Energía para la industria: los problemas de las eólicas en el Istmo de Tehuantepec Editorial Aristegui Noticias

Por Patricia Ramírez/Causa Natura Media

El sonido es un zum, zum, zum. Torres gigantes con tres aspas que rotan sin parar se enfilan en el paisaje. En el trayecto está la carretera, los campos y el ejército de aerogeneradores de más de 100 metros de altura que forman parques eólicos. Zum, zum, zum, mientras el viento se siente con fuerza y las voces se escuchan por debajo de todo.

Al entrar al pueblo de Unión Hidalgo las torres van quedando atrás y la carretera se convierte en calles pavimentadas y muchas otras de terracería. Las casas son de un sólo piso con techos de adoquín, cemento o lámina. Nada es extravagante ni lujoso en esta comunidad Binnizá (binni, gente; zá, nube: gente que proviene de las nubes), también llamada zapoteca, perteneciente a la región Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, al sur de México.

Aún así, la vida ha cambiado. Sus habitantes dicen que trabajar la tierra y el ganado ya no rinde como antes, que el agua de los pozos escasea, que por este deterioro varias personas han migrado, que incluso las aves han cambiado sus rutas.

La instalación de parques eólicos que alguna vez fue la promesa del desarrollo se convirtió en una resistencia de más de una década. En este tiempo se han documentado desde contratos engañosos hasta violencia y contaminación. Actualmente el ambiente es de incertidumbre, pero también de firmeza.

Las voces de quienes viven en el Istmo son rotundas cuando dicen que no aceptarán más proyectos eólicos. Mientras tanto, las empresas que instalan los aerogeneradores reciben el reconocimiento de otros países por hacer del viento electricidad. El respaldo está con las energías renovables (que vienen del sol, aire y agua, entre otras) por considerarse aliadas contra la crisis climática.

Bimbo, Chedraui, Walmart, Nissan, Cinemex, Oxxo y Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma son algunas de las decenas de empresas que aparecen como beneficiarias por la producción de eólicas. Para especialistas, organizaciones, e incluso defensores del territorio, el problema no es que las industrias utilicen fuentes renovables, sino lo que durante los últimos 12 años esta generación de energía ha hecho con los modos de vida de las comunidades.

La instalación de eólicas en el Istmo tiene antecedentes desde finales de los 90. Foto: Isabel Mateos Hinojosa / Cuartoscuro.com

Causa Natura Media contactó a las empresas eólicas mencionadas en este reportaje, pero sólo se tuvo respuesta de la española Iberdrola manifestando que no se pronunciará al respecto. También se estableció comunicación con la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) misma que contestó que no responderá a las dudas planteadas.

Viento y energía para quién

Cuando Guadalupe y otros vecinos de Unión Hidalgo acudieron a Oaxaca de Juárez, por primera vez en 2011, para buscar soluciones ante la eólica que se instalaba en sus tierras comunales, las autoridades le dijeron que qué suerte tenían en su pueblo porque había llegado una empresa que les iba a cambiar la vida.

Todo había comenzado dos años antes de aquella visita a la capital de Oaxaca. Guadalupe, de entonces 58 años de edad, y alrededor de 70 personas más habían firmado contratos con Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex), entonces filial de la empresa española Renovalia Energy, que buscaba instalar el parque eólico Piedra Larga.

“Firmamos los contratos en el 2009 y en 2011 fue cuando empezó la construcción del parque eólico. Nos dimos cuenta que no era lo que se esperaba, no era lo que se había platicado. Sólo destruían”, recuerda Guadalupe Ramírez, desde su hogar en Unión Hidalgo.

Además, los contratos tampoco eran lo que se había acordado. Al tratarse de bienes comunales (un tipo de tierra agraria que se rige distinto al territorio formado por los estados) no se había consultado a la comunidad ni se había llevado un proceso legal claro.

“Nos dimos cuenta de que nuestros terrenos estaban hipotecados. Ya no teníamos el derecho que nos da el trabajar la tierra. Ahora eran ellos (la empresa) quienes podían hacer y deshacer. Sin darnos cuenta, con nuestra propia mano firmamos y dijimos sí, les entregamos todo en charola de plata”, recuerda Guadalupe.

En aquellos años, en las comunidades del Istmo se hablaba del desarrollo, de la generación de energía y de las nuevas oportunidades para un pueblo cuya vida siempre había sido la tierra y el campo. Esa era la información que tenían disponible y por la que aceptaron firmar.

Al comenzar las quejas, las empresas y las autoridades estatales concedieron un par de reuniones para hablar de los términos de los contratos, pero no cedieron. De las 70 personas que habían firmado, la mitad decidió que lo mejor sería dejar las cosas como estaban. Seguir gastando en viajes para no obtener respuestas no estaba dentro de sus posibilidades.

