Plan B electoral y mariguana recreativa, prioridades del Senado; Agenda Legislativa 2023 Excelsior

Héctor Figueroa La mariguana para uso recreativo y concluir las adecuaciones al plan B de la reforma electoral serán los temas prioritarios en la Cámara de Senadores al inicio de 2023, de acuerdo con la agenda legislativa pendiente para este nuevo año.
A finales de 2022, las únicas normas que fueron aprobadas en su totalidad, en una primera minuta, por la Cámara de Diputados y el Senado, en lo concerniente al plan B de la reforma electoral, fueron la Ley General de Comunicación Social, y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Mientras que la minuta que contiene reformas a las leyes: General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe); la General de Partidos Políticos; y Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como la minuta que expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, fue regresada al Senado para su aprobación, con los cambios hechos en San Lázaro.
Por tanto, esta segunda minuta deberá ser avalada en los mismos términos en el Senado en el periodo ordinario de sesiones que inicia en febrero próximo.
El otro gran pendiente desde septiembre de 2020, que deberá de discutir y en su caso aprobar el Senado, por mandato de la Suprema Corte de Justicia es la mariguana para uso recreativo.
La Cámara de Diputados, había modificado el 10 de marzo de 2021 la minuta de la ley que regulaba el cannabis para uso lúdico que había sido aprobada por el Senado en noviembre de 2020; los cambios hechos en San Lázaro no gustaron del todo a los senadores.
La legislación avalada por los diputados permitiría la posesión, no de 5 gramos de mariguana por persona, como ya se permite, sino de 28 gramos, así como la formación de clubes cannábicos de hasta 20 integrantes, mayores de 18 años, para consumir la hierba de forma colectiva, pero no en lugares públicos.
  PRIMERA ETAPA DEL PLAN B   El pasado 28 de febrero, el gobierno federal publicó el decreto por el que se reforma la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que establece que “no constituyen propaganda gubernamental las manifestaciones de las personas servidoras públicas que realicen en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas”.
El documento, publicado en el del Diario Oficial de la Federación (DOF) establece lineamientos para la contratación de Campañas de Comunicación, fija topes de austeridad para las campañas de difusión de los tres niveles de gobierno.
El límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, en su conjunto, no debe rebasar el 0.
1 por ciento del Presupuesto de Egresos Anual correspondiente”, apunta el decreto.
Además, prohíbe a servidores públicos e instituciones de gobierno pagar campañas o anuncios espectaculares utilizando recursos públicos para promover la imagen de una autoridad en funciones.
Queda prohibido difundir campañas de comunicación social cuyo contenido tenga por finalidad destacar, de manera personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier persona servidora pública; (Que) induzca a la confusión utilizando los símbolos, ideas, expresiones, diseños o imágenes empleadas por cualquier organización política o social; presente como información con fines periodísticos menciones, notas, entrevistas o imágenes pagadas con recursos públicos, y se dirija a influir en la competencia entre los partidos políticos, o personas precandidatas o candidatas, en periodo electoral y no electoral”, señala el ordenamiento.
 Lo PENDIENTE  En la última semana de diciembre, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, señaló que el llamado plan B de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, se terminará de aprobar hasta febrero del próximo año.
Lo anterior, porque la Cámara de Diputados modificó una de las dos minutas que conformaban el plan B electoral, pues de último momento el 15 de diciembre, el Partido Verde aceptó retirar la cláusula de “vida eterna” para los partidos minoritarios, ya que hubiera permitido que los partidos más grandes les transfirieran votos para mantener su registro.
Esto luego de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que de aprobarse la reforma con esa cláusula, la vetaría.
El párrafo eliminado se encontraba en el numeral 2 del artículo12 de la Ley General de Procedimientos y electorales, y señalaba: Los partidos políticos podrán postular candidatos bajo la figura de candidatura común.
En este caso aparecerá en un mismo recuadro de la boleta electoral el logo o emblema de los partidos que decidan participar en esta modalidad.
