Desde Andesco se tildó de “populistas” las soluciones del Gobierno nacional para bajar tarifas de energía Infobae
Durante el reciente foro Caribe Biz en Barranquilla, Camilo Sánchez, el presidente de Andesco, planteó su perspectiva sobre la regulación de las tarifas de energía en Colombia. En su intervención, Sánchez argumentó que la Rama Ejecutiva no tiene la capacidad para reducir las tarifas eléctricas por sí sola.
Sánchez expresó su preocupación por las manifestaciones y marchas que exigen la disminución de las tarifas de energía, calificándolas de “populistas”. Él enfatizó que el Gobierno tiene una influencia significativa en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y en la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). Por lo tanto, para Sánchez cualquier modificación en las tarifas debe ser el resultado de un proceso conjunto que involucre a las empresas y a las autoridades reguladoras.
En lugar de recurrir a protestas populistas, Sánchez destacó que la reducción de las tarifas eléctricas debe llevarse a cabo mediante instrumentos regulatorios, particularmente a través de la CREG, que es la entidad encargada de regular el sector de energía y gas en Colombia, y cualquier cambio significativo en las tarifas debe pasar por su evaluación y aprobación.
Además, Sánchez argumentó que el Gobierno debe asignar recursos en el presupuesto nacional para abordar el problema tarifario. Afirmó que es crucial evitar un “apagón financiero”, lo que sugiere que la falta de fondos podría llevar a problemas en la prestación de servicios eléctricos en el país.
Por otro lado, Alejandro Castañeda de Andeg señaló que el Gobierno tiene la capacidad de resolver el asunto de las tarifas de energía. Mencionó que, junto con la Bancada Caribe, habían propuesto incluir recursos en el Plan de Desarrollo para cubrir las pérdidas financieras relacionadas con las tarifas eléctricas. Sin embargo, esta propuesta no fue considerada en el proceso legislativo.
Incremento en la tarifa de energía: Contraloría alertó por costo de producción superior al 300%
El aumento extraordinario y al parecer injustificado de las tarifas de energía en zonas del país está en el foco de atención de la Contraloría General de la República, que por medio de su delegada de Minas y Energía presentó un nuevo reporte sobre la situación.
El ente de control fiscal realizó un estudio para evaluar la pertinencia de los costos de las tarifas de energía y gas combustible, como herramienta para la implementación de la política de prestación de los servicios públicos, y su impacto fiscal en los esquemas de subsidios respectivos.
La Contraloría encontró varias situaciones que le preocuparon: mientras en enero de 2023 la producción de energía se encontraba aproximadamente en valores cercanos a los 250 pesos por kilovatio / hora, a mediados de septiembre se ha llegado a precios cercanos a los 1.100 pesos, lo que significa un crecimiento con un costo superior al 300%.
Esta situación puede causar un incremento desmedido en las tarifas, sobre todo para aquellas empresas que están expuestas a bolsa y que no han tenido oportunidad de hacer contratos de corto, mediano o largo plazo
“Tenemos una situación de incertidumbre, donde no tenemos claro quién va a pagar los costos que esto traiga ni a cuánto van a llegar los mismos. Ese es el problema que hay y que estamos mirando”, señaló Germán Castro Ferreira, contralor delegado de Minas y Energía.
Otros hallazgos de la entidad fueron:
La demora en la toma de medidas efectivas para resolver los problemas de liquidez de las empresas comercializadoras. Esta situación se ha visto agudizada por las medidas regulatorias para contener los aumentos tarifarios, hecho que podría tener impactos negativos en la estabilidad del suministro de energía en el país.
La exposición a los precios volátiles de la bolsa de energía, que ha llegado a superar los $1.059 kW/h en la última semana, y la suspensión de contratos de energía de largo plazo, aumentan la incertidumbre en el sector. Para la Contraloría, se requieren medidas integrales, ya que está en riesgo la expansión de la oferta de energía, la estabilidad y la prestación del servicio de energía en el país.
La Contraloría, además, está llevando a cabo un estudio sectorial respecto de los servicios de energía y gas, en el que se está mirando el impacto que han tenido las medidas regulatorias para lograr estabilizar las tarifas en el país.