“Así es como a veces perdemos las luchas, por falta de recursos para estar constantemente yendo a Oaxaca (capital) a que nos atiendan. No fue porque los demás no quisieran defender su tierra, sino porque no había dinero suficiente. Es muy triste saber que el compañero o la compañera no puede ir por falta de recursos”, dice Guadalupe, quien a 12 años de aquella primera movilización ahora es una de las defensoras referentes para su comunidad.

Parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec. Foto: Isabel Mateos Hinojosa / Cuartoscuro.com

Quienes decidieron que se mantendrían en la defensa para recuperar sus tierras, ese mismo año contactaron a la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (ProDESC) para recibir acompañamiento legal.

Tras un litigio de nueve años, en 2020, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22 de Oaxaca declaró la nulidad definitiva de contratos a favor de 11 personas, entre ellas Guadalupe Ramírez. Demex tendría que regresar las tierras correspondientes, pero el parque eólico podría seguir su actividad con regularidad en las zonas donde los contratos no habían sido apelados, como había sido desde su inicio de operaciones.

Actualmente, existen dos permisos para la generación de energía otorgados a Desarrollos Eólicos Mexicanos, de acuerdo con solicitudes de información realizadas a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para este reportaje.

Dichos permisos son los que establecen la capacidad de megavatios (MW), la descripción de las instalaciones, los socios que recibirán ese abastecimiento de electricidad, la vigencia del permiso, entre otros acuerdos.

La mayoría de las eólicas se tramitaron bajo un modelo de autoabasto, que significó generar electricidad en sus propias plantas sin depender del suministro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Y aunque la categoría de autoabastecimiento desapareció legalmente con la reforma energética del entonces presidente Enrique Peña Nieto en 2013, los permisos no fueron cancelados inmediatamente ya que se estableció un periodo de transición.

El actual mandatario Andrés Manuel López Obrador ha sido crítico de esto asegurando que las empresas mantuvieron sus beneficios y que sus socios “pagan menos en electricidad que una tienda de abarrotes”. Por lo que decidió acelerar la cancelación con una reforma eléctrica que ha sido detenida mediante amparos de algunas empresas que argumentan pérdida de competitividad y el relegamiento de las energías renovables.

En el caso de los permisos otorgados a Demex, ambos pertenecen a los polígonos que forman el parque eólico de Piedra Larga. Sólo que el primero se dio desde 2009, teniendo como empresa líder a la española Renovalia Wind, y el segundo en 2012 conocido como Piedra Larga Fase 2, bajo la también española Gamesa.

En el caso de Renovalia Wind, el permiso E/823/AUT/2009 describe una central eoloeléctrica de 152 aerogeneradores divididos en dos polígonos. Cuenta con 27 socios para la demanda de esta energía, entre los que se encuentran empresas como Suburbia, Barcel, Ricolino, Bimbo y Walmart.

Por parte de Gamesa, al parque Piedra Larga Fase 2 se le asignó el permiso E/939/AUT/2012 para una central eléctrica con 60 aerogeneradores y una capacidad máxima total de 137.50 MW. Sus socios son Walmart, Suburbia y Vips.

Actualmente existen 28 permisos para parques eólicos. Foto: Isabel Mateos Hinojosa / Cuartoscuro.com

A Piedra Larga le han seguido decenas de parques en la región. De acuerdo con la información de la CRE otorgada vía transparencia, actualmente existe un registro de 28 permisionarios distribuidos entre los poblados de Juchitán, Unión Hidalgo, La Venta, La Ventosa y El Espinal. Los permisionarios representan a los parques que hay actualmente en esta zona.

Del total, 13 son propiedad de empresas españolas como Acciona, Gamesa, Iberdrola y Naturgy, mismas que utilizan filiales para que funjan como las permisionarias. También hay un proyecto de la austriaca Alpla, uno de la estadounidense Walmart, uno de la italiana Enel Green Power y otro más de la japonesa Mitsui en alianza con la francesa Electricité de France (EDF).

Lo que hace al Istmo de Tehuantepec una zona tan codiciada son los fuertes vientos que azotan esta región. Y a pesar de los conflictos con sus habitantes, la apuesta de inversión sigue. En febrero de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que tenía previstos cuatro parques más con apoyo del gobierno de Estados Unidos.

“El tema no es que se pongan o no los proyectos eólicos. El tema es cómo se regulariza la instalación si ya tienes 28 parques en la región que, además, están sobrepasando la capacidad de las redes de transmisión eléctrica”, explica Juan Antonio López, coordinador de Justicia Transnacional en ProDESC y acompañante de la batalla legal de Unión Hidalgo.

