CIDH y RELE manifiestan preocupación por la condena a José Rubén Zamora en Guatemala MPV
Washington D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) manifiestan su grave preocupación por la condena a 6 años de prisión al periodista José Rubén Zamora en Guatemala. La CIDH y su RELE urgen al Estado a respetar el derecho a la libertad de expresión y de prensa, y a abstenerse de utilizar el poder punitivo para amedrentar a personas que se manifiestan de forma crítica al Gobierno.
De acuerdo con información pública, el 14 de junio, el Tribunal Octavo de Sentencia Penal condenó al presidente y fundador de El Periódico, José Rubén Zamora, a 6 años de prisión por el delito de lavado de dinero. El Periódico ha sido uno de medios de comunicación más destacados en el país por exponer casos de corrupción y abusos de poder en los últimos años.
Desde su detención el 29 de julio de 2022, la CIDH y la RELE recibieron información sobre afectaciones a las garantías de debido proceso, el uso prolongado de la prisión preventiva y graves limitaciones al derecho de defensa. Según fue indicado, en un período de nueve meses, Zamora debió cambiar de representación legal en varias oportunidades, llegando a contar hasta con diez defensores diferentes debido a hechos de hostigamiento, acoso, e inclusive la interposición de denuncias penales en su contra de quienes ejercían su representación legal. Además, durante la audiencia de ofrecimiento de pruebas, el Tribunal no habría admitido las presentadas por la defensa del periodista, entre otros hechos.
La criminalización contra José Rubén Zamora fue advertida por la CIDH en el informe sobre Guatemala incluido en el Capítulo IV.B de su Informe Anual de 2022, en el que observó con preocupación que el contexto de afectaciones a la independencia judicial en el país ha contribuido a exacerbar un clima de censura e intensa judicialización de otras personas que cumplen un rol relevante en la vida pública y contribuyen al debate democrático en Guatemala. En particular, personas defensoras de derechos humanos y trabajadores de medios de comunicación.
En los últimos meses, la Relatoría Especial tuvo conocimiento de la apertura de una investigación penal contra periodistas y columnistas de El Periódico, a quienes se acusó del presunto delito de obstrucción a la justicia debido a una serie de artículos periodísticos que dieron cobertura al caso judicial de Zamora. También advierte que, además del presente caso, José Rubén Zamora enfrenta otros dos procesos penales, uno de ellos por el supuesto delito de conspiración para obstruir la justicia y otro por supuesto uso de documentos falsos de manera continuada. El periodista Zamora es beneficiario de medidas cautelares de la CIDH desde 2003 por motivos vinculados con su labor periodística y el ejercicio de la libertad de expresión en Guatemala.
En este grave contexto, preocupa también el anuncio del cierre definitivo de El Periódico, el 12 de mayo de 2023, como consecuencia de los obstáculos denunciados para poder seguir operando con normalidad desde la detención de Zamora, la intensificación de la persecución judicial contra sus integrantes, así como presiones políticas y económicas.
Por su parte, el Estado de Guatemala, luego de rechazar enfáticamente el presente comunicado de prensa, aseguró que en Guatemala rige el respeto por la libertad de expresión y en ningún momento se ha empleado el sistema penal contra periodistas o medios de comunicación a razón de su labor periodística. Al respecto, indicó que la condena por lavado de dinero en contra de José Rubén Zamora no se relaciona con el derecho a la libertad de expresión, sino que se trata de un ciudadano enfrentando la justicia por actos ilícitos comprobados en juicio. Además, el Estado resaltó que la sentencia en contra de Zamora es de primera instancia por lo que no se encuentra firme y aún existen recursos disponibles.
La CIDH y su RELE observan que el uso del derecho penal como una forma de represalia e intimidación contra periodistas y comunicadores que investigan asuntos de elevado interés público constituye un medio indirecto de censura. Al respecto, recuerdan que la utilización del poder del Estado y los mecanismos institucionales ordinarios con el objetivo de presionar, amenazar y castigar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas contraviene estándares internacionales sobre libertad de expresión. Como ha sido señalado anteriormente, “cuando la ley es utilizada con el propósito de eliminar o apaciguar la crítica o la disidencia, lo que existe es una persecución y no un intento legítimo por afianzar el Estado de Derecho”.
En relación con lo anterior, la CIDH y su RELE exhortan al Estado de Guatemala a adecuar sus prácticas internas a la jurisprudencia vigente en materia de libertad de expresión, y llaman a las autoridades judiciales competentes en lo sucesivo a resolver el caso de acuerdo con estos estándares internacionales de derechos humanos. Asimismo, de conformidad con sus pronunciamientos anteriores y las recomendaciones señaladas en el último informe anual de la CIDH sobre Guatemala, la CIDH llama al Estado a abstenerse de utilizar procesos penales contra periodistas y/o medios de comunicación que puedan generar impactos negativos sobre la deliberación de información de interés público.
Finalmente, la CIDH reitera su disposición, por medio de su RELE, de realizar una visita in situ de supervisión de las medidas cautelares a favor del Sr. Zamora.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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