La interna detrás del futuro juicio por la causa del Memorándum con Irán que involucra a Cristina Kirchner Infobae

La reapertura de la causa que investiga la denuncia de Alberto Nisman por la firma del Memorándum con Irán despertó un conflicto interno en tribunales. Es que la Cámara de Casación Penal, al ordenar que Cristina Kirchner vaya a juicio oral, también ordenó apartar a los tres jueces que habían firmado su sobreseimiento y el del resto de los implicados por entender que aquel pacto se trató de una decisión política no judiciable. Por eso hay que sortear nuevos magistrados para que se encarguen de sustanciar el debate oral. La Cámara de Casación lo hará la próxima semana, indicaron a Infobae fuentes judiciales.

En ese contexto, la jueza María Gabriela López Iñiguez, presidenta del Tribunal Oral Federal 8 y una de las apartadas, ordenó remitir a la secretaría general de la Cámara Federal de Casación Penal las actuaciones y solicitar que se sorteen nuevos magistrados. Pero con una salvedad: la jueza subrayó que, dado el escenario, el personal del tribunal no debería intervenir en ese futuro juicio.

“A los enormes escollos administrativos y de gestión que implican per se que el personal de un tribunal se avoque a la tramitación de una causa en la que no intervienen sus titulares, las características del presente caso y las razones que han llevado al apartamiento de la Dra. Sabrina Namer, el Dr. Nicolás Toselli y quien suscribe, coloca a quienes hemos sido apartados y también al personal a nuestro cargo en una situación por demás delicada que compromete nuestro accionar”, advirtió la magistrada en un escrito, al que accedió Infobae.

Y subrayó: “El esquema que se deriva de la decisión de la alzada no logra saldar la enorme contradicción que conlleva que quienes fuimos separados de este proceso continuemos ligados a él, con la incomodidad que ello supone para todos los involucrados”. La jueza resaltó: “La numerosa prueba que ha sido producida -que incluye información sensible y /o clasificada, irreproducible o con una enorme trascendencia institucional, continuaría siendo custodiada y manipulada por empleados/as o funcionarios/as de nuestra confianza y que, en los hechos, responden jerárquicamente a quienes hemos sido separadas/o por las razones ya explicadas que, objetivamente, ponen en tela de juicio nuestra imparcialidad”.

Según dijo, “la distinción entre las funciones administrativas, de gestión judicial y las jurisdiccionales es ciertamente difusa, y más en una causa de esta magnitud, donde solo por citar un ejemplo, quien suscribe, en mi carácter de Presidenta del Tribunal, debería tomar decisiones inherentes al personal; los insumos; el traslado, la custodia, la digitalización y el resguardo del expediente, sus efectos y documentación; entre otras cuestiones que hacen a la gestión de la causa propiamente dicha”. “No es difícil advertir la incomodidad que ello supone y lo que significaría para las partes que seamos nosotros quienes tomemos esa clase de decisiones”, afirmó.

López Iñiguez insistió en que además “tampoco existen razones de economía procesal que justifiquen mantener la radicación en esta dependencia” porque la secretaria que tuvo en sus manos la causa fue nombrada jueza en octubre del 2021. “Era ella junto con personal de la vocalía que presido y que, en su mayoría, tampoco continúan cumpliendo funciones en este tribunal, quienes tenían un conocimiento acabado de las actuaciones”, resaltó. “Es decir que, en términos de recursos humanos, tampoco la radicación de las actuaciones en este tribunal importaría un aporte diferencial en pos de la celeridad y la eficiencia que se requiere”.

Una vez más, la jueza afirmó que su tribunal -el último en habilitarse durante la gestión de Mauricio Macri- es el que menos personal tiene, en relación a los que ya existían, ”todo lo cual se agrava ante los diversos debates orales que estamos realizando en la actualidad en forma simultánea, y algunos de ellos de enorme magnitud y trascendencia institucional”. Actualmente, tienen en sus manos la causa por el caso que salpica al falso abogado Marcelo D’Alessio.

“Ante este escenario, frente a lo recientemente resuelto por la Sala I de Casación, en un contexto en el que nos encontramos apartados el TOCF8 en pleno y la delicada situación en la que nos colocaría que la causa continúe bajo nuestra órbita, sin personal que, por su trabajo antecedente, se encuentre en condiciones de conocimiento del trámite, y en un marco apremiante de escasez de recursos humanos en comparación con otros tribunales orales del mismo fuero, es que se solicita que se evalúe la posibilidad de sortear otro tribunal para que continúe interviniendo en las presentes actuaciones”, agregó.

Fuentes judiciales consultadas por Infobae detallaron que el próximo lunes se sortearía en Casación quiénes serán los próximos jueces a sustanciar el futuro debate. También está pendiente la definición de la integración del caso por Hotesur-Los Sauces, donde solo está asignada la jueza Adriana Palliotti, ya que también quedaron apartados de ese debate los jueces Daniel Obligado y Andrés Grumberg que habían votado por el sobreseimiento de todos los involucrados.

La causa se inició en enero de 2015 con la denuncia que presentó el fiscal Alberto Nisman quien sostuvo que con la firma del Memorándum entre Argentina e Irán se buscó encubrir a los acusados del atentado a la AMIA porque hacía caer las alertas rojas de Interpol de detención que pesaban sobre ellos. Cuatro días después de que presentó la denuncia, Nisman fue encontrado muerto en su departamento de Puerto Madero con un tiro en la cabeza.

El juez federal Daniel Rafecas desestimó la denuncia. Pero la Cámara Federal de Casación Penal, con los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y también Ana María Figueroa, la abrió, se apartó al magistrado y la causa quedó a cargo del juez Claudio Bonadio, que en marzo del 2018 envió el caso a juicio oral con 12 acusados. Allí no solo está acusada Cristina Fernández sino también Eduardo Antonio Zuain, Carlos Alberto Zannini, Oscar Isidro Parrilli, Angelina María Esther Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Luis Ángel D´Elía, Fernando Esteche, Jorge Alejandro Khalil y Ramón Héctor Allan Bogado.