Despotismo en Veracruz Excelsior

No había justificación alguna, como expliqué en mi columna anterior, para detener a la juez Angélica Sánchez Hernández.
El émulo veracruzano de Calígula se valió de su fiscal y un juez de consigna —uno de esos jueces cuyas actuaciones son indignas de la delicada misión del Poder Judicial— para mostrar a todos los juzgadores de su estado que dictar resoluciones contrarias a sus designios les puede salir muy caro.
Una vez detenida la juez, tampoco se justificaba imponerle prisión preventiva, medida cautelar que ha de aplicarse excepcionalmente, sólo cuando hay riesgo de fuga, de daño a la víctima o de entorpecimiento del proceso por parte del inculpado.
Los delitos que se imputan a Angélica Sánchez Hernández no están calificados como graves y no hay indicio alguno de que existiera alguno de esos riesgos.
Los delitos imputados a la juez tienen asignadas muy bajas punibilidades, la menor de ellas, para ambos delitos, de un año de prisión.
Mantener encarcelada por un año —tal fue el término fijado por el juez de consigna— a Angélica Sánchez Hernández sin motivo alguno que realmente lo justifique es un gigantesco abuso que se aúna al de haberla detenido en dos ocasiones.
Antaño no había lugar a la prisión preventiva si el delito no era grave.
Antes de eso tampoco procedía esa medida cautelar extrema si la punibilidad media aritmética no excedía de cinco años de prisión, y se supone que con el actual sistema acusatorio se busca un sistema más garantista, menos abusivo, menos restrictivo de la libertad.
(Doy el crédito debido: lo anteriormente anotado en este párrafo me lo hizo notar mi amigo José Larrieta en un mensaje de WhatsApp).
Pues no ha sido así en la práctica forense: el ius puniendi es empleado como instrumento de intimidación y venganzas perversas.
En efecto, éstos no son iguales: son mucho peores.
Como sabemos, la juez libró la primera de las acusaciones, para sostener la cual se le “sembró” droga y un arma de fuego que se le obligó a disparar, de tal modo que pareciera que ella, una juzgadora con un cuarto de siglo de trayectoria sin mancha, había abierto fuego contra elementos policiacos.
Una juez respetable convertida de repente en homicida en grado de tentativa.
La burda patraña no prosperó: era demasiado zafia.
Entonces había que formular una segunda acusación.
La segunda acción penal tampoco habría tenido éxito si no se hubiera acudido a un juez de consigna, a uno que estuviera dispuesto a torcer la ley para complacer al gobernador y a su fiscal.
Acusaciones vemos, jueces no sabemos.
Aunque la juez sea eximida, ya está sufriendo una pena, que a todas luces es un atropello, un abuso de poder, una pena sin haber sido condenada, una pena sólo explicable por la sevicia del deplorable gobernador, su fiscal y su juez servil.
Una pena sin delito, una pena por no haber complacido al tiránico gobernante, una pena por cumplir con el deber.
No es el de la juez el único caso en que el gobernador veracruzano ha hecho un uso despótico del derecho penal.
No sólo consiguió la destitución del fiscal Jorge Winckler, sino también su encarcelamiento, y asimismo ha encarcelado a críticos de su gobierno —políticos, periodistas, críticos de su gestión— por el delito de ultraje a la autoridad, muy similar al que prevé el código penal venezolano.
La figura delictiva fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Pero el gobernador ha echado mano de otras figuras para sus venganzas.
Probablemente su víctima más notoria, además de la juez Sánchez Hernández, es la expresidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, Yolli García, también encarcelada —desde marzo de 2020— por delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa.
Operada “a corazón abierto”, dos veces logró que le fuera revocada la prisión preventiva que se le impuso arbitrariamente —no se daba ninguno de los supuestos que la ameritaría—, pero en cada ocasión el fiscal le enderezó una nueva acusación, siempre por la misma conducta, y un juez de consigna le volvió a imponer cada vez privación de la libertad como medida cautelar.
Eso sucede en Veracruz, donde el crimen organizado campea a sus anchas y cuyo gobernador cuenta con el apoyo absoluto del Presidente de la República.
Columnista: Luis de la Barreda SolórzanoImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0