PRI busca "blindar" elecciones contra el crimen organizado Milenio

Con el fin de impedir un narco Estado en Mxico y blindar los procesos electorales contra la intervencin del crimen organizado, el lder parlamentario del PRI en la Cmara de Diputados, Rubn Moreira, present una iniciativa de reformas constitucionales para establecer la disolucin de municipios y la prdida de registro de partidos polticos en caso de comprobarse la injerencia de organizaciones delictivas.
El proyecto prev asimismo la suspensin de los procesos electorales en caso de homicidio de algn candidato y la imposicin de una pena de 15 a 30 aos de crcel a quien, por accin u omisin, permita la participacin del crimen organizado en las elecciones.
Las modificaciones a los artculos 19, 34, 41 y 115 de la Constitucin Poltica obligaran a los partidos polticos a pronunciarse contra el narcotrfico, tanto en campaas como en sus documentos bsicos, mientras los candidatos tendran prohibido hacer apologa del crimen.
?Es momento de lanzar un mensaje duro contra el narcotrfico.
Tenemos que impedir un posible narco Estado?, puntualiz Moreira, y advirti que, de no hacer nada, el narco se quedar pronto con el poder poltico en diversas zonas del pas.
Urgi por ello a esclarecer el origen el financiamiento de las campaas y castigar la intervencin del narcotrfico.
Ante el clima de inseguridad y frente a los hechos delictivos contra aspirantes y candidatos, el legislador coahuilense propuso la creacin del Comisionado Electoral y el Observatorio Electoral dependientes del INE para proteger los procesos electorales en todas sus etapas y asegurar el voto libre sin la injerencia de grupos delincuenciales.
Al Comisionado Electoral le correspondera ordenar medidas de vigilancia preventiva y de proteccin a candidatas y candidatos a cargos de eleccin popular, as como a sus familias, adems de elaborar protocolos de actuacin en materia de investigacin y persecucin de la posible filtracin del crimen organizado en procesos electorales.
El Observatorio Electoral investigara lo relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de indicios de injerencia del crimen, al tiempo de regular la propaganda y la disposicin de los partidos como instituciones pblicas para enfrentar la presencia del crimen organizado en las contiendas polticas.
El coordinador de la bancada priista en el Palacio de San Lzaro subray que en el proceso electoral de 2018 se registraron 774 hechos delictivos contra polticos y candidatos, con un saldo de 152 muertos, de los cuales 48 eran aspirantes y candidatos a puestos de eleccin.
En 2021 se contabilizaron a su vez mil 66 ataques a polticos, lo que representa un incremento de 38 por ciento en comparacin con el proceso electoral inmediato anterior.
LG