Los partidos deberán celebrar un convenio de distribución de los votos emitidos”.
Esta cláusula es la que ahora debe suprimir el Senado.
Referente a los fideicomisos del INE, el plan B de la reforma electoral establece extinguirlos, bajo el argumento de que estos fondos fueron constituidos para retener recursos públicos y destinarlos a los funcionarios del instituto.
También, ambas cámaras aprobaron mantener los “guardaditos” a los partidos, es decir que el dinero que no ejerzan los partidos políticos en un año, en lugar de regresarlo a la Tesorería de la Federación, lo podrán guardar para usarlo en años posteriores.
 Se desaparece el Programa de Resultados electorales Preliminares (PREP), y ahora, los cómputos oficiales de las elecciones iniciarán el mismo día de la elección y se hacen adecuaciones al calendario electoral.
 Asimismo, se restringe la facultad de interpretación y sanción de autoridades electorales del INE a partidos políticos y candidatos que no reporten en tiempo y forma sus gastos de campaña o incurran en faltas administrativas durante sus campañas.
 A CONTROVERSIA Las dirigencias nacionales del PAN, PRI y PRD reconocieron que el plan B de la reforma electoral “no es un capítulo cerrado” por lo cual se presentarán acciones de inconstitucionalidad en este mes de enero de 2023, pues se atenta desde el legislativo contra la autonomía del INE para determinar sus actividades y esquemas operativos.
 MARIGUANA, EL DILEMA Desde finales de 2020, hace más de dos años, el Senado y la Cámara de Diputados no se han podido poner de acuerdo para aprobar en los mismos términos la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, que consta de 55 artículos.
El 8 de abril de 2021, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal, tomó la decisión de postergar la discusión sobre reformas a la Ley General de Salud y a la norma para el uso lúdico de la mariguana, dejando el tema para un mejor momento, el cual hasta ahora no ha llegado.
 La Cámara de Diputados, previamente, había modificado el 10 de marzo de 2021, la minuta de la ley que regulaba el cannabis para uso lúdico, la cual había sido aprobada por el Senado en noviembre de 2020; los cambios en San Lázaro no gustaron del todo a los senadores.
La legislación avalada por los diputados permitiría la posesión, no de 5 gramos de mariguana por persona, como ya se establece, sino de 28 gramos, así como la formación de clubes cannábicos de hasta 20 integrantes mayores de 18 años para consumir la hierba de forma colectiva, pero no en lugares públicos.
 La ley aprobada en marzo de 2021 en San Lázaro y enviada al Senado como minuta, se mantiene congelada por la Cámara Alta hasta la fecha.
 SCJN URGE A LEGISLAR El 28 de junio de 2021, la Suprema Corte aprobó una declaratoria de inconstitucionalidad para invalidar cinco artículos de la Ley General de Salud que prohibían el consumo lúdico de la mariguana en la normatividad existente hasta ahora.
A finales de 2022, el senador Ricardo Monreal recordó que el Senado había aprobado una ley de mariguana a finales de 2020, pero la Cámara de Diputados “la modificó”, por lo que deberá discutirse nuevamente en el Senado.
  Cabe recordar que si bien el Senado emitió un dictamen, cuando pasó a la Cámara de Diputados hubo algunas modificaciones que evitaron al final su aval en la cámara alta.
Entre los puntos a analizar está el tema de la comercialización y la regulación del cáñamo industrial.
 El 10 de marzo de 2021 la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados enmendó la minuta del Senado sobre la mariguana para uso lúdico y elevó hasta 28 gramos la cantidad permitida que cada persona puede portar sin temor de ser detenida.
 ¿Esto es lo que quieren? ¿Un viaje de cuatro días?”, planteó la diputada del PRI, Cynthia López Castro, al señalar que la liberalización de la mariguana no debería llegar a tal grado.
 Asimismo, ya no se creará un instituto regulador del cannabis, sino que sus funciones serán asumidas por la Comisión Nacional contra las Adicciones, que depende de la Secretaría de Salud.
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