La policía lo mató y la fiscal los encubrió Libertadbajopalabra.com

Mussio Cárdenas Arellano / Fueron los golpes, el asedio y la saña, la esencia criminal de la policía de Veracruz, captada en un relato de muerte que la víctima, en el último aliento, logró grabar y enviar a un amigo antes de morir.

“Márcame wey, en cuanto escuches este audio, wey —imploraba el joven, de identidad reservada—. Y si no, búscame en San José —cuartel de San José, donde la policía remite a los inocentes que luego aparecen muertos por “causas naturales”.

“Y si no, wey, búscame en otro lado porque, hijos de su puta madre wey, estos oficiales, cabrón, andan pegándome desde hace rato, wey.

“Me andan correteando y pegando y correteando y pegando. Me les escapé cabrón, la neta”.

Y el relato estalló:

“Estos vatos se pasaron de verga y me golpearon y me pegaron una verguiza, pero no hay pedo, es lo de menos. Pero estos vatos dijeron que me querían secuestrar”.

Y cinco horas después, aquel 12 de diciembre de 2020, hace dos años y medio ya, el cuerpo apareció sobre las calles de Xalapa. Aún vivía. Se le trasladó al Hospital Vital donde falleció.

Fue la policía criminal pero también la omisión de una fiscal de atención temprana que no actuó. Y la omisión de una Fiscalía que dejó que el tiempo disolviera la evidencia, que en dos semanas no recogió imágenes en los sistemas de videovigilancia porque el truco es que los rastros se los lleve la tormenta. Y que el disco duro del equipo de cómputo borre las escenas en forma automática. Y que no se pueda establecer qué patrulla participó, su número de control, la identidad de los policías asesinos.

Y hoy, en mayo de 2023, vuelven a ser la fiscal Verónica Hernández Giadáns y el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, los dispensadores de impunidad, desdeñando la ley, atropellando la justicia, rechazando por enésima ocasión una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque se trata de abuso —y crimen— policial.

La trama es de un sadismo brutal y de una omisión condenable, cuando se funden el perfil criminal de la policía y la complicidad del órgano destinado a procurar justicia.

En la recomendación 09/2023, la Comisión Estatal de Derechos Humanos consigna el relato del padre del joven agredido y muerto por la Policía Estatal y en ella se acreditan omisiones graves desde que se reportó la desaparición y asesinato.

Los padres acusan a la fiscal Priscila Nathaly Santiago Ramón por no dar celeridad a las diligencias y al asesor jurídico de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, Pablo Solís, y a su superior, Miriam Robles Pensado, así como a la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

En la recomendación, la CEDH estableció responsabilidad de la Fiscalía de Veracruz por no terminar de integrar las carpetas de investigación a dos años y medio de la agresión a la víctima, pero señaló no tener elementos para establecer acciones contra la SSP y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.

Aquel 11 de diciembre, el joven y algunos amigos en el 40/20, en Plaza Xanat. Se retiró a eso de la una de la mañana. Sus amigos fueron. Intentó tomar un taxi pero nadie le dio el servicio. Decidió caminar para llegar a su hogar.

De sus últimos momentos de vida da cuenta el mensaje de voz que envió a un amigo, no identificado en información del portal Al Calor Político. De acuerdo con la relatoría del padre, la golpiza habría ocurrido a las 2:30 y las 2:36 de la madrugada, el 12 de diciembre.

En el audio, la víctima señala a policías estatales. Dice no haber visto el número de patrulla. Habla de persecución, golpes y la intimidación que más lo preocupó: un posible secuestro.

Lo que describe es sadismo policial. “Estos oficiales, cabrón, andan pegándome desde hace rato, wey. Me andan correteando y pegando y correteando y pegando”.

Y lo más crítico:

“Estos vatos se pasaron de verga y me golpearon y me pegaron una verguiza, pero no hay pedo, es lo de menos. Pero estos vatos dijeron que me querían secuestrar”.

El ataque ocurrió en la colonia Tabasco, sobre la calle Gregorio López y Fuentes, entre Paraíso y Samaria, en Xalapa.

Fue hallado a las 7 de la mañana. Se le trasladó al Hospital Vital. Presentaba traumatismo craneoencefálico que a la postre la quitó la vida.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos inició una investigación bajo el expediente DAV-0082/202111. En él se establece que la fiscal Priscila Nathaly Santiago Ramón no mostró “avances significativos en la integración de la carpeta de investigación, mostrando con ello la falta de debida diligencia con su actuar”.

