Prisión preventiva en México “vulnera” tratados internacionales: ONU Milenio
En México, el uso de la prisión preventiva constituye una de las principales prácticas generalizadas que vulnera los tratados internacionales en materia de derechos humanos, advirtió el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria.
Dentro de las observaciones preliminares al cierre de su visita en México, en conferencia de prensa, el Grupo de Trabajo señaló que la prisión preventiva conduce a malos tratos, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitraria.
En torno a esta figura señaló que induce a que la persona en prisión se encuentre por largo periodo de tiempo, incluso a más de cinco años después de su detención, por lo que llamó a una reforma en la materia.
“La detención oficiosa es una violación de los derechos humanos internacionales, hemos solicitado que eliminen la prisión preventiva oficiosa: al haber sido elevada categoría constitucional, necesita una reforma”, instó.
Tras recorrer cuatro estados del país, reunirse con autoridades y acudir a 15 lugares de privación de la libertad, explicó que los detenidos, tanto en nivel federal y estatal, se mantienen en condiciones de hacinamiento y sin el acceso a servicios médicos y agregó que los detenidos en prisión preventiva son encarcelados junto a quienes tienen sentencia.
“Los detenidos en prisión preventiva a menudo son alojados junto con los sentenciados; en muchos de los casos varios detenidos tenían heridas o enfermedades graves, sin embargo, se quejaron que no tenían acceso a un tratamiento médico eficaz”, apuntó.
Aumento en detención de migrantesSi bien el Grupo reconoció la introducción de un Registro Nacional de Detenciones Registro Nacional, señaló que este registro no incluye todas las detenciones, por ejemplo las relacionadas a migrantes.
A ello, informó que ha aumentado el número de personas migrantes y solicitantes de asilo detenidas en México, el cual ascendió a más de 240 mil en el primer semestre del año.
Acusó que son retenidos más allá del límite de 36 horas establecidos, lo que aumenta el riesgo de incurrir en una detención arbitraria.
Asimismo, subrayó que, a pesar de que aunque los menores no son detenidos, se encuentran en refugios compartidos o dentro del Sistema Nacional para el desarrollo integral de la familia (DIF), los cuales se enfrentan a la restricción de movimiento, lo que impide el acceso a lugaresalairelibre.
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