“Si tienes daños que ya están afectando más ampliamente al sistema regional, medioambiental, a la salud y al entorno social. ¿Lo ideal sería poner más parques ahí?”, cuestiona.

Las malas prácticas

Guadalupe Ramírez recuerda el sonido de las detonaciones. Fue a los pocos meses de haber decidido que no aceptaría el contrato para el parque eólico de Piedra Larga. Se trasladaba con sus familiares por Unión Hidalgo cuando dos camionetas se colocaron delante y detrás del vehículo en el que ella viajaba. Fue allí que escuchó el sonido del arma disparar desde uno de los autos.

“Las empresas lo primero que hacen es rodearse de personas que los defiendan, que atemorizan a toda la gente. Los conocemos y si hablamos de apellidos ya sabemos que es fulanito y hay que tenerle miedo”, cuenta Guadalupe.

Desde aquellos años las amenazas e intimidaciones no han cesado. Asimismo, pobladores y defensores han denunciado el incremento del crimen organizado en la zona.

En el poblado de La Ventosa, ubicado a sólo 20 minutos de Unión Hidalgo, German Valdivieso, de 30 años, dice que todo ha cambiado en la dinámica de la comunidad Binnizá. Con el inicio de la defensa fue notoria la división entre quienes cedieron sus tierras y

quienes seguían en la negación. A estos últimos amedrentaron con detonaciones de armas, llamadas anónimas y persecución.

“Las eólicas no sólo traen promesas, traen inseguridad, traen otras cosas que la gente evita decir. Nosotros hemos sido amenazados y por eso le decimos a los demás y tomamos medidas porque ni el acceso es libre”, describe Germán, integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio.

En 2018, la empresa francesa EDF Renewables realizó una consulta para la instalación de una planta de energía eólica de 300 MW, ubicada cerca de La Ventosa, a la que llamó Gunná Sicarú. El parque sería suspendido en 2021 tras una serie de irregularidades denunciadas por defensores de Unión Hidalgo y ProDESC.

Defensores entrevistados para este reportaje coinciden que durante la consulta se silenció a las personas que no estaban de acuerdo. No se les permitía hablar o si tomaban la palabra comenzaban los gritos y abucheos.

“Como raíz de la problemática está la violación sistemática de derechos humanos que implica la instalación de estos proyectos. Lo que vemos principalmente es la violación a la consulta libre, previa e informada, pero también hay una violación al derecho a la libre determinación de los pueblos”, explica Ángeles Hernández Alvarado, colaboradora del Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Iberoamericana (Ibero).

El Observatorio ha documentado éste y otras defensas del territorio en México. En el caso del Istmo, se han detectado consultas que sólo se realizan para tener el requisito. Muchas veces se registra presencia de personas que no son de las comunidades. Además, estos procesos se llevan a cabo en español cuando las comunidades hablan zapoteco.

“Para la consulta de EDF Renewables se juntaban (los permisionarios) con ciertas personas que se decían ser líderes de propietarios (de las tierras) y a su vez convencían a otras personas mediante el pago de 200 hasta 500 pesos para que asistieron a las asambleas”, recuerda Juan Antonio López, de ProDESC. Esto con el propósito de votar a favor del proyecto.

En el Istmo, algunos de los parques de más tiempo atrás están relacionados a estas prácticas e irregularidades. Por ejemplo, Bii Nee Stipa, comprado a Gamesa en 2011 por Iberdrola, ha sido controversial.

La periodista Diana Manzo documentó cómo en 2015 un propietario de 47 hectáreas acusó a la empresa de despojo, amenazas de muerte e incumplimiento de pago por dos años equivalentes a 150 mil pesos.

De acuerdo con información obtenida vía transparencia, este parque tiene un permiso desde 2006 y comenzó a operar en 2010. Su central eólica está compuesta por 31 aerogeneradores con una capacidad total de hasta 26.350 MW. Y su socio es la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma con sedes en Orizaba, Veracruz; Navojoa, Sonora; Guadalajara, Jalisco; Puebla y Chihuahua.

Caso similar ha ocurrido con la permisionaria Fuerza y Energía BII Hioxo, de la empresa Naturgy. Una central de 252 generadores cuyos principales socios son Cementos Moctezuma y Tiendas Chedraui con 47 sedes distribuidas en Puebla, Guanajuato y Veracruz.

En 2017, se presentaron amparos colectivos y se reunieron firmas contra este parque por violaciones en la consulta, así como desalojos forzados por parte de policías durante manifestaciones en las zonas aledañas a la instalación.

