, expone que el problema se remonta a la base interna del ejido, en donde los empresarios utilizaron a los ejidatarios y alteraron presuntamente actas de asamblea y actas de elección para tener ejidatarios a su disposición, además de modificar las áreas de uso común para tenerlas como parcelas.
De acuerdo con datos del Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA), el 24 de agosto de 2002 se modificaron 4 mil 262.
4 hectáreas de uso común a parcelas, dato y fecha que coinciden con la supuesta asamblea de asignación.
Todo esto ocurrió en contubernio presuntamente con la Procuraduría Agraria (PA) y el Registro Agrario Nacional (RAN), quienes favorecieron a los empresarios, aseguran campesinos y el abogado Muñoz.
Semanario buscó a los representantes del RAN y Procuraduría Agraria en Coahuila para tener una postura sobre el caso, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.
La historia de un despojoEn 2002 llegaron a Tanque Nuevo empleados de la empresa Beta Santa Mónica a repartir promesas a cambio de tierras.
Además del pago de 100 mil pesos por hectárea prometieron casas y vacas para que los ejidatarios emprendieran.
Inclusive les comprarían la leche.
Pero salvo el pago de las hectáreas acordadas, lo demás no llegó.
En Tanque Nuevo se dedican a la candelilla y los habitantes suelen emprender largas caminatas al monte, pernoctar por días para cortar la planta y después, con un método artesanal, producir cera que venden a intermediarios.
No hay otra fuente de trabajo en este ejido olvidado.
Apenas hay una primaria y secundaria.
“Nunca habíamos hecho un trato de tierras”, recuerda Alejandro Olguín, actual presidente del Consejo de Vigilancia del ejido.
Para la mayoría fue como ver un futuro en medio del desierto.
Rememora que el trato era vender las más de 300 hectáreas.
La mejor, por donde estaba el agua.
“Con el tiempo dijimos ‘está bien’”, rememora Olguín, quien me lleva a las tierras donde la lechera tiene cultivadas decenas de hectáreas de forraje.
El abogado Muñoz refiere que en la asamblea del 24 de agosto de 2002, se le asignaron parcelas a prestanombres o colaboradores cercanos de Beta Santa Mónica.
Según documento de la asamblea le asignaron: 450 hectáreas a Luis Carlos Muñoz, 935 hectáreas a Gustavo Díaz de León, 516 a Jesús Elizalde, 80 a Manuel Arias Tovar, 99 a Eleazar Méndez, 267 a José Antonio Muñoz, 173 a Manuel Arias, 102 a Eleazar Méndez, 462 a Graciano Martínez, 767 a Jesús Elizalde Rojas y 398 a Irma González.
Sin embargo, para haberlos constituido con derechos debieron tener la calidad de avecindados, y para ser avecindados debieron haber residido por un año o más en el ejido y que hayan sido reconocidos como tales por la asamblea ejidal, según el artículo 13 de la Ley Agraria.
“Nunca vivieron ahí.
Todos estos actos fueron de común acuerdo con la Procuraduría Agraria que se aparta de su labor social que debe de ser asesorar a los ejidatarios”, explica el abogado.
Muñoz señala que la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional debieron revisar los antecedentes para corroborar que eran avecindados, pues debe de existir un acta de reconocimiento como lo marca la Ley Agraria.
Semanario solicitó a la Procuraduría Agraria el acta de asamblea de reconocimiento como avecindados a través de una solicitud de transparencia, pero la dependencia respondió que no existía tal documento.
También se le solicitó al Registro Agrario Nacional y no respondió al argumentar que era necesario proporcionar la información de Estado, municipio y ejido, datos que estaban claramente identificados en la solicitud.
Pero no solo se hicieron avecindados o posesionarios como Gustavo Díaz de León, sino que muchos de ellos ya aparecen como ejidatarios, según una revisión al Sistema de Consultas Público del RAN.
Es el caso de Luis Carlos Muñoz Vázquez, Irma González, Jesús Elizalde y Manuel Arias Tovar.
Todos ellos pasaron de no vivir en el ejido, a convertirse en ejidatarios.
Con una presunta falsificación de documentos como asambleas que nunca se realizaron, Beta Santa Mónica argumentó ante autoridades que no 300, sino más de 4 mil hectáreas de tierras y los derechos de cientos de miles de metros cúbicos de agua habían sido vendidos, reclama Enrique González, el comisariado ejidal.
Pero los campesinos no se dieron cuenta del despojo hasta después.
