Comisiones en Senado se declaran en sesión permanente para discutir Ley Minera Milenio

Comisiones unidas de Minería y Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos, Segunda se declaró en sesión permanente para discutir las leyes Minera, de Aguas Nacionales, del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que busca reducir la vigencia de las concesiones mineras y endurecer las condiciones para otorgarlas.
A unos días de que concluya el periodo ordinario del Senado, los legisladores trabajan a destajo para sacar los temas pendientes, pues hasta ahora sólo se prevén dos sesiones en esta semana; una este martes y otra el próximo jueves.
Napoleón Gómez Urrutia, senador de Morena y líder minero, manifestó su molestia con la oposición por no querer votar en este momento las leyes y pedir que se realice un parlamento abierto y después discutirla, “¿cuántas tragedias más tienen que pasar para que se aprueben? El viernes que lo aprobaron los diputados sucedió otra tragedia en Zacatecas”.
Sin embargo, por mayoría se aprobó declarar un receso y en las próximas horas se efectuará una nueva convocatoria para seguir la discusión.
Antes, el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera destacó que hay varias deficiencias legislativas en la redacción y estructura de las leyes.
“Se va a sancionar con una pena de cinco a 10 años a quien extraiga minerales o substancias, sujetas a la aplicación de la ley sin ser el titular.
No sé si también los trabajadores, lo que quiero hacer referencia es que van a encontrar lo que en derecho penal se conoce como tipo penal en blanco.
Segunda, enajene o trafique de cualquier manera eso la Suprema Corte lo ha dicho, una y otra vez, que es una ley en blanco, no se puede establecer cuando señalas un delito de cualquier manera, porque es dejar abierto un tipo penal a cualquier cierre capricho de cualquier autoridad”, subrayó.
El senador del PAN, Damián Zepeda dijo que es poco responsable que los legisladores quieran aprobar el dictamen que apenas les llegó para analizar y discutir.
“La mayoría simple siempre la van a tener, no está en duda, pero podemos hacer un trabajo serio y procesional y escuchar.
Entiendo que la van a votar ya, pero más allá de la simpatía política somos otro poder y es indebido el trato”, expuso.
Enseguida, el senador de Morena y líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, interrumpió al panista para rechazar sus dichos; por lo que los presidentes de las comisiones unidas, tuvieron que intervenir y llamar al orden: “no hay diálogo”.
El emecista, Noé Castañón comentó que aunque sus compañeros diputados aprobaron las leyes, en el Senado no respaldan las propuestas, por lo que insistieron en que se debe realizar un parlamento abierto para corregir las deficiencias.
Por otra parte, el pevemista Raúl Bolaños expuso que “creo que una minuta tan importante, en un tema tan transcendental requiere de un poco más de análisis y no digo que nos vayamos al próximo periodo legislativo, sino que simplemente no lo hagamos de esta manera tan apresurada.
“Creo que estaríamos en condiciones y le solicitaría a los presidentes declarar un receso y declararnos en comisión permanente para poder construir, a través del diálogo, con los comentarios de nuestras compañeras legisladoras y legisladores, incluso analizar la posibilidad de incorporarlos en la exposición de motivos de dicha minuta”, propuso.
Al tomar la palabra, el senador Gómez Urrutia dijo que desde hace 31 años no se había modificado la ley, por lo que esta reforma es trascendental.
“Estamos en un camino correcto la iniciativa presidencial tenía algunos aspectos fundamentales.
Creo que es muy importe que esa ley sea aprobada, un 60, 70 por ciento de la iniciativa es positiva.
Creo que en lo general es una ley que podemos aprobar, pero sólo hay que cuidar varios aspectos, y quiero hacer una propuesta.
Creo que esa ley se elaboró con base en consultas de grandes empresas nada más, del sector privado nacional y extranjero, no se consultó a los pequeños y medianos empresarios, no se consultó con las comunidades, y mucho menos con los afectados, con el Sindicato Nacional que yo representé”, indicó.
Mencionó que aunque se establecen algunas sanciones, como convertir en delito penal a aquellos que provoquen daños a los trabajadores por falta de seguridad, “habrá que revisar todavía ampliar y modificar todavía esta ley”.
También, propuso que en septiembre próximo, cuando inicie el último año legislativo, se pueda hacer un parlamento abierto para que se discutan los temas pendientes.
Su compañero de bancada, José Narro, destacó que esta es una de las reformas más relevantes que se han llevado a cabo en el país, “la propuesta, como se aprobó de la Cámara de Diputaos, tiene avances sustantivos, pero siento que el tema del agua quedó excluido en la actividad minera.
Yo, en lo general, creo que los avances lo que celebró la Cámara de Diputados es importante que lo ratifiquemos en el Senado, pero hay que dejar apuntado los pendientes, lo que fue excluido de alguna forma porque debe ser parte de una nueva discusión”.
La coordinadora del PT y presidenta de la Comisión de Minería, Geovanna Bañuelos, mencionó algunas de las propuestas de la ley, como que el periodo de licitaciones se reduce de 50 a 30 años, pero da la posibilidad una prórroga por 25 años más.
Algunas propuestas son: recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos que se encuentran en el subsuelo mexicano y que son del dominio directo de la nación, regular el otorgamiento, mantenimiento, supervisión y terminación de las concesiones mineras y de agua para minería, castigar la inactividad o la especulación con la cancelación de la concesión si trascurren dos años sin que se reporten trabajos en mina y considera el reúso del agua.
Además, no se otorgarán concesiones mineras en Áreas Naturales Protegidas, se crea el Programa de Restauración, Cierre y Post-cierre y la Gestión de los Residuos Mineros y Metalúrgicos; prevé el cierre de las minas en casos de riesgo eminente de desequilibrio ecológico, contaminación o repercusiones peligrosas para los ecosistemas y la salud pública y establece una contraprestación a los pueblos y comunidades ubicados en las zonas mineras de al menos el cinco por ciento de las utilidades obtenidas por la actividad realizada.
LP