“Lo que pasa es que (las empresas) siguen engañando y pagan una migaja a quienes firman contratos. En algunos casos dicen que mejorará el abastecimiento de la luz, pero no es cierto. No hay un desarrollo, como ellos le llaman. Para nosotros no hay un desarrollo, sólo conflictos”, dice Germán.

15 de los 28 permisos a eólicas en el Istmo son para “industrias diversas”. Foto: Isabel Mateos Hinojosa / Cuartoscuro.com

Una de las quejas es que si bien en el Istmo se genera energía, 15 de los 28 permisos están bajo la categoría de “industrias diversas” que comprende centrales con socios que demandan la energía para actividades industriales. El resto se establece como “productor independiente” o como “generador”, tal es el caso de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad.

Por ejemplo, la española Gamesa, además de Piedra Larga Fase 2, tiene otras dos permisionarias con el nombre de Eólica Zopiloapan, en el poblado de El Espinal, y Energías Ambientales de Oaxaca, entre Juchitán, Santo Domingo Ingenio y Cazadero.

En el caso de Zopiloapan, su central eléctrica está constituida por 35 generadores con socios como Nissan, Nestlé, Apla México y CPW México. Mientras que Energías Ambientales de Oaxaca genera electricidad bajo la categoría de “productor independiente” para su venta exclusiva a la Comisión Federal de Electricidad.

Sin embargo, especialistas contactados para este reportaje opinan que el principal problema son las acciones alrededor de esta generación de energía.

“Por supuesto que creemos que hay que apostar por una generación distinta de energía, pero ahí hay varias cosas de fondo y una tiene que ver con la desigualdad. Por un lado hablamos de que estás energías buscan ir paleando los efectos de la crisis climática, pero tienen consecuencias directas en estas comunidades en donde se están impulsando impactos sociales y también ecológicos”, puntualiza Ángeles Hernández, del Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Ibero.

A esto se suma que la generación de energía eléctrica a través de eólicas en México aún es mínima a comparación de la obtenida por otras fuentes. De acuerdo con cifras oficiales, en 2020 representó sólo el 5.88% de la generación total de energía.

Medir los impactos

A Rosalva Fuentes fue aquel ruido el que la motivó a entrar en la defensa que se formaba en su pueblo. Acostumbrada a dormir en una hamaca afuera de su casa, con sólo el trinar de los grillos y el aire soplando, escuchar por primera vez el sonido de los aerogeneradores le resultó inquietante.

“La primera vez mi mamá también despertó y con mucha sorpresa me dijo que era el ruido de los parques eólicos”, recuerda Rosalva, de 54 años, desde su casa en Unión Hidalgo.

El ruido incesante, las afectaciones a pozos de agua de la comunidad, la contaminación de ríos como el Espíritu Santo, la muerte de animales como murciélagos y el cambio de ruta de aves migratorias que antes volaban sobre esta región, todo se atribuye a la saturación de parques eólicos.

A pesar de que en los sitios oficiales de las empresas se asegura que los parques no interfieren con las actividades y vida de las comunidades, sus habitantes dicen lo contrario.

“Las energías eólicas pueden ser buenas, no lo sé, pero la manera de desarrollarlas es lo que no es correcto. Puedes ver que invaden tierras, cavan profundo y meten mucho cemento (para la infraestructura). Las aguas se desvían y no hay manera natural de que pasen a los ríos y a los pozos. Pienso si en 30 años ya no vamos a tener agua”, describe Rosalva.

En Juchitán, la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio considera que para responder y explicar estos fenómenos ambientales es urgente un estudio regional de los impactos acumulados para poder determinar cuáles van a ser las soluciones y la reparación de los daños que ya se han causado.

“Nuestra posición es clara que no queremos ni una empresa eólica más, ninguna industria más, porque no hay beneficios reales para las comunidades”, señala Mario Quintero, uno de los integrantes de esta Asamblea. A su voz se suman la de los defensores de Unión Hidalgo, La Ventosa y La Venta.

Mientras que especialistas opinan que el caminar hacia una transición justa, requerirá de poner en una balanza los resultados. Pero a la fecha, no hay ni estudios ni respuestas oficiales que puedan dar claridad.

“Esta transición energética y este impulso a las energías renovables no puede ser para unos a costa de otros… Si tú me preguntas el escenario ideal, pues sería con procesos que impliquen la adecuada participación y consentimiento de las personas que van a ser potencialmente afectadas”, agrega Ángeles Hernández, del Observatorio de la Ibero.

Mientras tanto, las torres gigantes con tres aspas siguen rotando sin parar. Zum, zum, zum, mientras el viento se siente con fuerza y las comunidades Binnizá continúan su organización con la firmeza de que ya no lleguen más proyectos.

*Este artículo corresponde a la serie Desafíos de la Energía publicada por Causa Natura Media.