Transferencia tecnológica; el nearshoring de propiedad intelectual Milenio

El nearshoring y una robusta legislación en materia de protección a la propiedad industrial homologada con las de Estados Unidos y Canadá como uno de los acuerdos principales en la firma del T-MEC, abren la excelente oportunidad para que empresas mexicanas signen acuerdos de transferencia tecnológica con las grandes corporaciones y el país aumente competitividad con modelos de producción más eficaces, señalaron analistas en economía y comercio exterior.
“Una parte fundamental de la relocalización de empresas tiene que ver con el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, cuyo eje es el robo de la propiedad industrial por parte de empresas del país asiático.
En este sentido, México está ofreciendo garantías inigualables de protección de derechos, lo que nos sitúa en una posición de ventaja no sólo para atraer más inversiones, sino para sumar al país nuevas tecnologías de nuestros principales socios comerciales”, expresó a MILENIO Roberto Durán Fernández, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.
Precisó que la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, creada con el propósito de dar el mismo nivel de defensa legal a los titulares de los activos intangibles de los países firmantes del T-MEC, ofrece un alto nivel de seguridad de que a las empresas que invierten en México no les va a pasar lo mismo que en China, (donde) se pactan acuerdos de transferencia tecnológica con firmas locales que luego se voltean y copian los procesos.
El problema es tan relevante que el propio Congreso de los Estados Unidos estima que el robo de propiedad industrial en el gigante asiático supera incluso el valor del comercio bilateral, estimado en casi 700 mil millones de dólares anuales.
“Lo que Estados Unidos busca con esta relocalización es proteger su propiedad industrial, ya sea con la apertura de nuevas fábricas en su territorio o aprovechando los compromisos que en la materia se tienen en el T-MEC, para establecer nuevas cadenas de suministro en nuestro territorio, donde se resguarda el secreto industrial, penalizando severamente su divulgación, apoderamiento, adquisición o uso sin autorización”.
Ese resguardo a la propiedad industrial implica también que otros países, con los que tenemos tratados comerciales, puedan obtener esas garantías, fortaleciendo sus convenios, como es el caso de los miembros de la Unión Europea, con lo que se busca concretar la firma del Acuerdo Global Modernizado para antes de que concluya este año, lo que seguramente potenciará las inversiones y flujos de tecnología a nuestro país, explicó.
El académico consideró que, ante la baja inversión en ciencia y tecnología que se registra en el país -apenas un 0.
3 por ciento del PIB-, cuyo resultado es estar en el último lugar de la OCDE con el menor número de investigadores por cada millón de habitantes, la relocalización de empresas es una gran oportunidad para impulsar convenios de transferencia tecnológica.
Estos permitirían a las empresas, entes del gobierno y universidades, el desarrollo de nuevas aplicaciones o procedimientos, como está sucediendo con Tesla y otras trasnacionales recién instaladas en el país, que están tercerizando la manufactura de ciertos componentes, a los que se les puede dar mayor valor agregado con la seguridad de que esa tecnología se queda en el país y que se respeta su derecho a la propiedad industrial.
José Antonio Salazar Andreu, profesor de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, enfatizó que México debe aprovechar su ubicación como centro logístico de inversión y proveeduría a los mercados norteamericano y europeo, para absorber las nuevas tecnologías y dar el salto del ensamblaje o manufactura a una política industrial con desarrollo propio.
Sin embargo, aclaró que, en ese reto, las empresas deben ir acompañadas con un gran acuerdo con el gobierno y las universidades públicas y privadas para el desarrollo de la ciencia, donde se observa un gran rezago que bien puede medirse por el lugar 36 que México ocupa, de entre 100 posiciones, en el ranking de solicitudes de patentes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), por debajo de países como Malasia y Brasil.
El catedrático lamentó que, en medio de un crecimiento a la inversión y desarrollo tecnológico, se haya decidido recortar el presupuesto al Conacyt, que afecta a los 26 centros de investigación, y con ello seguramente se perderán muchos proyectos científicos que deberían terminar en patentes que no sólo generan crecimiento, sino desarrollo económico, como es el caso de Singapur y Corea del Sur, que anualmente, por derechos, ingresan a su balanza de pagos entre 15 mil a 20 mil millones de dólares.
“Detrás de cada patente hay empresas que generan empleo, que generan riqueza, y esas son las oportunidades que México está perdiendo por no apuntalar el gasto en ciencia y tecnología que dé conclusión a proyectos y que amplíe el número de investigadores que ahora se limita a sólo 349 por cada millón de habitantes, contra los 8 mil 714 en Corea del Sur, 7 mil 287 en Singapur, 5 mil 455 en Japón, 5 mil 393 en Alemania, 4 mil 821 en Estados Unidos, 4 mil 516 en Canadá, mil 231 en Argentina, 888 en Brasil, 510 en Chile y 767 en Uruguay, conforme a estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y Cultura (UNESCO), concluyó.
EDD