De las calles a la Corte Excelsior

Tras la numerosa manifestación llevada a cabo el domingo 13 de noviembre del año pasado, convocada por la oposición así como por organismos de la llamada sociedad civil y replicada en varias ciudades del país para protestar por la Reforma Electoral del Ejecutivo, esta semana, los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática han acudido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el fin de presentar tres acciones de inconstitucionalidad, una por cada partido político, contra la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que forman parte del llamado “plan B” del presidente López Obrador en materia electoral, las cuales han sido avaladas por la mayoría morenista y sus aliados en el Congreso.
Bajo la consigna de que el máximo órgano del Poder Judicial de la Federación haga valer “el respeto a la ley y la supremacía constitucional” y que no se abuse del cargo presidencial, los líderes de la oposición externaron su confianza de que con la elección de la ministra Norma Piña Hernández como presidenta de la Suprema Corte se recupere la independencia de ese poder y que el pleno de los ministros se comporte con “estricto respeto a la Carta Magna”.
Lo interesante del caso es que no serán las únicas acciones que se presentarán ante el máximo órgano judicial del país, ya que en breve lo harán las coordinaciones partidistas de oposición tanto en la Cámara de Diputados como de los alcaldes afectados por dichas reformas.
Y es que lo que se busca con los cambios a las llamadas leyes secundarias en la materia es que los servidores públicos puedan hacer difusión, contratar publicidad sin que los órganos electorales —federal o estatales— o el propio Tribunal puedan sancionarlos.
Lo que las reformas pretenden abiertamente es quitarle de las manos al Instituto Nacional Electoral la posibilidad de sancionar y dictar las medidas precautorias para evitar que los alcaldes realicen desde sus cargos actos de propaganda, incluso el mismo día de la elección, en favor de sus corcholatas; nada más y nada menos.
Resulta contradictorio y hasta cínico que quienes en el pasado (hace más de 15 años) eran oposición, hoy “den marcha atrás” a sus convicciones democráticas y desde el poder pretendan favorecer aquellas conductas que antes rechazaban y que llevaron a “ciudadanizar” los organismos electorales del país.
Gracias a dichos cambios logrados por la tenacidad y congruencia, en aquel entonces, de sus líderes, muchos de esos políticos hoy ostentan representatividad legítima obtenida en las urnas.
Hasta dónde llega el “timo electoral” a los ciudadanos que hoy los líderes morenistas llaman al plan B del presidente “filosofía política”.
MATAR A LA “GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO”De todos es conocido que en Cancún han prevalecido las “organizaciones mafiosas” de taxistas que durante años operaron prácticamente sin competencia y que han sido un “activo político” en tiempos electorales.
De hecho, se sabe que varios políticos son “dueños” de flotillas tanto de vehículos como de las codiciadas placas para operar en ese importante destino turístico.
Hoy, fuera de control, se han convertido en una amenaza tanto para los actuales gobernantes de los tres niveles, así como para los empresarios que han invertido en el sector turístico como hoteleros, restauranteros, prestadores de servicios y miles de sus trabajadores.
El hecho es que, en las últimas horas, el gobierno de Estados Unidos ha emitido una alerta para sus ciudadanos que pretenden viajar a Quintana Roo, derivado de las continuas agresiones que han propinado taxistas a operadores de Uber y turistas.
Todo se deriva de la decisión, la semana pasada, del Poder Judicial Federal de otorgar un amparo para que Uber pueda ofrecer sus servicios en la entidad, proceso que se llevó tres años.
Menudo problema a resolver por parte, tanto del gobierno federal como de la administración estatal.
Columnista: Martín EspinosaImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0