Riot Games paga 100 millones a más de 1500 mujeres que denunciaron discriminación de género Vandal

Más de 1500 trabajadoras y extrabajadoras de Riot Games han recibido compensaciones de entre 2000 y 40.
000 dólares para evitar una demanda colectiva por discriminación de género.
Un total de 1548 trabajadoras o extrabajadoras de Riot Games han recibido una compensación económica tras denunciar discriminación de género en el entorno laboral, según leemos en Axios.
Este acuerdo ha costado a la compañía de League of Legends alrededor de los 100 millones de dólares estadounidenses, aunque no todas las personas han recibido la misma cantidad de dinero.
Las compensaciones iniciales propuestas por Riot Games fluctuaban entre los 2500 y los 5000 dólares, aunque podían ascender hasta los 40.
000 dólares en casos concretos.
La idea con la que la compañía ha realizado estos pagos es la de evitar que estas mujeres denunciasen conjuntamente los casos de discriminación sexual, algo que al parecer les ha funcionado: sólo siete personas han rechazado el acuerdo.
Riot Games y el escándalo de su 'cultura sexista'Aunque los detalles del acuerdo sí son nuevos, la existencia del mismo no lo es tanto: llevamos oyendo hablar de esta millonaria compensación desde finales de 2021, cuando Riot Games propuso el pago inicialmente.
Meses después supimos que más de 1000 mujeres se podrían beneficiar del acuerdo, y en ese momento supimos que los representantes legales de las demandantes lo consideraban "un gran día para las mujeres de Riot Games, y para las mujeres de todas las empresas de videojuegos y tecnología que merecen un lugar de trabajo libre de acoso y discriminación".
El origen de esta demanda colectiva se remonta a 2018, cuando Kotaku publicó un artículo titulado "dentro de la cultura sexista en Riot Games" con varias entrevistas a varias mujeres que fueron rechazadas durante el proceso de contratación.
Desde entonces no sólo se ha avanzado en el proceso a nivel legal, sino que la propia compañía ha realizado cambios en su política de contratación (que durante años ha pasado a estar supervisada por terceros) y en la transparencia de los salarios, que también era motivo de queja.