Madres y padres de los 43 protestan en el campo militar número 01 Pulso Informativo Guerrero

Texto: Jesús Saavedra

Fotografía: Manuel Espino / El Universal

Chilpancingo, Gro., 23 de septiembre de 2022.- El Comité de madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala en septiembre del 2014 y normalistas de Ayotzinapa, realizaron una protesta en el acceso al Campo Militar número 1 donde realizaron pintas, lanzaron petardos y piedras al interior de esa instalación militar, donde se desplegó un fuerte operativo de seguridad de policías de la Ciudad de México.

Este viernes dentro de la jornada nacional de lucha de ese Comité rumbo al octavo aniversario por la desaparición de sus hijos y donde se volvieron a registrar hechos de violencia, que el presidente, Andrés Manuel López Obrador había pedido se evitarán unas horas antes de esos hechos.

Los padres y normalistas llegaron a las instalaciones del Campo Militar antes del mediodía, en donde se había desplegado un fuerte operativo policial, por el antecedente de las manifestaciones el miércoles en la embajada de Israel y el jueves en la FGR, donde realizaron pintas y en el segundo caso lanzaron petardos y piedras hacia las instalaciones de esa instancia federal.

Al concluir el mitin de nueva cuenta, un grupo de normalistas arremetió contra las instalaciones militares, las cuales previamente habían pintado con spray en el acceso principal.

Al concluir el mitin se lanzaron petardos y piedras hacia el interior del cuartel militar, lo que obligó a los policías capitalinos a desalojar a los manifestantes con agua a presión y no pasaron a mayores las cosas.

En el mitin el abogado, Isidoro Vicario Aguilar hizo una relatoría de los abusos del Ejército en Guerrero, como la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, el abuso sexual de dos indígenas de Acatepec, las 11 personas asesinadas en El Charco, municipio de Ayutla y ahora la desaparición de los 43 normalistas, “si no tiene nada que ver la institución como el Ejército, deben de coadyuvar y detener a los militares señalados en el informe”.

La madre de un normalista desaparecido, Joaquina García Velázquez le pidió al Ejército que coopere con la investigación del caso, “pedimos que se comprometan con la justicia, no venimos armados, venimos en paz a pedir que se haga justicia y saber qué pasó con nuestros hijos y que se pongan en nuestros zapatos en la búsqueda de nuestros hijos”.

Don Mario César González Contreras, padre de un normalista desaparecido indicó que el Ejército manchó su historia con la desaparición de los 43 estudiantes, “son unos criminales y dejaron a uno de sus soldados morir, pudieron haber salvado a nuestros hijos si hubiesen aplicado el protocolo de búsqueda de su soldado infiltrado; son unos asesinos y cómplices de esta desaparición”.

Señaló que en el informe de la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa, hay evidencias que 25 estudiantes fueron ingresados a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería y otros 6 fueron asesinados por el comandante de ese Batallón.

También le pidió al presidente, Andrés Manuel López Obrador que “se ponga a trabajar, estos puercos asesinos siguen impunes y el Ejército sigue igual que en el sexenio de Enrique Peña Nieto”.

González Contreras, aseveró que los hechos de violencia en la FGR el jueves fueron un “acto de provocación” del jefe de la Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, al enviar a policías a “provocar una confrontación”.

El abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra manifestó que en las protestas a lo largo de estos 8 años “hemos innovado en este país en la forma de protestar, desde actos culturales, hasta la resistencia civil pacífica, no es un movimiento violento, hemos innovado en la forma de protestas contra el mal gobierno, contra las graves violaciones a los derechos humanos”.

Señaló que se expresan “de acuerdo a lo que estamos viviendo, ningún gobierno tiene derecho a cómo debemos protestar, eso es violatorio de la libre expresión; ningún gobierno le dirá al pueblo cómo deben protestar, si ellos cuando eran activistas sociales era la resistencia civil pacífica, se respeta”.

Rosales Sierra descartó que el Ejército sea pueblo uniformado, “es un Ejército de élites, no ha habido una transformación en su estructura y su visión contrainsurgente, que ve al alumno, a un campesino, a un luchador social como un enemigo que tiene que liquidar”.

Que por ello infiltraron con soldados a la normal de Ayotzinapa, “para ver qué hacen, a dónde van, porque sabe que ahí se formaron Lucio Cabañas, Othón Salazar, ven a un guerrillero en cada estudiante normalista; esa infiltración es ilícito, por eso debe haber una investigación contra el ex jefe del Ejército, Salvador Cienfuegos Zepeda, solo hay operaciones encubiertas si hay una investigación penal, interfirieron en una escuela pública, es ilegal realizar estas operaciones encubiertas y amerita cárcel para quienes lo autorizaron”.

Señaló que está comprobado que hay responsabilidad del Ejército en el caso, “se han negado a proporcionar el acervo probatorio de videos, fotografías y actuaciones de la noche del 26 de septiembre, ¿A qué le teme el Ejército?, ¿Por qué no aporta información?, ocultar esa información durante 8 años es criminal”.

Puntualizó que hay “prueba objetiva que 25 jóvenes fueron ingresados la noche del 26 de septiembre al 27 Batallón de Infantería, varios de ellos fueron asesinados ahí, otros más fueron torturados y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos; 6 normalistas más habrían sido asesinados por el coronel, José Rodríguez Pérez, son datos y elementos suficientes que nos obligan y nos dan la convicción que el Ejército tuvo una participación relevante en la desaparición de los 43 estudiantes”.

Pidió al presidente, Andrés Manuel López Obrador que como jefe de las fuerzas armadas ordene que haya “plena disposición que se abran todos los archivos, una investigación exhaustiva que lleve al final de la responsabilidad de mandos de la institución, exigimos a la jerarquía militar que haya transparencia total de las fuerzas armadas, su disposición a rendir cuentas ante las autoridades civiles, que sean los jueces quienes deslinden responsabilidades, pero no tenemos eso, tenemos un ejército que se niega a ser investigada, que rechaza los señalamientos en su contra”.