“Solos nos dijeron que iban a cercar”, recuerda Enrique González.
Les avisaron y fue hasta que contrataron peritos que les informaron que la empresa se había apropiado de terrenos del ejido.
El abogado Muñoz señala que el RAN debió revisar minuciosamente el acta para efectos de expedir de manera legal los certificados de título de propiedad, diligencia que no realizó, asegura.
Por eso los ejidatarios presentaron una nulidad del acta de asamblea donde supuestamente regalaron 11 parcelas de más de 4 mil hectáreas.
En 2006 presentaron la demanda argumentando que no había sido una venta formal, además de que incrementaron la superficie dentro de la misma venta.
En el expediente 603/2006 el Tribunal Agrario dictó una sentencia donde le dijo a dos ejidatarios demandantes, José Francisco González Castruita y José Juan García González, que no estaban legitimados para demandar.
Los ejidatarios optaron por presentar un amparo directo.
Fue el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal y Administrativa del Octavo Circuito quien corrigió la sentencia inicial y les otorgó la protección de la justicia, y ordenó que se dictara otra sentencia en la que se declarara infundada la excepción de la falta de legitimación de los demandantes.
Fue en la segunda sentencia donde el Tribunal Agrario les reconoció personalidad a los ejidatarios y declaró nula la asamblea de asignación de tierras a los prestanombres de Beta Santa Mónica.
Sin embargo, en la historia apareció después una supuesta apoderada de los campesinos.
La falsa representanteEl abogado Alfonso Muñoz explica que después de haberse contemplado la nulidad de la asamblea, el ejido supuestamente se amparó (expediente 120/2009), a pesar de que se beneficiaba de la decisión del Tribunal Agrario.
A pesar de ello el Tribunal Agrario ordenó la ejecución de la sentencia.
“Entonces aparece una joven, Alejandra Escobedo Herrera, que se ostenta como apoderada de los dos ejidatarios, con una carta poder, ratificada ante el notario público número 55, Armando Martínez Herrera, cuando uno de los ejidatarios no sabía ni escribir”.
Pero los ejidatarios no conocen ni a la apoderada ni al notario, asegura el comisariado ejidal.
Semanario buscó al notario Martínez Herrera para tener su postura sobre el caso, pero no respondió a la solicitud de entrevista.
La supuesta apoderada presentó un acta de comparecencia ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 6, donde se desiste de la demanda para que no se ejecute la sentencia del expediente 603/2006 que ya se había ganado.
Entonces se archivó el caso porque supuestamente el que ganó, el ejido cuyo comisariado entonces era una persona de nombre Roberto Zamarrón, ya no quiso nada.
El abogado Muñoz dice que los asesores del ejido entonces no atendieron el caso como debía.
Muñoz intentó un amparo (207/2019) ante el Juzgado Séptimo de Distrito en La Laguna, pero por el tiempo transcurrido el Tribunal dijo que ya no procedía.
Sin embargo, el defensor expone que el caso arrojó elementos jurídicos y documentales suficientes para preparar nuevas acciones jurídicas y anular el despojo de propiedades de los ejidatarios de Tanque Nuevo.
Las inconsistenciasEl abogado Alfonso Muñoz menciona que está por presentar la nulidad del acta por inconsistencias como la asignación de parcelas a personas que no eran avecindados y donde se les da una superficie mayor que al resto de los ejidatarios.
Además, dice que las parcelas cedidas ya cuentan con dominio pleno, cuando el artículo 82 de la Ley Agraria autoriza el dominio pleno a ejidatarios, no a posesionarios.
La Ley Agraria establece que los ejidatarios pueden adoptar el dominio pleno sobre sus parcelas en donde las tierras se dan de baja del Registro Agrario Nacional y pasan a ser inscritas en el Registro Público de la Propiedad.
El comisariado Enrique González asegura que hay dominios plenos registrados con diferentes notarios, cuando dice que ellos ni siquiera conocían qué era un dominio pleno.
De acuerdo con datos proporcionados por el Registro Agrario Nacional a una solicitud de información (330025123000981) se han otorgado 189 títulos de propiedad en Tanque Nuevo, 59 de ellas en parcelas individuales.
El total de superficie que ha pasado al dominio pleno en Tanque Nuevo es de 23 mil 907.
2 hectáreas, todas entre 2004 y 2006.
Sin embargo, los 59 títulos de propiedad de parcelas individuales suman 4 mil 563.
2 hectáreas, superficie parecida de la que fueron despojados los ejidatarios.