El padre de la víctima relató a la CEDH que solicitó realizar diligencias a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas pero la respuesta fue insólita: “me dijeron que no harían las diligencias que yo había solicitado porque no las consideraba pertinentes y que ellos no trabajaban así, a lo que le comenté de nuevo que me lo fundara y motivara y que yo vería qué recursos legales tendría a mi alcance (…); lo anterior, junto a mi esposa, nos hizo sentir intimidados, regañados y sobajados por estos funcionarios”.

El encubrimiento a los policías criminales es burdo. La Fiscalía dejó pasar dos semanas para solicitar imágenes de los sistemas de videovigilancia, que contendrían imágenes para establecer el número de patrulla y, por consiguiente, la identidad de los elementos agresores. Cuando lo hizo, ya era tarde.

No es la primera vez que el desgobierno de Cuitláhuac García lo hace, vía la fiscal espuria, Verónica Hernández Giadáns, que acata sin chistar la línea de palacio.

Con las manos manchadas de sangre, mandaron al diablo la recomendación 88/2023, del 31 de enero de este año, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que halló conductas contrarias a derecho por parte de la policía ministerial cuando irrumpió en la bodega propiedad del empresario José Antonio May González, en Río Blanco, el 19 de junio de 2021, golpeando salvajemente a los empleados, sembrándoles droga, acusándolos de ultrajes a la autoridad.

Los esbirros de la fiscal Verónica Hernández Giadáns destruyeron las cámaras de videovigilancia y el sistema de cómputo, pero no detectaron una cámara más, que registró la tortura, las amenazas y hasta la presencia del titular estatal de la Unidad Antisecuestro.

La CNDH recomendó deslindar responsabilidades pero Cuitláhuac García se negó. Adujo que en el lugar se halló mercancía robada. Pues no. Así fuera cierto, los ministeriales allanaron el lugar sin orden judicial, ejercieron tortura, lanzaron amenazas y destruyeron evidencia legal.

El fondo es político. José Antonio May apoyó la campaña de Morena en 2018 pero se negó a hacerlo en 2021. A partir de ahí llegó el asedio, la presión, el conflicto.

Otra: la aprehensión ilegal, tortura, agresión sexual, violación contra Yuly “N”, a quien le imputaron el crimen de Guadalupe Martínez Aguilar, rectora de la Universidad Valladolid. Sus verdugos fueron los agentes ministeriales enviados a la Ciudad de México.

El fallo 51 VG/2022 de la CNDH acreditó la conducta criminal de los policías ministeriales, pero el gobernador Cuitláhuac García se negó a aceptarlo.

Yuli “N” fue condenada a 60 de cárcel por un crimen que no cometió ni planeó. Se hallaba a 500 kilómetros, en la Ciudad de México.

Y algo peor: la hija de la rectora señala que la autora intelectual del crimen fue la hermana de su mamá.

Cuitláhuac, Cisneros y la fiscal encubren a la Policía. Y a la Fuerza Civil. Y hay un manto de impunidad ante los múltiples atropellos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

Y si los policías arremeten contra ciudadanos inocentes, hay silencio. Y si asesinan menores de edad en Amatlán, hay silencio. Y si abusan de la fuerza al realizar desalojos y liberar carreteras, hay impunidad. Y si golpean periodistas, hay complacencia.

El sicariato policial tiene licencia para matar inocentes. Y para sembrarles droga. Y para fabricar delitos. Y para atestar las cárceles de Veracruz con culpables que no lo son.

Y Cuitláhuac es el delincuente mayor.

En el Veracruz de Cuitláhuac, la policía tiene licencia criminal. Asedia, agrede, tortura, incrimina, asfixia a sus víctimas y las muele a golpes. Si se trata de delincuentes, los respeta. Pero si son inocentes, les arranca la vida.

Y si alguien los tiene que encubrir, es la fiscal espuria, Verónica Hernández Giadáns.

