El Supremo brasileño suspende cautelar que vetaba reportaje crítico a Bolsonaro Infobae
Río de Janeiro, 23 sep. La Corte Suprema de Brasil suspendió este viernes la decisión de un tribunal que vetó unos reportajes sobre millonarios usos de dinero en efectivo por parte del presidente Jair Bolsonaro y su familia para la compra de 51 inmuebles, luego de que la restricción fuera tildada de censura.
La cautelar que ordenaba el portal de noticias UOL retirar los reportajes de internet fue dejada sin efectos por el magistrado André Mendonça, uno de los miembros del Supremo Tribunal Federal (STF), en respuesta a un recurso presentado por el medio de comunicación censurado.
"En el Estado Democrático de Derecho está garantizado a los brasileños de todos los espectros políticos-ideológicos el amplio ejercicio de la libertad de expresión. La restricción a ese libre ejercicio, bajo la modalidad de censura, no está amparada por la Constitución", afirmó el magistrado del Supremo en su sentencia y al reconocer que el veto configuraba una forma de censura.
La sentencia de la máxima corte fue anunciada en la noche de este viernes pocas horas después de que la cuestionada decisión del Tribunal de Justicia del Distrito Federal de Brasilia obligara a UOL a retirar los reportajes y generara críticas de diferentes organismos de defensa de la libertad de expresión.
La medida había sido ordenada por el juez Demetrius Gomes Cavalcanti, del Tribunal de Brasilia, en respuesta a un requerimiento del senador Flavio Bolsonaro, uno de los hijos del mandatario brasileño.
El juez justificó su decisión cautelar por "la proximidad del proceso electoral en el que el padre del peticionario se presenta a un cargo público de notoria expresividad y la continuidad de la difusión de los referidos asuntos traerá, no solo a los familiares sino también al candidato, perjuicios a su imagen y honra".
El jefe de Estado, líder de la ultraderecha brasileña, aspira a ser reelegido en las elecciones del 2 de octubre, pero los sondeos lo ubican en segundo lugar, con cerca del 33 % de la intención de voto, por detrás del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, favorito con cerca del 47 %.
La decisión judicial inicial censuró la publicación de investigaciones hechas por el portal y que revelaron el uso de dinero en efectivo por parte de Bolsonaro y de su familia en la adquisición de la mitad de su patrimonio.
Tras analizar 107 transacciones inmobiliarias realizadas por Bolsonaro, sus hijos, sus exesposas y sus hermanos desde 1990, el portal identificó que en 51 inmuebles las adquisiciones se habrían realizado total o parcialmente en efectivo.
De acuerdo con el reportaje, en la compra de esos inmuebles fueron usados 13,5 millones de reales (unos 2,6 millones de dólares) en dinero en efectivo, que en valores actualizados llegarían a 26,6 millones de reales (unos 5,1 millones de dólares).
El portal defiende que, aunque las transacciones en efectivo no son un delito, pueden tener como objetivo dificultar el rastreo de cantidades procedentes de fuentes ilegales.
La oposición, liderada por parlamentarios vinculados a Lula, pidió que la denuncia de UOL fuera investigada tanto por la Fiscalía como por el Congreso, lo que alimentó la campaña electoral del líder socialista, mientras que Bolsonaro se negó a aclarar las acusaciones.
El portal censurado presentó un recurso ante la Corte Suprema por considerar que la decisión del juez tan sólo buscaba impedir el debate político a una semana de los comicios presidenciales del 2 de octubre.
"La decisión viola precedentes establecidos en el ordenamiento jurídico brasileño y pretende sustraer del debate público, en vísperas de las elecciones, informaciones relevantes sobre el patrimonio de los agentes públicos", señaló la abogada de UOL, Mónica Filgueiras, citada por el portal.
Varias asociaciones de medios de comunicación expresaron su preocupación con la medida, pues ven censura en la misma.
La Asociación Nacional de Periódicos (ANJ) señaló que la medida sería "otro acto contra la libertad de prensa en Brasil" y estaría "privando a los ciudadanos del derecho a estar libremente informados".
En el mismo tono se manifestó la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación que afirmó que el poder judicial se está "extralimitando" con la decisión por "restringir" el debate e "impedir" que las personas tengan acceso a información.