De hecho, los 59 títulos de propiedad de parcelas individuales se expidieron entre el 22 de enero y el 18 de febrero de 2004.
Aunque la información entregada por el RAN no detalla los nombres de los propietarios que adoptaron el dominio pleno, se especifican cantidades que coinciden con las asignadas a los prestanombres de Beta Santa Mónica en 2002.
Prácticamente el 17 y 18 de febrero de 2004 se expidieron los títulos de propiedad de estas parcelas.
En esas fechas, por ejemplo, se expidió un título de propiedad por 935 hectáreas, cifra que coincide con la cantidad de hectáreas que le fueron asignadas en 2002 a Gustavo Díaz de León, miembro de la Comisión de Administración de Beta Santa Mónica y posesionario o avecindado ante el RAN, pero no ejidatario.
Misma irregularidad con los títulos de propiedad de 267 y 462 hectáreas, que coinciden con las asignadas en 2002 a José Antonio Muñoz y Graciano Martínez, ambos posesionarios ante el RAN, no ejidatarios.
Sin embargo, sí se expidió un título de propiedad de 450 hectáreas, que coincide con la cantidad de superficie asignada a Luis Carlos Muñoz, quien sí aparece en el Sistema de Consultas Público como ejidatario.
Hay otro título de 516 hectáreas, la superficie asignada a Jesús Elizalde; un título de 767 hectáreas de Jesús Elizalde Rojas o la de 398 hectáreas de Irma González, que aparecen ya como ejidatarios.
El artículo 76 de la Ley Agraria establece que son los ejidatarios los que tienen el derecho de aprovechamiento, uso y usufructo de sus parcelas, no los avecindados o posesionarios.
Otra inconsistencia es que la Ley dicta que ningún ejidatario puede tener más del 5% del total de las tierras del ejido, pero en conjunto entre las parcelas supuestamente asignadas, suman más de ese 5% de las tierras del ejido.
“Fueron varios para no violar el artículo”, dice el abogado Muñoz, sobre la distribución de tierras entre varios prestanombres.
“Tenemos muchos problemas con estas instituciones.
No cumplen su labor”, añade sobre el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria.
Ejido sin aguaUna tarde de domingo, el comisariado Enrique González arrea a sus chivas cerca de las viviendas del ejido Tanque Nuevo.
Se queja que mientras la empresa Beta Santa Mónica abre norias, la Conagua les pone trabas y requisitos a los ejidatarios.
“Piden muchos papeles y documentos, y así me traen, puros trámites”, se queja.
Por eso la lucha es también por las concesiones de agua que supuestamente le robaron al ejido.
González recalca que vendieron los pozos, pero nunca las concesiones de agua.
Semanario preguntó a la Conagua a través de una solicitud de información (folio 330009423002774) sobre la existencia de documentos que avalaran la transmisión de derechos de agua del ejido Tanque Nuevo, pero negaron que existan registros.
“Sí nos dijeron que nos compraban el pozo, nos dieron 200 mil pesos, pero no sabíamos que había una concesión, que es la que vale.
De allí se agarraron de que era de ellos”.
Ante notario la empresa lechera hizo un poder donde supuestamente cedieron las concesiones de los volúmenes de agua, cuenta Enrique González.
El artículo 33 de la Ley General de Aguas dice que basta un simple escrito entre los particulares para la transmisión de derechos de agua.
Sin embargo, el abogado Alfonso Muñoz explica que el Tribunal Agrario sí es competente sobre las concesiones, pero no han proporcionado los datos de la asamblea de transmisión de derechos de agua.
Ahonda en que se necesitaba una asamblea donde los ejidatarios estuvieran de acuerdo en esa transmisión de derechos porque el propietario de la concesión era el ejido, no una persona.
Semanario solicitó copia de esa asamblea a través de una solicitud de información a la PA, al RAN y a la Conagua, pero la Procuraduría respondió que el RAN era la encargada de tener esa información.
En el caso del RAN no entregó la información argumentando que se necesitaba especificar Estado, municipio y ejido, datos que sí aparecían en la solicitud.
La explotación de aguaAgroindustriales de la Comarca Lagunera, donde se halla la cuenca lechera más importante del país, han tenido que buscar regiones cercanas para tapizar de forrajes las tierras áridas y llevar alimento a miles de vacas.
Hace más de dos décadas encontraron Cuatrociénegas, a menos de dos horas de camino desde La Laguna.
Y ahora se miran los verdes campos de forraje en algunos tramos carreteros.