Archivo muerto

Para el hijo del alcalde, justicia y gracia y, sobre todo, complicidad, así provoque un accidente y deje parapléjico a un joven. Noé Castillo Gamboa, alias “El Chacha”, impactó la noche del 2 de mayo su camioneta Renault contra el taxi 326 de Agua Dulce. Ángel Gómez Javier, quien viajaba en la unidad de alquiler, recibió un golpe brutal. En estado crítico se le trasladó a la clínica de Pemex en Agua Dulce y de ahí al Hospital de Concentración de Petróleos Mexicanos, en Minatitlán. Ángel Gómez Javier no mueve los brazos ni las piernas, ni un sólo dedo del cuerpo. Por momentos está consciente. Sólo puede hablar y escuchar. Tácitamente está parapléjico. Aquella noche su vida cambió. Y la de su familia también. Se volvió un drama. Aquella noche, los hidrómilos vieron para qué sirve la Cuarta Transformación de la Impunidad. Noé Castillo Gamboa, “El Chacha”, hijo del alcalde morenista, Noé Castillo Olvera, protegido de Rocío Nahle, fue encubierto por el delegado de Tránsito, Job Salazar, y por la Policía estatal de Veracruz. El junior no fue puesto a disposición de la autoridad judicial. No se le practicó la prueba del alcoholímetro. El delegado de Tránsito abordó a la familia para preguntarles “cómo se iban a arreglar” con el causante de la tragedia. Lo mandaron al diablo. La Fiscalía local nada hizo hasta que los hechos trascendieron. Uno de los medios que detonó la gravedad del caso fue Sureste Sur; otro, Multimedios Radio. Enfatizaron el silencio miserable de la prensa, las dádivas del alcalde Noé Castillo, vía publicidad o chayote, generando una cortina, la complicidad de los periodistas que callaron. Sacudidas las redes sociales, vino una oleada informativa, señalando la impunidad en que se mueve el hijo del presidente municipal morenista, Noé Castillo Olvera. Pero el caso da para más. Las diligencias realizadas por la Fiscalía de Veracruz, tardías y a regañadientes, dejan claro cómo el delegado de Tránsito y Seguridad Pública de Veracruz permitieron que el causante del accidente, Noé Castillo Gamboa, pudiera andar libre, como actualmente está, pese a que existen videos que lo muestran tambaleante luego del siniestro, auxiliado por una mujer. Todas las informaciones afirman que se hallaba bajo los influjos del alcohol y “presuntamente” —así lo difundieron— de alguna droga. Mientras, Ángel Gómez Javier lucha por su vida en el Hospital de Pemex en la Ciudad de México… Cuando el ejido se harta, la tierra hierve. Indignados, los oriundos de Colorado, ejido bravo, se la cantaron al alcalde Amado Cruz Malpica. ¿No hay obras? Hay repudio. Retuvieron un vehículo asignado al DIF de Coatzacoalcos —del DIF donde doña Esther Mortera, esposa del edil, tiene su propio caos— y le encadenaron dos ruedas para evitar que fuera recuperado. Y los demonios comenzaron a danzar. La agente municipal, Lucy Jiménez González, le leyó la cartilla en redes sociales, el 9 de mayo: en 2022, ni una obra pública en Colorado; en 2023, igual; cuando le reclamaron al secretario de Gobierno, Andrés Rosaldo, la falta de apoyos, obras, empleo temporal, agua para las necesidades mínimas y una explicación por los festejos de Día de las Madres programado para realizarse en otro lugar, no en Colorado, ni apoyo para el evento del Día del Niño, la quiso torear prometiéndoles un diálogo que nunca llegó. Y la bilis se derramó. “Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, le espetó Lucy Jiménez. Hará cuanto sea —dijo— para que las obras y los apoyos lleguen. Y encadenaron el vehículo del DIF. La respuesta de Amado Cruz Malpica fue insólita. Primero, su indignación —“me parece que retener un vehículo de ellos (el DIF) es un acto reprobable”; luego, la amenaza de proceder por la vía legal. Pierde el piso Amado Cruz. Los olvidados tienen el derecho a rebelarse. Los abandonados tienen derecho a actuar. Los amenazados tienen derecho a increpar. ¿Va a encarcelar a la agente municipal de Colorado? Amado, el represor, juega con fuego. Una chispa y el pueblo se le comienza a incendiar… Cutberto Sánchez García ya la hizo. Es director de Alumbrado municipal y, en su momento, representante de una empresa contratista. Wow. El amigo Cutberto salió audaz. Venía de ser subdirector y luego director de Alumbrado Público Municipal en el ayuntamiento de Víctor Manuel Carranza Rosaldo, y un día, justamente el 20 de agosto de 2022, ya con Amado Cruz Malpica, su firma apareció recibiendo la notificación para la contratista Andrea del Carmen Cinta Ortiz, a la cual por invitación directa la Dirección de Obras Públicas de Coatzacoalcos le otorgó el contrato FISMDF-014/22 para realizar la rehabilitación del sistema de agua potable en la calle Ferrocarril, entre Geranios y Margaritas, y Geranios, entre Ferrocarril y 20 de Noviembre, en la colonia Adolfo López Mateos, con un monto de 500 mil pesos. El enredo huele conflicto de interés. ¿En calidad de qué Cutberto Sánchez estampó su firma en la notificación de adjudicación del contrato: socio, empleado o ex funcionario municipal? Cercano al alcalde Amado Cruz Malpica, perredista convertido a la secta pejista, Cutberto Sánchez es hoy, de nuevo, director de Alumbrado, sustituyendo a Reyna Gordillo, una más de las fanáticas del nepotismo tan común en Morena, el mal que aqueja a Amado y la familia Mortera, la parentela de su esposa Esther…