Sancionan ley que prohíbe el uso de animales por la fuerza pública en manifestaciones y protestas Infobae
En un paso significativo hacia el bienestar y la protección de los animales, el presidente Gustavo Petro ratificó el proyecto de ley que prohíbe categóricamente el empleo de animales por parte de la fuerza pública durante manifestaciones, protestas, disturbios y actos violentos.
Esta decisión, que da lugar a la Ley 2318 de 25 de agosto de 2023, marca un hito en la relación entre la seguridad ciudadana y el respeto hacia los seres vivos.
La iniciativa, presentada por el representante Juan Carlos Losada del Partido Liberal, concluyo en un triunfo legislativo tras ser aprobada por el Congreso el pasado mes de junio.
“Hoy le ponemos fin a una crueldad del más alto nivel, pues caballos y perros ya no estarán en medio de bombas de fuego, gases lacrimógenos, piedras y sonidos aturdidores”, aseveró Losada con motivo de la aprobación de la ley.
El legislador también señaló que, con la ratificación de esta normativa, el Congreso exhorta a la población a reconocer los derechos de los animales, así como la obligación de cuidado que les corresponde.
“Lo logramos, ganamos una batalla más por quienes no tienen voz. Aprobada nuestra ley que prohíbe el uso de animales por parte de la fuerza pública en el marco de la protesta social. Nuestro compromiso es por la defensa de los animales”, expresó el representante Losada a través de su cuenta X (Twitter), en la cual festejó el éxito legislativo y destacó la importancia de otorgar protección legal a los seres más vulnerables.
¿De qué trata la Ley 2318?
La ley establece restricciones claras en cuanto al empleo de animales en situaciones de manifestaciones, motines y asonadas. En estos casos, queda terminantemente prohibido que la Fuerza Pública utilice animales con el propósito de dispersar a los manifestantes o controlar los disturbios. La normativa busca garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana en contextos de protesta y agitación social.
Conforme a lo establecido en la ley recién sancionada, los caninos, equinos y otros animales previamente adiestrados por la fuerza pública, estarán limitados a desempeñar funciones de vigilancia, actividades preventivas y de control en situaciones que involucren asistencia masiva de personas, labores de rescate, búsqueda y registro de áreas, detección de materiales explosivos, así como erradicación de cultivos ilícitos y acompañamiento en movilizaciones de los uniformados.
Durante eventos que involucren manifestaciones, motines o asonadas, se permite el uso de animales solo en actividades que requieran inspección o verificación. Estas acciones deben estar destinadas a prevenir afectaciones o alteraciones a la seguridad y la convivencia de los ciudadanos.
La ley enfatiza la importancia de utilizar los animales de manera responsable y cuidadosa, evitando el empleo indebido o desproporcionado en situaciones de conflicto.
Esta medida busca no solo salvaguardar la integridad física y emocional de los animales, sino también fomentar el empleo responsable de recursos y técnicas en el mantenimiento del orden público.
La normativa establece que las fuerzas de seguridad introducirán un plan de bienestar, atención y salvaguardia con el propósito de asegurar la adopción y ubicación en entornos apropiados de los animales que sean retirados de sus funciones.
Según el artículo 6, este plan deberá estar en vigor de manera continua durante el tiempo en que los animales sean parte del servicio de la fuerza pública.
Conforme al equipo legislativo del parlamentario, la inclusión de animales como perros y caballos en tales operativos de control de disturbios ha resultado en su vulnerabilidad debido a la falta de medidas de seguridad y protocolos para salvaguardar su bienestar en situaciones de riesgo.
En concordancia con esto, su participación en los enfrentamientos los expone a peligros significativos que podrían resultar en daños a su salud, lesiones e incluso la fatalidad.
“Su empleo, por añadidura, no aportaba ningún beneficio a los miembros de las fuerzas de seguridad en la gestión de los disturbios públicos en el contexto de las manifestaciones sociales”, declararon.