Bajo su nombre, Beta Santa Mónica tiene concesionados 3 millones 874 mil metros cúbicos de agua a través de 14 concesiones en La Laguna, donde se concentra la industria láctea más importante del país.
Bajo el nombre de la empresa no existen concesiones de agua otorgadas en Cuatrociénegas, pero sí las hay para sus prestanombres.
Los prestanombres de Beta Santa Mónica poseen 15 concesiones para extracción de agua subterránea que suman un volumen de 12 millones 736 mil metros cúbicos de agua, el 14.
6% de toda el agua subterránea concesionada en el municipio de Cuatrociénegas, según datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA).
Sin embargo, la extracción de agua de estas 15 concesiones se ubica en el acuífero El Hundido, el cual desde 2007 tiene un decreto de veda donde se prohíbe que la extracción exceda los 20.
15 millones de metros cúbicos.
Todas las concesiones fueron inscritas el 28 de mayo de 2008, después del decreto de veda.
Es decir que la empresa Beta Santa Mónica acapara el 63.
2% de la extracción de agua permitida en El Hundido.
En contraparte, el ejido Tanque Nuevo únicamente tiene una concesión para extraer 6 mil 500 metros cúbicos.
Gustavo Díaz de León Hernández, quien es miembro de la Comisión de Administración de Beta Santa Mónica, según un acta obtenida del Registro Público de Comercio, es dueño de 2 millones 588 mil metros cúbicos a través de dos concesiones en Cuatrociénegas.
Irma González, también beneficiaria con la asignación de parcelas en 2002, tiene dos concesiones que suman 2 millones 558 mil metros cúbicos.
Jesús Elizalde Rojas, Eleazar Méndez y Manuel Arias Tovar, son dueños cada uno de dos concesiones, y cada uno de ellos tiene concesiones de agua por un millón 380 mil metros cúbicos.
José Antonio Muñoz Vázquez tiene dos concesiones que suman un millón 790 mil metros cúbicos y Graciano Martínez tiene tres concesiones que suman un millón 630 mil metros cúbicos.
En una ocasión el ejidatario Alejandro Olguín cuestionó a uno de los nuevos dueños de esas concesiones, José Antonio Muñoz Vázquez y le reclamó que le enseñara el contrato de venta.
“A poco te las regalé o qué, me dijo que hizo un redestino”, relata.
Chupan Valle El HundidoAl revisar la ubicación de los pozos de Díaz de León Hernández en el REPDA, coinciden con la ubicación del rancho de la empresa en Tanque Nuevo, mismo que inclusive presumen en su sitio de internet.
A pesar del volumen concesionado, los datos satelitales muestran que la empresa riega por lo menos entre mil 100 y mil 500 hectáreas en el Valle El Hundido.
Un video publicitario de la empresa publicado en su sitio web, refiere que producen 240 mil toneladas anuales de forrajes y que en su rancho Tanque Nuevo tiene 22 sistemas de riego por aspersión.
Enrique González asegura que cada uno de esos sistemas de riego o pivotes, alcanzan para regar al menos 80 hectáreas.
Y si cada metro cuadrado requiere 2 metros cúbicos de agua, quiere decir que extraen entre 22 y 30 millones de metros cúbicos, cuando la veda establece que en El Hundido no se debe exceder de 20.
15 millones de metros cúbicos de extracción.
Semanario buscó una postura de la empresa a través de correo electrónico, sin embargo, no hubo respuesta.
En 2010, según datos de la Conagua la disponibilidad de agua en el acuífero El Hundido era de menos 1.
6 millones de metros cúbicos.
Para 2020 aumentó el déficit a menos 5.
1 millones.
Y la última actualización de disponibilidad, publicado apenas el 9 de noviembre de este año, refiere que el déficit era de menos 3.
8 millones de metros cúbicos.
Estos son los datos oficiales, porque el comisariado ejidal, Enrique González cree que la explotación de El Hundido alcanza los 50 millones de metros cúbicos cuando se suma la explotación de otros lecheros.
A los ejidatarios les preocupa que los agroindustriales chupen toda el agua, porque si se termina ellos se van, pero los campesinos se quedarían con sus tierras sedientas.
Alejandro Olguín dice que los que sufrirán las consecuencias son ellos y sus hijos.
“Se acaba el agua, ellos tienen dinero, compran donde ‘haiga’ agua y vuelven a sembrar, pero nosotros a dónde vamos, si mi transporte es un burro.
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La lucha la voy a hacer por mí y por la gente”.